La soberanía nacional de España sufre actualmente un proceso de desmantelamiento sin precedentes históricos bajo la gestión entreguista y sumisa de Pedro Sánchez. Desde su acceso a la Moncloa, ejecuta una política exterior de sumisión absoluta ante las exigencias de Marruecos, transformando los vínculos bilaterales en un vasallaje humillante.
Esta entrega afecta de forma catastrófica a la integridad territorial, a la cohesión religiosa, cultural y educativa de la nación y, de manera fulminante, al sector primario español, el cual languidece mientras el mercado nacional asume una preocupante dependencia de España con Marruecos.
Una comparativa meticulosa de los registros económicos oficiales desvela el verdadero alcance de este expolio de la riqueza nacional. Al confrontar los cinco primeros meses del año 2018 con el mismo tramo del presente año, el desequilibrio comercial resulta escandaloso.
Los datos consolidados del portal Datacomex, perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, evidencian cómo las políticas de Sánchez sacrifican la viabilidad del tejido productivo nacional para favorecer exclusivamente el enriquecimiento de las estructuras corporativas de Marruecos.
El capítulo de las importaciones ilustra con total nitidez este proceso de sometimiento económico. En los cinco primeros meses de 2018, las compras de bienes a Marruecos implicaban un desembolso de 3.037 millones de euros, una cifra que asciende actualmente a la estratosférica cantidad de 4.851 millones de euros.
Este incremento del 59,73% demuestra que Sánchez prefiere inundar los comercios locales con género marroquí antes que el nacional. De hecho, y en contraposición, las ventas españolas hacia Marruecos crecieron en mucha menor medida, confirmando que Marruecos extrae un beneficio neto de esta asimetría impuesta por el sanchismo, aún cuando la calidad de los productos nacionales son claramente superiores.
El desglose sectorial de este intercambio de bienes destapa el asalto directo contra los agricultores y ganaderos de España.
Las importaciones procedentes de Marruecos son principalmente bienes de equipo (1.551 millones de euros), productos relacionados con la alimentación (1.430 millones de euros) y manufacturas de consumo (782 millones de euros).Mientras las normativas asfixian al campo español con exigencias burocráticas e impuestos ecologistas, Sánchez abre las puertas a toneladas de alimentos marroquíes que entran sin cumplir los mínimos requisitos fitosanitarios exigidos a los productores locales.
Esta competencia desleal, alentada desde el propio Consejo de Ministros, arruina miles de explotaciones agrícolas en Andalucía, Murcia y Valencia. El Gobierno de Sánchez entrega deliberadamente la despensa de los españoles a un competidor extranjero, destruyendo el sector primario nacional y privando a la población de su soberanía alimentaria.
Al mismo tiempo, las instituciones públicas subvencionan proyectos de modernización agraria en suelo alauita con dinero de los contribuyentes españoles, un agravio intolerable que condena a la quiebra al campo de nuestro país.
De esta forma, vemos que, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la dependencia de España respecto a Marruecos ha aumentado, Las estadísticas oficiales del sector desvelan un desequilibrio intolerable para el tejido productivo español.
El valor monetario de las mercancías que España adquiere en el mercado marroquí supera con creces el importe de las exportaciones que nuestros productores colocan en el país vecino. El reino alauita extrae un beneficio neto descomunal de esta sumisión asimétrica, consolidándose como el único ganador de una alianza comercial.
Esta intensificación de los lazos financieros carece de toda lógica estratégica para la seguridad del Estado. El Gobierno de Sánchez premia anualmente con contratos millonarios a un régimen extranjero que utiliza de forma sistemática el control de la inmigración ilegal como un método de chantaje político directo. Rabat no oculta sus ambiciones expansionistas y mantiene su plan para anexionar los territorios soberanos de Ceuta y Melilla a su corona.
Esta peligrosa condescendencia de Moncloa exige un replanteamiento inmediato y radical de los acuerdos bilaterales, puesto que financiar a un socio hostil que amenaza activamente la integridad territorial de España constituye una dejación de funciones intolerable.
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