La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón dirige la investigación por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en dos direcciones principales: averiguar quiénes fueron los responsables de organizar y dirigir la movilización masiva de miles de personas de Marruecos a la ciudad autónoma y qué falló en el lado español de la frontera.
Con este propósito, la instructora ha acordado una docena de diligencias con las que busca indagar en cada detalle de lo ocurrido durante los días previos y posteriores a ambos lados de la playa del Tarajal, entre las que destaca el encargo de un informe a la UDEF y a la UCO sobre la posible financiación de la movilización.
La magistrada sospecha que en el episodio de los pasados 30 y 31 de julio no solo influyó la movilización masiva en redes o el "guiado activo" a pie de presuntos agentes sin uniforme hacia territorio español, sino que también se pusieron a disposición de los inmigrantes medios logísticos y apoyo material para tratar de desestabilizar el control de las fronteras exteriores de España y la seguridad pública.
En consecuencia, ordena a la Policía y a la Guardia Civil la elaboración de un informe en el que se deberán "analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada".
Tardón insiste en su auto en que una movilización de esta magnitud, que consiguió trasladar a entre 75.000 y 85.000 personas de un lado a otro de la frontera, "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros". Concretar la existencia de estos mecanismos de apoyo material y financiero podría ayudar a identificar a los máximos responsables de esta crisis humanitaria en el lado marroquí.
La magistrada no solo encarga a la UDEF y a la UCO un informe financiero y patrimonial, sino que también recurre al Sepblac para detectar eventuales movimientos de dinero sospechosos. En concreto, ordena que se solicite al Sepblac que informe sobre actividades que puedan identificarse con el blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
La jueza insiste en que resulta un "elemento esencial y central de la investigación" identificar a aquellos que hayan llevado a cabo la planificación y dirección de la operación.
Por ello, requiere la Comisaría General de Información, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que emitan un informe "con el objeto de determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes".
Con este encargo, la jueza deja muy claro que no se trató de un hecho aislado, sino de una operación diseñada y financiada desde Marruecos. Los siguientes pasos a dar van encaminados a identificar la estructura de una presunta organización criminal, las vías de financiación y sus máximos responsables.
Por el momento, la Policía Nacional solo ha podido señalar la presencia de agentes sin uniforme camuflados entre los inmigrantes que realizaron un "guiado activo" hasta Ceuta. Además, parte de las grabaciones que ya obran en poder del juzgado muestran, además, a diferentes individuos conduciendo diferentes medios de transporte para trasladar a los inmigrantes hasta la frontera.
En paralelo, Tardón requiere al CENIF que identifique los financiadores y las rutas empleadas en los traslados irregulares posteriores desde Ceuta a la Península. También ordena identificar las embarcaciones utilizadas, sus propietarios y patrones y los inmuebles empleados como lugares de alojamiento para los inmigrantes.
En su auto, la jueza ordena otra decena de diligencias que no sólo apuntan a la responsabilidad de Marruecos, sino también a la inacción por parte de las autoridades españolas. Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local de Ceuta.
El primer testigo en comparecer en la Audiencia Nacional será el presidente ceutí, citado el próximo 30 de septiembre, y que lleva semanas denunciando que el Gobierno central no escuchó sus avisos ante una entrada inminente. El 1 de octubre será el turno del exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, quien comunicó su dimisión el pasado viernes.
Su salida se produjo después de que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, defendiera públicamente que su mano derecha no le había trasladado los avisos que había recibido del CNI el 29 de julio. Aunque, en un inicio, el responsable de comunicación prefirió marcharse sin generar más ruido, finalmente, confesó que sí había trasladado esta información a su superior.
La instructora reclama, además, al delegado del Gobierno, a Interior, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a otros organismos que remitan todas las alertas, informes, comunicaciones u órdenes de servicio en relación con la llegada de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma. La magistrada ordena que dichas alertas sean identificadas con "fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas".
La investigación pone el foco en averiguar qué falló en el lado español de la frontera. En las últimas semanas, se ha desvelado la existencia de varios avisos remitidos por el CNI y varias alertas emitidas por el CENIF sobre la inminente entrada de centenares de inmigrantes en Ceuta.
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