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La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez abre otro frente con sus socios europeos. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha cuestionado públicamente la medida y ha advertido del riesgo de adoptar decisiones que, a su juicio, puedan alterar la situación migratoria en Europa.
El dirigente sueco ha asegurado que sería una «muy mala idea» poner en marcha políticas capaces de comprometer la estabilidad alcanzada y ha situado como precedente la crisis migratoria europea de 2015.
Kristersson sostiene además que las decisiones adoptadas en España pueden terminar afectando a otros Estados miembros. Suecia, argumenta, tiene motivos particulares para seguir la situación por la experiencia vivida hace once años, cuando una parte de quienes llegaron al continente continuaron posteriormente hacia el norte de Europa.
El primer ministro ha explicado en una entrevista con el Financial Times, que ya trasladó personalmente a Sánchez sus reparos ante la política española.
«Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en 2015», ha declarado Kristersson. El dirigente sueco considera que Europa no debe rebajar ahora la vigilancia de sus fronteras. Su receta pasa por reforzar su protección y avanzar hacia políticas migratorias más coordinadas entre los Estados miembros.
El debate gira alrededor del proceso extraordinario previsto por el Ejecutivo español para regularizar a extranjeros que ya se encuentran en España y que cumplan los requisitos establecidos. Las estimaciones manejadas en las informaciones publicadas sitúan en hasta 1,2 millones las personas que podrían resolver su situación administrativa.
La obtención de una autorización española de residencia y trabajo, sin embargo, no supone automáticamente disponer de ese mismo derecho para instalarse o trabajar libremente en cualquier otro Estado de la Unión Europea.
Kristersson ha vinculado su advertencia a lo sucedido durante la crisis migratoria de 2015. Según ha explicado, la experiencia de Suecia demuestra que las consecuencias de una entrada de población migrante en un Estado europeo no siempre quedan limitadas a ese país.
«Muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte», ha señalado el primer ministro, según recoge Europa Press a partir de la entrevista concedida al Financial Times.
Esa posibilidad explica parte de la oposición del Gobierno sueco. Kristersson defiende evitar cualquier medida que pueda incentivar nuevos movimientos migratorios dentro del continente. «Tomar medidas que puedan poner en peligro una situación estable sería una muy mala idea», ha afirmado.
El jefe del Gobierno sueco afrontará además las elecciones generales previstas para septiembre. Kristersson, líder del Partido Moderado, gobierna desde 2022 mediante una coalición formada por moderados, democristianos y liberales, con apoyo parlamentario de Demócratas de Suecia.
La advertencia procedente de Estocolmo no aparece de forma aislada. Italia y Dinamarca también han elevado durante los últimos días sus críticas a la gestión migratoria y han reclamado una respuesta europea más restrictiva ante las entradas irregulares.
Las primeras ministras Giorgia Meloni y Mette Frederiksen difundieron un comunicado conjunto en el que relacionaron la inmigración irregular sin control con problemas de seguridad y con una mayor presión sobre los servicios públicos.
El debate ha ganado intensidad después de la reciente crisis fronteriza registrada en Ceuta, donde se produjo una entrada masiva de personas desde Marruecos. La mayor parte de quienes cruzaron la frontera fueron posteriormente devueltos, según las informaciones publicadas sobre el episodio. La situación ha llevado la política migratoria española fuera del debate estrictamente nacional y la ha convertido en asunto de discusión entre varios gobiernos de la Unión Europea.
Suecia figura también entre los 22 Estados de la Unión Europea que recientemente suscribieron una carta dirigida a las instituciones comunitarias para reclamar una respuesta coordinada ante la presión migratoria. Los firmantes expresaron sus reparos ante la regularización española y sostuvieron que este tipo de medidas puede actuar como «factor de atracción» para futuras entradas irregulares.
La iniciativa reunió a Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.
Los gobiernos reclamaron además una reunión extraordinaria de los ministros del Interior europeos para estudiar una respuesta conjunta y reforzar las fronteras exteriores de la Unión. Los firmantes también plantearon su preocupación por los movimientos secundarios entre países y advirtieron de la posibilidad de reforzar temporalmente controles interiores si la situación migratoria empeora.
La posición expresada ahora por Kristersson coloca así a Suecia en dos iniciativas distintas contra la política seguida por Sánchez: la advertencia pública formulada por su primer ministro y la participación del país nórdico en la carta suscrita por 22 gobiernos.
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