“¡Exprópiese!”. Esta orden quedará por siempre asociada al nefasto expresidente venezolano Hugo Chávez (1999 – 2013). La pronunciaba teatralmente durante las transmisiones de televisión en vivo de su programa Aló Presidente, para decretar la confiscación sumaria de bienes e inmuebles privados. El claro objetivo de su actitud era ostentar públicamente su poder absoluto sobre las vidas y los bienes de todos los venezolanos. En otras palabras, para amedrentar.
La primera vez que recurrió a esta estrategia fue el 7 de febrero de 2010, cuando recorría caminando los alrededores de la Plaza Bolívar en Caracas. Al pasar frente a edificaciones históricas y locales privados preguntaba quiénes eran los dueños y, al confirmar que eran negocios particulares, ordenaba de inmediato su expropiación para supuestamente “recuperarlos para el pueblo”.
Aquel domingo de febrero de 2010 marcó un punto de inflexión, transformando la expropiación legal tradicional en un mecanismo político y teatral televisado, ejecutado sin debates previos ni notificaciones judiciales de ningún tipo. Y mucho menos, mediante una previa y justa indemnización.
Esa deriva culminó para Venezuela en la destrucción del Estado de Derecho, la democracia y una crisis económica y humanitaria sin precedente a nivel americano, que se extiende hasta hoy.
Un peligro que hoy acecha a España, a juzgar por lo que allí está sucediendo.
“Hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente”. Esta advertencia fue lanzada por Elma Saiz, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, en una rueda de prensa televisada posterior al Consejo de Ministros. Su dictamen estaba dirigido a los potenciales miembros del jurado popular (aún no designados), que deberán determinar la culpabilidad o inocencia de la mujer de Sánchez, acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
En España, el portavoz del gobierno es la persona encargada de trasladar a la ciudadanía la postura y los mensajes políticos del conjunto del Gabinete. Con el respaldo de la Secretaría de Estado de Comunicación, coordina los mensajes y la estrategia informativa de acuerdo con las directrices del presidente del gobierno.
Sus palabras textuales fueron: “Como Gobierno confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente”.
No hay que ser muy perspicaz para descubrir una velada amenaza de represalias desde lo más alto del poder español, hacia aquellos ciudadanos que finalmente resulten designados como jurados (nueve titulares y dos suplentes), de no acatar el sentido de “justicia” de Sánchez.
Por tanto, al igual que el “¡exprópiese!” de Chávez, esta ecuación “justicia” es igual al veredicto “Begoña inocente”, tiene por objetivo amedrentar y debilitar al Estado de Derecho y la democracia.
Una prueba de ello es que uno de los potenciales jurados –integra la lista de las 2846 personas candidatas a formar parte del tribunal que juzgará a la esposa del presidente del Gobierno– ya está angustiado de antemano y rezando para no ser elegido. Afirma: “No me gustaría, es un caso muy mediático y con mucha presión”. “El Gobierno también lleva tiempo hablando sobre el caso e intentando influenciar tanto en los jueces como en la opinión pública”.
Hostigar a la prensa y al Poder Judicial es el camino preferido de los gobernantes con tendencias autoritarias. Porque es importante tener en cuenta que, como señala Jean-François Revel en Cómo terminan las democracias (1988), éstas no suelen caer por golpes de Estado militares o invasiones violentas desde fuera, sino por su propia incapacidad para defenderse ideológicamente de sus enemigos internos y externos.
Los enemigos internos son aquellos que utilizan a la democracia para vaciarla de sustancia y dejarla como un cascarón vacío. Perduran las formas, pero carecerán de fuerza vital. Es la estrategia de los potenciales dictadores para no parecer antidemocráticos, aunque lo sean.
Lo que los hermana es que ambos son lo que Max Weber cataloga como “líderes carismáticos”. Los define como aquellos sujetos cuya autoridad emana de la devoción de sus seguidores hacia sus cualidades personales. Los incondicionales consideran a su líder un ser extraordinario.
Los líderes carismáticos prometen un cambio futuro para la sociedad y también transforman las actitudes y los valores de las personas. Por eso, la autoridad carismática es revolucionaria, a diferencia de la autoridad tradicional y la legal-racional.
Es importante lo que Weber aclara: el hecho de que un sujeto sea considerado extraordinario y tratado como dotado de características ejemplares no significa que lo sea. Son los seguidores quienes atribuyen estas cualidades a alguien. Además, la autoridad carismática es irracional, en el sentido de que no se basa en leyes escritas, normas calculadas ni en la costumbre, sino en las emociones, la fe y la devoción de sus acólitos.
Desdeña las pautas de buena conducta establecidas en su nación, porque su finalidad es modificarlas e imponer nuevas reglas de juego. A medida que estos líderes establecen un sistema carismático, pueden cambiar las normas, incluso, hacia valores opuestos a los que regían anteriormente.
No hay duda de que el liderazgo de Chávez fue nefasto para Venezuela. Daría la impresión de que el de Sánchez para España corre por un carril paralelo, aunque aún, las instituciones españolas le están ofreciendo resistencia.
El ataque verbal de Pedro Sánchez y algunos de sus ministros hacia jueces que están investigando a su entorno familiar y político más cercano, incluso ameritó un llamado de atención por parte de Isabel Perelló, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En setiembre, durante la apertura del año judicial 2026 -2027, le pidió al gobierno “lealtad institucional”. Afirmó: “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”. Asimismo, les pidió a los jueces que no cedan ante “influencias, presiones o injerencias” indebidas.
En su discurso, Perelló destacó que “el Estado de Derecho requiere un Poder Judicial independiente. Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales y que todos los ciudadanos y también poderes públicos actúen sometidos a la Ley y al Derecho”.
El problema es hasta qué punto podrán las instituciones españolas detener el deterioro del Estado de Derecho y la democracia que está impulsando Sánchez. Asusta que el Ejecutivo se atribuya la potestad de modificar valores arraigados en la sociedad española, como por ejemplo la definición de “justicia”.
En casos como este, la actitud que asuman los ciudadanos ante esa amenaza es fundamental. De eso depende que el deterioro institucional se frene, mientras aún hay tiempo para ello, o, por el contrario, se acentúe. Si se diera esta última circunstancia, allí está Venezuela como espejo en el cual vislumbrar el previsible porvenir de los españoles.
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