Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional ha paralizado, al menos de momento, el campamento para inmigrantes que el Ejecutivo quería instalar en el Puerto de Ceuta, según se desprende de una providencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso.
La decisión responde a un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y se impone de forma provisional hasta que los magistrados se pronuncien sobre la suspensión cautelar del desarrollo de estas instalaciones que estaban previstas para alojar a una parte de las personas que accedieron a la ciudad autónoma entre los días 30 y 31 de julio.
Con carácter previo a resolver la medida cautelar urgente solicitada, la providencia indica que se ha requerido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que remita a la Sala la resolución u orden con la mayor urgencia posible, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado al efecto. Mientras tanto, y en tanto no se resuelva la medida cautelar urgente, "no se puede ejecutar la resolución u orden referidas", precisa.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un recurso frente a la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes con capacidad aproximada de un millar de personas. La organización alegó la falta de publicación y notificación de la actuación administrativa impugnada, sin que constase su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Hace semanas que el Gobierno anunció la instalación de un campamento para acoger a inmigrantes en Ceuta. La capacidad estimada es de entre 700 y 1.000 plazas. Esta instalación en la ampliación del Puerto de Poniente de la ciudad estaba llamada a descongestionar la presión sobre otras zonas como la playa de El Trampolín o playa Benítez, donde se estima que se concentran varios miles de personas en asentamientos improvisados.
La elección del lugar, en el puerto, ha provocado las protestas de vecinos, empresarios y el gobierno de la ciudad. Consideran que es un lugar estratégico para la economía de la ciudad, ya de por sí amenazada desde la llegada masiva del 30 y el 31 de julio.
El presidente del Gobierno planteó esta semana en una entrevista para La Sexta la habilitación de hasta 10.000 plazas para migrantes, lo que pone en entredicho los datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desde hace un mes sostiene que en la ciudad quedan 5.000 inmigrantes.
El campamento en el puerto está compuesto por multitud de tiendas de campaña con una capacidad aproximada de una docena de plazas cada una. Varios medios de comunicación daban por hecho que estaría en funcionamiento esta semana, pero finalmente no ha sido así. Y esta decisión judicial deja en el aire el inicio de los traslados. El último traslado relevante de inmigrantes tuvo lugar hace apenas unos días, cuando el Gobierno desalojó a cerca de 800 personas que se hacinaban casi desde el inicio de la crisis en Loma Colmenar, y que fueron trasladados a una instalación en la barriada de Los Rosales.
La decisión de la Audiencia Nacional ha desatado un enorme malestar en el Ejecutivo tras un pleno especialmente difícil a cuenta de la crisis de Ceuta y el varapalo parlamentario que ha recibido también con la ley de lobbies. Miembros del Gobierno han recrudecido además su afrenta contra los jueces, a los que acusan de poner "palos en las ruedas" al intento de solucionar el colapso en el que permanece la ciudad autónoma.
Esta crítica se suma a la ofensiva que el Gobierno ha emprendido contra el Tribunal Supremo por paralizar cautelarmente los efectos electorales de la ley de nietos, algo que el PP celebra. Y en Génova también han aplaudido esta resolución judicial.
"Ya habíamos avisado de que la decisión que habían tomado [con el campamento] no era la adecuada", señaló ante los medios el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Moncloa, censuró, "no quiere escuchar ni a la gente de Ceuta ni al presidente Vivas". "Si hicieran un poco más de caso, la situación iría un poco mejor. Pero sólo buscan chocar", lamentó.
La paralización del campamento no hace sino profundizar también la brecha abierta entre Sánchez y Vivas, ya muy deteriorada por las críticas del presidente ceutí —respaldadas al unísono por todo el PP—. Este miércoles, a la salida de la sesión de control y preguntado por los menores migrantes que aún deambulan por las calles de Ceuta casi 50 días después, Sánchez se descargó de responsabilidad y apuntó al líder local, lo que ha provocado un enorme choque de trenes entre el Gobierno y la oposición.
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