Las elecciones generales serán el próximo 29 de noviembre y las encuestas llevan meses pronosticando que los dos partidos políticos que representan a la derecha (Partido Popular y Vox) lograrán la mayoría absoluta.
En Red Eléctrica son conscientes de que un cambio de gobierno no solo supondrá un cambio radical en la dirección de la empresa participada en un 20% por el Estado, sino que también afectará a la cuestión más sensible de la compañía: la desclasificación de los 9.000 archivos (conversaciones y correos electrónicos) del incidente eléctrico que llevan más de un año ocultando.
Estos documentos han sido de especial interés para el Partido Popular (PP) —que se hizo con una parte a través de la comisión de investigación en el Senado— y también para las eléctricas, que han sido señaladas —junto con el gestor— de ser responsables del apagón por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de expedientes sancionadores.
A principios de 2026, Red Eléctrica rechazó entregar los audios a la Cámara Alta argumentando que «colisionaba tal aportación con los deberes legales de confidencialidad». Sin embargo, no pudo evitar que las energéticas sí entregaran las conversaciones en las que habían participado con el gestor.
Meses más tarde, la Audiencia Nacional —que había investigado si el apagón eléctrico fue consecuencia de un sabotaje informático contra infraestructuras críticas— denegó mediante un auto el acceso de las eléctricas a los correos electrónicos y las conversaciones del día del apagón, tal y como había solicitado Red Eléctrica.
De esta forma, la empresa dirigida por Beatriz Corredor (que acumula al frente del gestor seis años y medio) logró desactivar otro intento de que se conocieran estos archivos bajo llave. Por entonces, ya se habían hecho públicos todos los informes técnicos de lo ocurrido (desde el ente europeo de Entso-E hasta el del Gobierno de España, pasando por el de la CNMC).
Hasta ahora, lo único que se ha podido conocer han sido algunos audios previos al incidente que fueron desvelados en el Senado. De las distintas grabaciones, cabe mencionar las conversaciones que mantuvieron un operador eléctrico y el gestor de la red el 7 de abril de 2025, tres semanas (21 días) antes del apagón.
«Tenemos un problemón con las tensiones, tenemos un problemón brutal», avisaron desde Endesa al gestor de la red. El operador pregunta: «¿Cuál es el problema?, ¿que hay poca demanda o mucha generación?, ¿cuál es el problema?». Desde Red Eléctrica contestan: «A ver… los intercambios y la poca generación que le da inercia al sistema».
Después de varias comunicaciones entre ambos, desde la eléctrica reflexionan: «Bueno, pues nada, yo creo que esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años, ¿sabes? Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser… el punto de inflexión, ¿sabes?».
Desde Red Eléctrica sentencian, prediciendo lo que ocurriría tres semanas después: «No, no puedes soportar esto, porque… en algún momento igual nos la damos seguro casi». Dos días antes del apagón, el 26 de abril, un operador eléctrico se puso en contacto con Red Eléctrica sobre las 16.30: «Llamaba para ver qué pasa porque estamos teniendo un montón de oscilaciones». Desde el gestor respondieron: «Sí, es por un problema de la fotovoltaica».
Paralelamente, el Congreso de los Diputados comenzó una comisión de investigación por el apagón. Ocurría después de que el Senado, con mayoría del PP, concluyera en su informe final que «Red Eléctrica había obstaculizado el acceso a la verdad, con vanas excusas con la única finalidad de impedir a la ciudadanía conocer las causas reales de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025».
En esta segunda comisión, el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, afirmó que era «fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes, de los principales agentes del sector, de la CNMC y del Gobierno. Y en consecuencia, lo que ellos habían hecho es que cada vez que se les había solicitado una información, la habían entregado toda, con detalles». Pero Red Eléctrica de nuevo se negó.
Según los asesores especializados en derecho administrativo de la Cámara Baja consultados, «cuando una comisión de investigación pide documentación y no se la envían, no tiene ninguna herramienta jurídica para poderla reclamar.
Es decir, que independientemente de lo que conteste o la razón que argumente Red Eléctrica para eventualmente no dar esos documentos, la comisión de investigación no tiene herramientas jurídicas. Por lo que, ante la negativa de Red Eléctrica a entregar la documentación, la comisión de investigación no puede hacer nada».
Red Eléctrica es, junto con Aena, Adif y Renfe, una de las compañías estratégicas sobre las que cualquier Gobierno pone el foco. El próximo Ejecutivo tendrá que afrontar dos importantes desafíos: las posibles sanciones millonarias derivadas del apagón, que podrían alcanzar los 60 millones de euros y devolver la confianza dentro del sistema eléctrico tras la batalla sin parangón entre las eléctricas y el gestor tras el cero eléctrico.
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