Impacto España Noticias
Pedro Sánchez ha elegido La Mareta para pasar sus vacaciones. Y, a juzgar por el tiempo que lleva allí, parece decidido a convertir el descanso estival en una auténtica burbuja presidencial.
Mientras el Gobierno mantiene abierta la gestión política de la situación de Ceuta, Sánchez continúa en Lanzarote, rodeado de su familia, invitados y un extraordinario dispositivo de seguridad. La imagen resulta difícil de ignorar: el presidente del Gobierno disfrutando del mar junto a Begoña Gómez mientras otros miembros del Ejecutivo se ocupan presencialmente de los asuntos que reclaman atención institucional.
Nadie discute que Pedro Sánchez tenga derecho a descansar.
Lo que sí resulta perfectamente legítimo discutir es cuándo, durante cuánto tiempo y en qué circunstancias debe ejercer ese derecho un presidente del Gobierno.
Porque el problema no es el bañador rojo de Sánchez.
El problema es la distancia entre La Mareta y los problemas que reclaman al Gobierno.
Y esa distancia, esta vez, es también política.
La imagen de Sánchez en Lanzarote no es la de un ciudadano particular disfrutando tranquilamente de sus vacaciones.
La Mareta es una residencia de Patrimonio Nacional. Y alrededor del presidente se despliega un dispositivo de seguridad que incluye agentes, vehículos y vigilancia en tierra y mar pagado con los impuestos de los españoles, es mas también se lo estamos pagando a su familia y amigos.
El presidente y sus invitados tienen a su disposición cocineros privados, camareros uniformados y diverso personal de servicio. Durante estos días de descanso, aprovechan para cenar en un porche con vistas al mar. También para bañarse en las dos piscinas que tiene la finca.
Es lógico que el presidente del Gobierno disponga de protección.
Pero cuanto mayor es el dispositivo necesario para garantizar unas vacaciones presidenciales, mayor es también la obligación de explicar con transparencia cómo se utilizan los recursos públicos.
La cuestión no es atacar a los policías, guardias civiles o escoltas que cumplen su cometido. Ellos hacen exactamente aquello para lo que han sido destinados.
La cuestión es quién decide.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez habían madrugado ese día para despedir a sus hijas, que se marchaban a Madrid muy temprano tras pasar unos días de vacaciones en la residencia. El matrimonio presidencial permaneció en La Mareta mientras Carlota y Ainhoa se desplazaban al aeropuerto y en torno a las diez y media de la mañana decidieron darse un baño.
¿Quién decide que Sánchez permanezca allí? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué coste? ¿Y con qué criterio político?
Porque los recursos públicos no son un detalle menor cuando hablamos de una estancia privada de descanso.
Pedro Sánchez puede participar en una videoconferencia desde Lanzarote.
Puede recibir informes.
Puede hablar por teléfono con sus ministros.
Puede mantenerse informado.
Pero existe una diferencia entre estar informado y estar presente.
Y esa diferencia adquiere especial importancia cuando el Gobierno afronta una situación que considera suficientemente relevante como para desplazar ministros y reforzar la respuesta institucional.
La tecnología permite gobernar desde prácticamente cualquier lugar.
La política, sin embargo, sigue dependiendo de los símbolos.
Y el símbolo que ofrecen estas vacaciones es incómodo para el Ejecutivo: mientras Sánchez disfruta de La Mareta, son otros quienes aparecen sobre el terreno.
Eso puede ser perfectamente legal.
Puede ser perfectamente operativo.
Pero no deja de ser políticamente discutible.
La causa avanzará en los próximos meses, y Gómez ya se prepara para el juicio con jurado, para lo que ha cambiado de abogado. La acusación popular -coordinada por Hazte Oír- reclama una condena de 13 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez, además de multa e inhabilitación.
Entre tanto, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se bañan en la playa bajo un importante despliegue de seguridad. Tal y como ha podido comprobar este periódico, se han dispuesto varias cámaras en la playa. Además, los escoltas hacen vigilancia permanente bajo una sombrilla azul y decenas de agentes controlan los alrededores con prismáticos.
Ceuta no es un escenario secundario de la política española.
Es territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y uno de los puntos más sensibles de la política migratoria y de seguridad nacional.
Cualquier incremento extraordinario de las entradas irregulares plantea problemas que van mucho más allá de la gestión administrativa de una frontera: alojamiento, atención de menores, seguridad, presión sobre los servicios públicos, coordinación policial y relación con Marruecos.
Por eso la respuesta del Gobierno tiene que ser no solamente eficaz, sino también visible.
Y ahí aparece la gran pregunta que acompaña a las vacaciones de Sánchez:
¿Por qué el presidente considera compatible prolongar su estancia vacacional con una situación que exige tanta atención política estando directamente en Ceuta como haría cualquier presidente de un pais democratico?
No existe ninguna obligación legal que impida a un presidente tomarse vacaciones.
Pero la política no se agota en aquello que es legal.
También existe la responsabilidad.
También existe la ejemplaridad.
También existe la oportunidad.
El problema de fondo para Pedro Sánchez es que su estancia en Lanzarote puede terminar convirtiéndose en una metáfora de su forma de hacer política: gestionar las crisis desde la distancia mientras los demás asumen el desgaste.
Cuando el problema es complicado, aparecen los ministros.
Cuando hay que explicar una decisión, aparecen los portavoces.
Cuando hay que defender al Gobierno, aparece el aparato de comunicación.
Y mientras tanto, el presidente mantiene un perfil extraordinariamente bajo.
La estrategia puede resultar eficaz para reducir su exposición.
Pero tiene un coste.
Porque un presidente que intenta desaparecer de la fotografía cuando llegan los problemas corre el riesgo de que la fotografía termine definiendo su presidencia.
La presencia de Begoña Gómez junto a Sánchez añade además una dimensión política adicional.
Gómez se encuentra vinculada a una causa judicial cuya evolución ha generado una enorme controversia política. En este punto es imprescindible mantener una distinción fundamental: una investigación o acusación no equivale a una condena, y corresponde a los tribunales determinar cualquier responsabilidad penal.
Pero tampoco puede ignorarse la relevancia pública de un procedimiento que afecta al entorno familiar del presidente.
El juez Juan Carlos Peinado ha desarrollado la investigación judicial que ha colocado a Gómez en el centro de una batalla política y mediática.
La acusación popular ejercida por Hazte Oír ha planteado, por su parte, sus propias pretensiones penales.
Todo ello forma parte de un contexto que explica por qué las vacaciones presidenciales están sometidas a un escrutinio especialmente intenso.
No porque unas vacaciones sean una prueba de culpabilidad.
No porque una fotografía en el mar tenga relevancia judicial.
Sino porque la vida pública de un presidente no puede analizarse al margen del contexto político que le rodea.
Otro elemento que llama la atención es el cambio de actitud respecto a otros periodos vacacionales.
Sánchez ha disfrutado anteriormente de sus vacaciones realizando actividades públicas y desplazándose por diferentes lugares.
En esta ocasión, la estrategia parece distinta.
La Mareta se ha convertido en un refugio.
Un espacio protegido.
Un lugar desde el que el presidente puede mantener una agenda política reducida y, al mismo tiempo, evitar una exposición innecesaria.
Pero esa estrategia plantea una paradoja.
Cuanto más intenta Sánchez protegerse de las imágenes incómodas, más poderosa se vuelve la imagen de su ausencia.
No aparecer también comunica.
Y cuando un presidente no está donde una parte de la ciudadanía espera encontrarlo, la ausencia se convierte en noticia.
Moncloa puede argumentar que Sánchez sigue trabajando.
Puede recordar que los presidentes tienen derecho a vacaciones.
Puede explicar que existen mecanismos de coordinación permanente.
Todos esos argumentos son legítimos.
Pero no responden completamente a la cuestión política.
Porque nadie está preguntando si Sánchez ha dejado de ser presidente durante sus vacaciones.
La pregunta es otra:
¿Era necesario que permaneciera tantos días en Lanzarote?
¿No podía haber reducido su estancia?
¿No podía haber regresado temporalmente a Madrid?
¿No podía haber hecho de su presencia en Ceuta una prioridad política?
¿No habría enviado un mensaje de mayor autoridad y compromiso?
Son preguntas incómodas.
Precisamente por eso son preguntas necesarias.
Los gobiernos pueden presentar estadísticas.
Los ministerios pueden publicar comunicados.
Los portavoces pueden ofrecer explicaciones.
Pero los ciudadanos también juzgan las imágenes.
Y hay imágenes que resultan devastadoras desde el punto de vista político.
Un presidente en bañador.
Una residencia privilegiada frente al mar.
Un amplio dispositivo de seguridad.
Un entorno familiar disfrutando de las vacaciones.
Y, al otro lado, una ciudad fronteriza reclamando soluciones.
No hace falta manipular la imagen.
La imagen ya contiene por sí misma la pregunta.
Pedro Sánchez tiene derecho a defender su decisión.
Tiene derecho a afirmar que el Gobierno funciona aunque él esté en Lanzarote.
Tiene derecho a explicar que sus ministros tienen competencias y que las crisis no dependen exclusivamente de la presencia física del presidente.
Pero también debe aceptar que una decisión presidencial de este calibre tiene consecuencias políticas.
No se puede pedir a la ciudadanía que no juzgue una decisión simplemente porque sea legal.
Los políticos no son juzgados únicamente por la legalidad de sus actos.
Son juzgados por sus prioridades.
Por su criterio.
Por su capacidad de liderazgo.
Y, sobre todo, por su comportamiento cuando llegan las dificultades.
La cuestión, finalmente, es mucho más sencilla que toda la polémica alrededor de La Mareta.
¿Dónde debe estar un presidente cuando una parte del país atraviesa una situación extraordinaria?
Sánchez ha decidido que, por ahora, su lugar está en Lanzarote.
Es una decisión que puede defender.
Pero también es una decisión que puede ser criticada.
Y será la opinión pública la que valore si esa elección transmite tranquilidad, normalidad y control o, por el contrario, distancia, comodidad y falta de liderazgo.
Porque mientras Pedro Sánchez disfruta del Atlántico desde La Mareta, el debate sobre Ceuta continúa.
Y mientras el presidente se protege detrás de un amplio dispositivo de seguridad, las preguntas políticas siguen sin desaparecer.
La Mareta puede ser un lugar perfecto para descansar.
Lo que está por demostrar es si también es el lugar adecuado para un presidente que quiere transmitir que está al frente de una crisis.
Ahí está el verdadero problema de Sánchez.
No en el baño.
No en las vacaciones.
No en Lanzarote.
En la imagen de un presidente que parece haber encontrado un refugio mientras el país sigue esperando que dé la cara.
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