Impacto España Noticias
El magistrado que investiga las «cloacas del PSOE» en la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz, apunta directamente a que «aparece indiciariamente perfilada la responsabilidad de miembros o cargos nombrados bajo la gobernanza del PSOE» en la trama dirigida a «desestabilizar» las investigaciones policiales y judiciales que afectan al Gobierno y al entorno familiar del presidente, Pedro Sánchez.
En un último auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN contextualiza temporalmente la acción de este grupo presuntamente criminal en «cuando Santos Cerdán era secretario (de Organización) de dicha organización (el PSOE)». A la formación política –explica– era a la que «se buscó proteger bajo la ‘batuta’ de Leire Díez», quien estaba «a sueldo, precisa y presumiblemente, de dicha Secretaría de Organización».
Así se pronuncia el juez Pedraz en la misma resolución en la que rechaza el recurso que interpuso el fiscal Ignacio Stampa contra la negativa del instructor a considerarle perjudicado por el entramado de «maniobras», lo que le hubiera permitido ejercer la acusación particular en la causa.
El magistrado entiende que «las infundadas denuncias o difamaciones» de las que habría sido objeto por parte de la exmilitante socialista y de otro de los imputados, el empresario Javier Pérez Dolset, no se habrían llevado a cabo «con el ánimo de perjudicar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en aquellas causas que afectan a los intereses del PSOE y los familiares del presidente», que es –dice– «el núcleo esencial de la organización criminal que investiga».
Pedraz enmarca lo denunciado por el fiscal Stampa en un «ataque personal distinto e individual», que constituirían delitos contra el honor y de denuncia falsa.
Es más, el juez tiene en cuenta para volver a desestimar la personación de Stampa que «dichas actuaciones, presumiblemente, se habrían impulsado después de que resultaran infructuosas las gestiones que estos llevaron a cabo para cumplir aquella ilícita finalidad y tras conocer que este había denunciado las mismas» ante sus superiores en la Fiscalía.
En este sentido, el instructor de la AN interpreta que «se trataría, parece, de unos hechos que aquellos (la bautizada como «fontanera de Ferraz» y Pérez Dolset) estarían desarrollando como estrategia de defensa frente a la denuncia formulada por aquel» contra los dos investigados mencionados y por la que nació la causa que hasta esta pasada semana instruía el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Quien finalmente, tras más de dos meses, se inhibió el miércoles en favor de Pedraz, terminando con la duplicidad de casos y cediendo la investigación a la AN.
El «ánimo» de esa denuncia presentada contra Stampa en la Fiscalía General del Estado, que fue archivada de plano, y de las acusaciones de comportamientos irregulares durante su etapa profesional al cargo del «caso Villarejo» fue –según el juez– «desvirtuar su testimonio y las pruebas aportadas en aquel procedimiento (el de los tribunales de Plaza Castilla ahora cerrado)». Y, por tanto, concluye, no supuso una «acometida frente a las investigaciones que se citan en el informe de la UCO» en torno a la presunta trama orquestada por Cerdán.
Coincidiendo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado recuerda que «no se trata de llevar en esta causa la investigación de cualquier irregular comportamiento que le pueda ser atribuido a los investigados (Díez y Dolset, entre otros) individual o aisladamente, en defensa de sus particulares intereses».
Pedraz aprovecha para delimitar de manera meridiana la causa penal y la acota «solo» a «aquellos comportamientos que se desarrollaron concertadamente en el seno de dicha organización criminal, o en directa colaboración con ella a los fines previstos y bajo el paraguas de un común denominador».
Se trata de dos elementos compartidos, detalla. Por un lado, «la irregular contratación pública favorecida por su red de relaciones vinculadas al ejercicio de la función pública», que se corresponde con la línea del caso que rastrea el supuesto amaño de adjudicaciones del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la que están imputados desde la actual presidenta, Belén Gualda; el expresidente del ente Vicente Fernández y otros altos cargos públicos y de compañías beneficiadas por rescates del Estado.
Y, por otro, «la creación de esa estructura paralela para neutralizar aquellos procedimientos judiciales» que salpican a la formación socialista y por la que están siendo investigados desde la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y su antecesor como jefe político del cuerpo, Leonardo Marcos, al Director Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.
La siguiente diligencia será revisar el volcado del móvil del encausado José Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y antiguo presidente de Correos, el próximo 18 de agosto.
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