Impacto España Noticias
La Policía Nacional está recibiendo a diario llamadas de agresiones sexuales cometidas por inmigrantes ilegales marroquíes de la invasión de Ceuta, perpetradas tanto por menores como por adultos a sus compatriotas. Entre las víctimas hay tanto niñas como adolescentes y mujeres.
Esta es la cruda realidad que se vive actualmente en las calles de esta ciudad autónoma, según informa Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.
«Se han producido muchas violaciones. En cada turno recibimos llamadas comunicando nuevas», precisa a este diario Laura García, portavoz del sindicato. No obstante, tan sólo seis víctimas han presentado formalmente la denuncia. En el caso de las menores, la Fiscalía actúa de oficio.
Además, Jupol destaca que «todavía no se han producido detenciones por estos hechos», por lo que los autores aún se encuentran deambulando por Ceuta.
Como ha informado recientemente este diario, entre el pasado 30 de julio y el 5 de agosto ya se habían contabilizado al menos 10 agresiones sexuales, y entre estas víctimas había niñas marroquíes de apenas 14 años. A raíz de los hechos, las afectadas se presentaron en el hospital o fueron conducidas por policías, y en la exploración forense «algunas presentaban a primera vista lesiones genitales».
Denuncian haber sido violadas por sus compañeros de asalto a la frontera, con quienes han compartido lugares y espacios para evitar ser interceptadas por los efectivos policiales y militares desplegados para frenar la invasión.
Según ha informado este lunes el Gobierno ceutí, todavía permanecen en la ciudad autónoma entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales. Una cifra que dista mucho de los 2.000 de los que habla el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta semana, el Ejecutivo también se ha visto obligado a corregir las cifras de la invasión, elevando la cantidad de inmigrantes ilegales que asaltaron Ceuta hasta los 80.000. Se trata de 30.000 más de los que dijo en un primer momento y que a finales de la semana pasada situaba en 72.000.
Esta turba de ilegales está «generando inseguridad y perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios», según ha denunciado el presidente de Ceuta, reclamando al Gobierno que habilite de forma urgente un espacio que desempeñe las funciones de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde «puedan ingresar estas personas y permanecer confinadas».
Una medida que permitiría, según ha expuesto, agilizar los expedientes de expulsión de los inmigrantes irregulares, atender sus necesidades básicas y evitar que miles de personas continúen deambulando por las calles, sin techo.
Tanto el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como el sindicato mayoritario de la Policía denuncian que la realidad está muy lejos de la «normalidad» que el Gobierno quiere transmitir.
«La situación sigue siendo absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable», declara Vivas, reclamando un refuerzo de las áreas de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía, y un incremento «sustancial» de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para garantizar la seguridad de la frontera.
Asimismo, reclama que se mantenga la presencia del Ejército en las calles, infraestructuras críticas y puntos estratégicos de Ceuta hasta que se recupere la normalidad.
La radiografía de Jupol de la situación es que los «agentes están desbordados y la tensión en las calles se incrementa cada día». Por ejemplo, este lunes se ha vivido una situación de caos, con peleas entre ilegales en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía para no ser devueltos a Marruecos.
La Policía ha tenido que ordenar desalojos de los cientos de menores extranjeros no acompañados que se han aglutinado a las puertas de la comisaría para que el Estado asuma su tutela y cubra sus necesidades. Incluso han intentado asaltar el edificio policial, según informa Jupol.
De hecho, el Ejército se ha desplegado en la zona para colaborar con los efectivos policiales en la contención de esta avalancha de menores extranjeros no acompañados (menas). Según los últimos datos oficiales, «ya han sido identificados 1.342 menores y se encuentran en los centros habilitados». Además, «hay cerca de mil más esperando para reseña», de acuerdo a fuentes policiales.
El sindicato Jupol acusa al Gobierno de «maquillar lo que está ocurriendo» y también de «mirar hacia otro lado». Sostiene que los policías que se encuentran sobre el terreno están «absolutamente abandonados», ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue sin enviar «efectivos suficientes».
Y ello pese a que la situación aún no se ha resuelto e inmigrantes marroquíes se están organizando desde principios de la semana pasada en redes sociales para una nueva avalancha el próximo sábado, 15 de agosto.
Hasta el momento, hay desplegados 260 antidisturbios. Una cifra que Jupol califica de «irrisoria», de «totalmente insuficiente». «Ante una nueva invasión de inmigrantes, aunque no sean 80.000, sino 10.000 o 20.000, estamos ante una escasez numérica», refiere la portavoz del sindicato mayoritario, destacando que tanto policías como guardias civiles, militares y policías locales se encuentran desbordados.
En este sentido, pone como ejemplo que los policías nacionales reciben una media de 200 llamadas al día, entre ellas las de agresiones sexuales. Y subraya que las violaciones suponen una situación «muy preocupante», de la que los ciudadanos de Ceuta se han de enterar, por lo que el sindicato denuncia públicamente.
Lo cierto es que en la ciudad autónoma sigue habiendo «mucho miedo» entre los ciudadanos, con los ilegales deambulando, construyendo moradas en las playas y montes, cometiendo robos en supermercados y con enfrentamientos entre ellos.
«Los niños es imposible que salgan solos y los ciudadanos se están organizando para salir a pasear en grupos», detalla Laura García. Además, se dan casos de mujeres que viven a las afueras de la ciudad que realizan sólo una compra quincenal y los propios taxistas que las han acercado a realizarlas se las suben a su domicilio, por miedo a que les ocurra algo.
La medida extraordinaria acordada por el Gobierno ha sido dejar sin vacaciones ni permisos a los guardias civiles y militares desplegados en Ceuta y Melilla. Una decisión que ha generado un gran malestar en ambos colectivos, que critican que ésta sea la iniciativa extraordinaria llevada a cabo «en vez de enviar más refuerzos».
Además, destacan que la decisión no es sólo injusta, sino que es un riesgo laboral, ya que están agotados, y así rinden menos, no más. Y concluyen que la decisión de suspender las vacaciones y permisos «es la mejor prueba de que existe un problema serio de seguridad».
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