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La ley de nietos vuelve a generar polémica por el voto de los españoles en el extranjero. Los hijos de personas cuya nacionalización está siendo cuestionada por el Tribunal Supremo podrán votar en las próximas elecciones generales, aunque sus progenitores tengan suspendido cautelarmente el derecho al sufragio. La diferencia de tratamiento se debe a que Iustitia Europa y Vox no solicitaron expresamente que la medida se extendiera a este grupo de descendientes.
La controversia afecta a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, y a una instrucción administrativa que amplió la interpretación de los requisitos para obtener la nacionalidad española por la vía del exilio. El Supremo analiza ahora la situación de 163.020 personas cuya nacionalización está cuestionada judicialmente.
El origen del problema está en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma permite que los hijos mayores de edad de personas que hayan obtenido la nacionalidad española mediante el derecho de opción puedan solicitar también la nacionalidad.
Estos descendientes figuran en el denominado Anexo III, que reúne 195.872 expedientes e incluye asimismo a personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007. De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, este grupo representa el 54 % del total de expedientes contabilizados en ese anexo.
Sin embargo, la situación de estos hijos no está incluida en la medida cautelar que afecta a sus progenitores. Como no se solicitó específicamente su suspensión electoral en los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, sus derechos de voto no están afectados por esa resolución en los mismos términos.
La situación plantea interrogantes sobre la aplicación de la normativa, ya que algunos descendientes obtuvieron la nacionalidad precisamente por ser hijos de personas cuya propia nacionalización está siendo revisada por la Justicia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores afronta ahora la tarea de identificar a las personas afectadas por la resolución del Supremo y recopilar los datos necesarios para aplicar la medida antes de las elecciones.
El proceso avanza con dificultades. Según las cifras recogidas, a fecha de 21 de octubre se habían revisado 31.390 expedientes y expedido únicamente 91 certificados relacionados con el procedimiento.
El Supremo ha advertido de posibles consecuencias penales si no se reúne la información requerida dentro del plazo establecido. Mientras tanto, sigue sin conocerse cuántos descendientes podrían beneficiarse de la diferencia de tratamiento electoral.
Preguntado por esta cuestión, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha afirmado que «cumple y cumplirá la legislación vigente y las indicaciones de las autoridades competentes».
La controversia sobre la ley de nietos y el voto exterior mantiene así abiertas varias incógnitas jurídicas y administrativas, a la espera de que se concrete cómo se aplicará la resolución judicial en el proceso electoral.
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