El Gobierno detectó siete grietas en el voto exterior y Sánchez llega al 29-N sin cerrar una sola

El sistema de sufragio para los españoles residentes en el extranjero afronta una crisis estructural profunda a las puertas de las elecciones generales. El Gobierno de Pedro Sánchez conocía con absoluta precisión y desde hace más de un año que el procedimiento para gestionar el voto exterior presentaba graves fallas operativas y logísticas.

Distintos departamentos institucionales de primera línea, entre los que figuran el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Oficina del Censo Electoral y la propia Junta Electoral Central, poseían datos concluyentes sobre el progresivo deterioro de este mecanismo democrático, tal como señala en un excelente reportaje Isabel Durán.

La directora general de Política Interior, Carmen López García, firmó el documento oficial que destapaba las deficiencias del sistema el 30 de septiembre de 2025. El departamento que lidera el ministro Fernando Grande-Marlaska elaboró este análisis técnico, titulado «Informe CERA. Elecciones Generales 2023 y Elecciones al Parlamento Europeo 2024», en estrecha colaboración con la diplomacia española y los responsables del censo.

Las conclusiones de la propia Administración resultaron demoledoras, al calificar literalmente el procedimiento de voto exterior como un entramado «difícil de gestionar» e «ineficiente».

Esta auditoría interna constituyó la evaluación oficial del nuevo modelo de inscripción e implantación del voto para el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las Cortes Generales reformaron este procedimiento mediante la Ley Orgánica 12/2022, en vigor desde el 4 de octubre de 2022, la cual suprimió el polémico voto rogado para agilizar supuestamente la participación civil.

 Interior redactó el informe tras fiscalizar las dos primeras citas electorales de ámbito estatal bajo el nuevo marco: las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y las elecciones europeas del 9 de junio de 2024.

Los técnicos detectaron siete grietas de enorme gravedad, propusieron reformas legislativas de urgencia y exigieron su aplicación inmediata. Sin embargo, Moncloa ignoró las advertencias y mantuvo el mismo sistema defectuoso en cuatro elecciones autonómicas posteriores.

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Un análisis crítico de las siete fallas del voto exterior

La primera falla del modelo radica en la distribución geográfica de los electores en zonas de alta vulnerabilidad logística. En las elecciones de julio de 2023, un contingente de 434.044 ciudadanos con derecho a voto —cifra que equivale al 18,64 % de todo el censo CERA— residía en un centenar de países donde la documentación electoral corría un riesgo evidente de no llegar nunca a su destino.

 Los datos facilitados por la sociedad estatal Correos clasificaron sesenta y siete de estos destinos como territorios de riesgo alto y treinta y tres como zonas de riesgo medio. La precaria calidad de las bases de datos de direcciones influye directamente en que las entregas de las papeletas resulten efectivas.

La segunda grieta operativa demuestra una preocupante desconexión internacional en la trazabilidad de los envíos postales. La empresa Correos carece de mecanismos para verificar si la documentación electoral llega realmente a las manos de los destinatarios en nueve países específicos. Esta falta de control afecta directamente a una población de 348.073 electores de nacionalidad española, concentrados mayoritariamente en naciones con un peso estratégico indudable como Estados Unidos y Brasil.

El tercer fallo documenta un desperdicio masivo de recursos públicos y materiales. Durante los comicios europeos celebrados en junio de 2024, el servicio postal devolvió sin entregar un total de 475.649 envíos de documentación electoral, lo que representa aproximadamente uno de cada dos sobres emitidos. Una cifra de 12.567 cartas regresó a España con la anotación oficial de «fallecido».

El caso de Ecuador ilustra la magnitud del colapso: la firma distribuidora contratada por la Administración española solo consiguió entregar el 7,79 % de las 29.588 cartas tramitadas. El 92,21 % restante fracasó debido a la ausencia de datos básicos en el censo, como códigos postales o números de vivienda, generando un gasto estéril de 1.693.627 euros.

La cuarta grieta deja en evidencia la obsolescencia técnica de los canales de comunicación de la Oficina del Censo Electoral. Cuando un envío de papeletas postales fracasa, los funcionarios públicos carecen de herramientas digitales o telefónicas para subsanar el error o localizar al ciudadano. El informe ministerial reconoce abiertamente que ni el número de teléfono móvil ni la dirección de correo electrónico de los inscritos constan en las bases de datos del censo, impidiendo el establecimiento de un canal de alerta o de un segundo intento de entrega de la documentación.

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La quinta falla revela el carácter burocrático y disuasorio del sistema de compensación económica para los votantes del exterior. Aquellos residentes en países sin convenios de apartados postales gratuitos deben abonar previamente el importe del franqueo para poder participar.

En las generales de 2023, un total de 89.032 ciudadanos poseía el derecho al reembolso de estos gastos corrientes. No obstante, solo el 6,79 % de los afectados logró percibir la devolución. El Ejecutivo estatal gastó 33,60 euros en costes de gestión interna para poder devolver una cantidad irrisoria de 6,44 euros a cada elector solicitante.

El sexto agujero del procedimiento muestra una alarmante espiral de costes financieros vinculada a una bajada en la movilización de las urnas. La inversión pública por cada voto emitido desde el extranjero experimentó un crecimiento desmedido en menos de un año.

Mientras que cada sufragio CERA supuso un coste de 102,67 euros en las elecciones generales de 2023, el precio se disparó hasta los 214,26 euros por papeleta en las elecciones europeas de 2024. Esta ineficiencia presupuestaria coincidió con unos índices de participación exiguos, situados en el 10,04 % y el 4,75 % respectivamente.

La séptima deficiencia atañe a la rigidez cronológica del calendario de impresión de las papeletas oficiales. La normativa vigente obliga a priorizar la fabricación de los juegos de votación destinados al extranjero. A pesar de esta exigencia, la interposición de recursos jurídicos contra las candidaturas por parte de los partidos comprime los plazos de envío de forma extrema.

En el año 2023, las impugnaciones presentadas en diez provincias españolas retrasaron los talleres de imprenta hasta nueve días naturales, reduciendo drásticamente el margen de los emigrantes para recibir y reenviar sus votos a tiempo.

El impacto de la Ley de Nietos y las sospechas de fraude electoral

Las disfunciones del sistema CERA se cruzaron con una controvertida política de nacionalización impulsada en paralelo por el Palacio de la Moncloa. Al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ley de nietos, España ha vivido el mayor proceso de concesión masiva de ciudadanía en su historia contemporánea. Este aluvión de nuevas inscripciones ha colapsado las estructuras de unos consulados que ya se reconocían incapaces de gestionar eficazmente el censo preexistente.

La situación del censo foráneo se encuentra sumida en la incertidumbre jurídica de cara al 29 de noviembre. La Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene decretada una suspensión cautelar sobre los efectos de los expedientes tramitados bajo las polémicas instrucciones de la exdirectora Sofía Puente.

El Alto Tribunal adoptó esta medida cautelar ante la incapacidad de la propia Administración para aportar datos segregados que permitan distinguir entre las nacionalidades otorgadas conforme al texto de las Cortes y aquellas concedidas mediante circulares ministeriales que relajaban los controles. Esta falta de transparencia gubernamental mantiene en el aire la cifra real de ciudadanos con derecho a voto para la próxima cita nacional.

El PSOE siempre gana en el exterior

La inacción del gabinete de Pedro Sánchez ante las grietas del voto CERA adquiere una dimensión política relevante a la luz de los últimos escrutinios en el extranjero. Mientras el Ejecutivo congelaba las reformas exigidas por sus propios técnicos, el PSOE obtuvo la victoria en el voto exterior en las cuatro elecciones autonómicas celebradas desde diciembre de 2025. Este comportamiento del electorado residente fuera de las fronteras contrasta abiertamente con los resultados obtenidos en el territorio nacional, donde el Partido Popular cosechó amplios triunfos en las urnas físicas.

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En los comicios de Extremadura, el PSOE superó al PP en el voto exterior por 629 papeletas frente a 482; en Zaragoza la diferencia fue de 1.049 frente a 796; en Castilla y León se registraron 4.303 votos socialistas ante 3.281 populares; y en Andalucía la izquierda amarró 6,703 sufragios frente a los 6.307 de la oposición, invirtiendo la hegemonía que el centroderecha ostentaba en esa comunidad desde 2022.

A este escenario de debilidad estructural se suma una última y controvertida decisión del Ministerio del Interior en materia de seguridad digital. El departamento de Grande-Marlaska autorizó de manera expresa la identificación de los votantes en las mesas y en el voto por correo mediante aplicaciones móviles oficiales, pero eximiendo a los funcionarios de la obligación de escanear el código QR de verificación.

 Nueve procesos electorales consecutivos han empleado este laxo criterio de comprobación visual de las pantallas telefónicas. Al suprimir la lectura tecnológica del código QR del DNI digital o de la aplicación miDGT, las mesas electorales carecieron de medios para certificar en tiempo real la vigencia, la autenticidad y la titularidad real de los documentos exhibidos por los electores.

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