Impacto España Noticias
El panorama político español experimenta un vuelco decisivo tras el reciente anuncio de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La posibilidad real de articular una alternativa política y desplazar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno activa los engranajes electorales de todo el país.
Sin embargo, la inmediatez de la campaña y las promesas de futuro suelen actuar como un manto que diluye la memoria colectiva. Hoy, ante una encrucijada de tal magnitud, resulta imprescindible ejercer un ejercicio de memoria histórica reciente para analizar detalladamente la trayectoria, las decisiones y las consecuencias de la gestión de Sánchez durante estos ocho años, desglosando cada uno de los episodios que marcan este periodo. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos señalar:
La situación de Ceuta tras la invasión de más de 80.000 marroquíes – y que aún permanecen más de 10.000- evidencia una quiebra en la seguridad social y de la unidad nacional.. Los invasores, la política de apoyo a la inmigración masiva, y la gestión de la frontera terrestre sostienen un escenario de vulnerabilidad, inestabilidad y caos. Los residentes denuncian la alarmante inseguridad ciudadana que altera por completo la vida cotidiana de las familias. Las mujeres ya no pueden ir solas por la calle debido al riesgo constante de agresiones sexuales, robos, etc.
El accidente ferroviario en las inmediaciones de Adamuz se saldó con la alarmante cifra de 46 muertos por una evidente falta de mantenimiento y seguridad en las infraestructuras del Estado y permanece como un episodio de profunda opacidad institucional. A pesar de saldarse con la trágica cifra de 46 personas muertas, la investigación oficial no ha derivado en la asunción de responsabilidades políticas ni técnicas en el Ministerio de Transportes en una vergonzosa muestra de cobardía política. Las pesquisas sobre los tramos de vía férrea sustraídos siguen sin arrojar resultados claros, diluyendo la rendición de cuentas ante las familias de las víctimas.
El colapso del suministro eléctrico dejó desprotegidos a miles de ciudadanos vulnerables por culpa de una caótica y sectaria política energética. Sánchez no asume la autoría del incidente y echa la culpa de manera cobarde a las centrales nucleares, a las que previamente su propio ministerio había mandado desconectar o trabajar al mínimo de su capacidad por puros prejuicios ideológicos.
Debido a esta negligente falta de previsión, tras forzar la desconexión o el funcionamiento al mínimo de las centrales nucleares, las desconexiones masivas provocaron situaciones de desamparo absoluto, llegando a causar la muerte agónica de ciudadanos dependientes de respiradores artificiales en sus propios domicilios sin que ningún miembro del Consejo de Ministros asumiera responsabilidades por las directrices energéticas.
La gestión de las inundaciones provocadas por el temporal evidenció una cruel falta de empatía institucional por parte de la Moncloa, que prefirió el cálculo electoral a la salvación de vidas. El presidente del Gobierno central optó por inhibirse, bloquear el envío del Ejército y esperar la reacción de las administraciones locales con una frase literal que destila una soberbia inadmisible:
«Si quieren ayuda, que la pidan».
Esta postura supuso retrasos críticos en el despliegue del Ejército y los servicios de emergencia estatales en las zonas más afectadas.
La falsa compasión gubernamental hacia los damnificados por la erupción del volcán desapareció por completo en cuanto se apagaron los focos de las televisiones. El líder del Ejecutivo no ha vuelto por allí ni quiere saber nada de las promesas de reconstrucción económica que firmó ante los medios. Hoy en día, la Moncloa ignora el sufrimiento de las familias afectadas, que siguen malviviendo de forma indigna en barracones industriales y contenedores provisionales tras haberlo perdido todo a la espera de las ayudas económicas prometidas que no llegan.
La gestión de la crisis sanitaria de 2020 constituyó un fraude y un fracaso absoluto del Sistema Nacional de Salud, situando a España en los peores ratios de mortalidad de toda Europa. El Ejecutivo central justificó decisiones unilaterales, sectarias y que atentaban contra la libertad de las personas y el arresto domiciliario de la población basándose en las recomendaciones de un Comité de Expertos inventado, que realmente no existió nunca. Sanidad manipuló los datos oficiales y todavía hoy oculta el número real de víctimas mortales.
El sectarismo político de Sánchez primó sobre la vida de los españoles al permitir de forma negligente la manifestación ideológica del 8M cuando los contagios ya se encontraban disparados de forma exponencial.
El Gobierno utiliza de forma fraudulenta la normativa de memoria democrática como una vía rápida para tramitar regularizaciones masivas en el extranjero con fines puramente electorales. La instrucción administrativa del Ministerio de Justicia rebajando los requisitos técnicos regaló la nacionalidad española a miles de ciudadanos sin la necesidad de que tengan que acreditar un parentesco real o consanguíneo con los exiliados históricos, adulterando gravemente el censo de votantes.
Múltiples municipios y pequeñas corporaciones locales del entorno rural se han visto desbordadas al constatar de forma repentina que su población censada se triplicaba en cuestión de meses. Es un fraude electoral.
El gobierno de Sánchez acelera los trámites para legalizar la situación administrativa de golpe a cerca de un millón de inmigrantes que residen de forma ilegal en el país. Esta maniobra constituye una estrategia clientelar para fabricar un nuevo electorado dependiente del subsidio estatal y la fidelización del voto. Esta medida genera además un destructivo e inmediato efecto llamada que beneficia de forma directa a todas las mafias y organizaciones no gubernamentales que se lucran con el tráfico ilegal de personas.
El hackeo masivo de los dispositivos móviles del presidente y de varios ministros mediante el software espía Pegasus coincidió temporalmente con un giro radical e inconsulto en la política internacional respecto al Sáhara Occidental. Con posterioridad, el Gobierno articuló la concesión de miles de millones de euros para subvencionar empresas y explotaciones agrícolas marroquíes, introduciendo productos que carecen de estrictos controles sanitarios y que compiten en desigualdad de condiciones con el sector primario español
El marco legal que impulsan los socios separatistas y de extrema izquierda ampara abiertamente a los delincuentes que violan el derecho de propiedad privada. Con las leyes actuales del sanchismo, las trabas burocráticas y judiciales introducidas en la legislación de vivienda impiden los desalojos exprés, de forma que si se te mete una familia de okupas en tu casa, los plazos judiciales se alargan deliberadamente durante años y los intrusos te arruinarán la vida económica y familiar con total impunidad, mientras la policía contempla los hechos con las manos atadas.
La sumisión de Pedro Sánchez ante las exigencias de los líderes separatistas dinamitó el Estado de derecho y desautorizó el trabajo del Tribunal Supremo. El Ejecutivo aplicó la medida de gracia de forma arbitraria y concedió indultos gubernamentales a casi todos los golpistas implicados de forma directa en los delitos de sedición y malversación, traicionando su promesa electoral explícita de no perdonar jamás a quienes quebrantaran la Constitución.
La supervivencia del Gobierno sanchista descansa sobre la indigna alianza parlamentaria con los herederos de la banda terrorista ETA. Como pago directo por los votos de EH Bildu, el Ejecutivo entregó de forma infame la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. La coalición proetarra no tardó en utilizar este privilegio para vaciar las cárceles, aplicar terceros grados exprés y soltar a la calle a asesinos múltiples de la organización terrorista ETA antes de cumplir sus condenas.
La implantación de la conocida ley del «solo sí es sí» derivó en el mayor atentado de seguridad jurídica para las víctimas de violencia sexual en la historia contemporánea española. El sectarismo ideológico y los fallos en el diseño técnico de la norma penal permitieron la rebaja sistemática de condenas y la excarcelación imprevista de centenares de violadores. La protección se debilitó aún más ante los fallos logísticos de las pulseras de control telemático, un escenario crítico ante el cual ningún cargo político del Ministerio de Igualdad asumió la culpa.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ostenta el récord absoluto de incumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 134, que obliga a presentar anualmente las cuentas del Estado. España encadena cuatro ejercicios consecutivos sin presupuestos aprobados, lo que obliga a gobernar mediante la prórroga sistemática y artificial de cuentas anteriores, un síntoma de debilidad parlamentaria que debilita el control económico de las instituciones.
Para no extender en demasía este análisis y ante la ingente acumulación de causas pendientes, resulta obligado agrupar en este último apartado un compendio de escándalos que completan este demoledor balance
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
