Impacto España Noticias
La Apertura del Año Judicial ha dejado este jueves un mensaje político de enorme calado. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aprovechado su discurso en el Tribunal Supremo —ante el rey Felipe VI, el ministro de Justicia Felix Bolaños. y las principales autoridades judiciales— para respaldar abiertamente la reforma impulsada por el Gobierno del Sanchismo: que la instrucción penal pase de los jueces a los fiscales.
Una propuesta que, para buena parte del sector judicial, supondría incrementar la influencia del Ejecutivo sobre las investigaciones, dado que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a ello, Peramato ha defendido que España vive “un momento particularmente relevante” y que esta reforma es una “oportunidad histórica” para rediseñar el sistema penal.
La fiscal general ha reclamado además más autonomía y más recursos, insistiendo en que “quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales”. Un argumento que coincide plenamente con la tesis del ministro Bolaños, presente en el acto.
Peramato también ha pedido rebajar las críticas a la Fiscalía, que en los últimos años ha sido señalada por decisiones controvertidas en casos sensibles. Ha denunciado “descalificaciones sistemáticas” y ha lamentado que se atribuyan “motivaciones espurias” a los fiscales cuando, según ella, solo existe “valoración jurídica”.
En un gesto que busca reforzar la imagen de eficacia del Ministerio Público, ha anunciado el envío de tres fiscales más a Ceuta, donde se investigan agresiones sexuales vinculadas a la reciente crisis migratoria.
La fiscal general ha dedicado parte de su intervención a la lucha contra la corrupción, calificándola de amenaza directa a la confianza ciudadana. Ha asegurado que esta es una “prioridad estratégica” para la Fiscalía y que exige “máximo rigor e independencia”, especialmente cuando afecta a autoridades públicas.
Sin embargo, la reforma que defiende —y que el Gobierno impulsa— despierta recelos entre quienes temen que la instrucción en manos de fiscales acerque aún más la justicia penal al control político.
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