El Gobierno vasco concede el tercer grado a Henri Parot, etarra asesino de 82 personas

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años y que saldrá en los próximos días de la cárcel guipuzcoana de Zubieta.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia, que dirige la socialista María Jesús San José, han confirmado a EFE la concesión de este tercer grado a Parot con base en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel. A partir de ahora la Fiscalía tendrá que estudiar el caso y decidir si recurre o no la decisión.

Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno Vasco, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel, han explicado las fuentes de la consejería de Justicia.

El exdirigente de ETA también disfrutó de un permiso penitenciario de seis días el pasado año avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva del preso dirigida a la Junta de Tratamiento en la que reiteraba su rechazo a "todas las violencias" y señalaba que a sus 67 años, 35 de ellos encarcelado, consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".

"Creo que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por mi antigua pertenencia a ETA y tratar, en la medida de lo posible, de repararlo", escribió el etarra, según se reflejaba en el auto del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional fechado el 19 de junio de 2025, por el que avalaba la decisión que de forma unánime adoptó la Junta de tratamiento de la prisión donostiarra en marzo.

El juez destacó entonces que el penado había superado las tres cuartas partes de condena, tenía una evolución favorable en la que no constaban sanciones y participaba en actividades programadas penitenciarias, además de haber disfrutado con anterioridad de dos permisos de salida de dos días sin ninguna incidencia y valorar que el riesgo de fuga es muy bajo.

Su detención en Sevilla en 1990 supuso un relevante golpe en la lucha contra ETA porque ostentaba la jefatura de los comandos itinerantes o Argala, que llevaban actuando durante 12 años y habían cometido una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.

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Además, dio nombre en 2006 a la llamada doctrina Parot con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso de este preso que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de los terroristas. Siete años después, en octubre de 2013, la Justicia Europea la anuló y fueron excarcelados 63 etarras.

Denunca de Covite

Tras conocerse la concesión del tercer grado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la aplicación de este régimen penitenciario a "uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de atentado".

Covite ha recordado en un comunicado que Parot fue integrante del denominado comando Argala, responsable de "algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA, entre ellos la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas.

Este colectivo de víctimas ha considerado "inaceptable" que, con ese historial criminal, Parot "vea ahora flexibilizada su condena por el Gobierno Vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

"Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos», ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. También ha vuelto a denunciar la política penitenciaria que sigue el Gobierno Vasco "al servicio de la izquierda abertzale"

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