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Varias organizaciones no gubernamentales han reclamado este viernes más protección para inmigrantes y refugiados en Ceuta y han denunciado una supuesta «deriva violenta» en la ciudad, apenas horas después de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconociera que desde la entrada masiva del 30 de julio se han registrado siete violaciones y otras diez agresiones sexuales.
Amnistía Internacional y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han expresado su «profunda preocupación» por el «creciente clima de violencia y tensión en la calle» y han pedido a las administraciones una respuesta coordinada para proteger a las personas migrantes y refugiadas.
Las organizaciones también reclaman garantizar la seguridad del personal humanitario e impedir lo que califican como una «instrumentalización política» de la crisis.
Su pronunciamiento llega, sin embargo, en plena alarma por el deterioro de la seguridad en Ceuta después de la llegada de decenas de miles de inmigrantes y después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya reconocido este mismo viernes siete agresiones sexuales constitutivas de violación y otras diez de distinta naturaleza.
El propio ministro aseguró además que las víctimas son principalmente mujeres vulnerables, mientras la fiscal general del Estado había señalado un día antes que la mayoría de las víctimas registradas eran menores de edad.
Pese a ese contexto, Amnistía Internacional ha puesto el foco especialmente en la situación que atraviesan los inmigrantes y las organizaciones que los asisten.
La entidad ha señalado que organizaciones como Cruz Roja deberían poder desarrollar su trabajo «en condiciones de seguridad» y «sin miedo», después de recibir supuestamente amenazas y encontrar obstáculos durante el reparto de agua y alimentos.
También ha denunciado la quema de parte de un campamento informal instalado en la playa Benítez y asegura haber recogido testimonios sobre «uso excesivo de la fuerza» por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad, además de agresiones de particulares acompañadas de insultos racistas.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha insistido, por su parte, en definir la situación como una «crisis humanitaria» que, a su juicio, debe afrontarse conforme a los principios humanitarios y al derecho internacional.
La plataforma reclama priorizar a los colectivos que considera en situación de «extrema vulnerabilidad», entre ellos niñas, mujeres embarazadas y personas LGTBIQ+. Según la Coordinadora, algunas de estas personas permanecen ocultas por temor a sufrir «represalias, agresiones o devoluciones».
Las organizaciones también han pedido a los partidos políticos y a las administraciones que condenen públicamente los «actos y discursos racistas y xenófobos», al considerar que generan un ambiente propicio para la violencia.
Asimismo, han reclamado a los medios de comunicación evitar la «espectacularización y deshumanización» de la crisis y han pedido a los ciudadanos que no difundan informaciones falsas a través de las redes sociales.
Las reivindicaciones de las ONG se producen mientras continúan conociéndose datos sobre las consecuencias de la entrada masiva. Marlaska confirmó este viernes que siete de las agresiones sexuales registradas desde el 30 de julio son violaciones, mientras otras diez corresponden a distintas formas de agresión sexual.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, había señalado previamente que existían 17 víctimas, 16 de ellas mujeres, y que la mayoría eran menores. Interior cifra además en alrededor de 5.000 los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta, entre ellos unos 1.500 menores.
La ciudad autónoma continúa así sometida a una enorme presión sobre sus servicios públicos, dispositivos policiales y recursos asistenciales, mientras el Gobierno trata de contener una crisis que ha provocado protestas de agentes y un profundo malestar entre parte de la población local.
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