
Las cloacas del PSOE ofrecieron a un clan del narcotráfico archivar sus causas a cambio de «eliminar» a la juez Biedma
Impacto España Noticias
La gravedad institucional en torno a las maniobras de las denominadas cloacas del PSOE ha dado un vuelco definitivo. Cintia Rocho, líder del clan extremeño de 'Los Rochos', ha confirmado públicamente y sin paliativos.
La trama, operada por la exmilitante socialista Leire Díez —conocida como 'la fontanera'— y el exsecretario de organización Santos Cerdán, cruzó todas las líneas rojas al intentar comprar la impunidad de una organización criminal de narcotraficantes y extorsionadores a cambio de un objetivo claro: neutralizar por la fuerza a la magistrada Beatriz Biedma, encargada de instruir las causas que afectan directamente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.


En una contundente intervención en el programa El Tiempo Justo de Telecinco, Rocho ha desvelado los detalles más oscuros de la tentativa de captación.
Según su testimonio, los emisarios de la red —entre los que se encontraban un magistrado y un abogado— se acercaron a ella en el momento de mayor vulnerabilidad personal, coincidiendo con el asesinato de su marido en un tiroteo entre clanes y la trágica muerte previa de su padre. "Me mandaron la dirección de la casa de la magistrada, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas y muchísima información", ha denunciado Rocho, reconociendo que el propósito evidente era que la jueza sintiera el acoso en su propia intimidad para apartarla de la instrucción por las buenas o por las malas.
Un 'comando Badajoz' para boicotear la justicia
La oferta lanzada a la organización criminal rozaba la extorsión mafiosa: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos". La red aseguraba contar con la influencia necesaria ante la cúpula fiscal, incluyendo al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para limpiar el historial judicial de la familia a cambio de asediar a la togada.
La propia jueza Biedma formalizó una denuncia por escrito ante la Audiencia Nacional, advirtiendo de que su integridad física y la de su entorno corrían serio peligro tras constatar la filtración de sus datos privados y los movimientos de este 'comando Badajoz', en el que también habrían participado el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el letrado Jacobo Teijelo.
Ante la magnitud de los hechos, la respuesta judicial y política no se ha hecho esperar. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz instruye ya una causa general de enorme calado que salpica a pesos pesados del socialismo y del aparato del Estado, incluyendo figuras como Gaspar Zarrías, Mercedes González o Juanma Serrano.
Acusación particular ante las cloacas
La propia Biedma ha reclamado personarse como acusación particular en el procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En su escrito, la magistrada sostiene que existen indicios de actuaciones dirigidas contra ella tanto en el ámbito personal como profesional, incluyendo la obtención de información sobre su persona y su entorno, campañas de descrédito y actuaciones destinadas a intentar apartarla de procedimientos judiciales.
La jueza también puso en conocimiento del tribunal la existencia de contactos entre personas vinculadas a la presunta trama y miembros de un conocido clan dedicado al narcotráfico en Badajoz. Biedma advirtió de que el verdadero alcance y finalidad de esos contactos debe ser determinado por la investigación judicial, pero subrayó su especial gravedad si hubieran estado destinados a obtener información sobre ella, generar hostilidad o comprometer su seguridad por razón de sus funciones.
Querella criminal de VOX
El asunto resulta especialmente sensible porque Biedma fue precisamente la magistrada que investigó a David Sánchez. La UCO ya había señalado en un informe que una de las líneas de actuación de la presunta trama tenía como objetivo a la jueza, y que en ella habrían participado, entre otros, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra Páez.
Paralelamente, VOX ha formalizado una querella criminal contra los principales implicados en estas maniobras de hostigamiento y tráfico de influencias, mientras los implicados tratan de borrar pruebas digitales de una trama que amenaza con sacudir los cimientos del Ejecutivo.
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