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Según fuentes policiales consultadas, el 70% de las peticiones de asilo presentadas por los inmigrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de julio se basa en una supuesta persecución por pertenecer a la comunidad LGTBI en sus países de origen. Esas mismas fuentes añaden que el 95% de los solicitantes son marroquíes y que se ha denegado el 99% de esas solicitudes nuevas. Aseguran, en cambio, que las personas LGTBI que pidieron asilo tras llegar a la península en julio «se han quedado».
La avalancha de peticiones desborda a los letrados de la ciudad autónoma. La abogada ceutí Dipika Chainani afirma que atiende entre 60 y 80 solicitudes diarias, de lunes a domingo, y que el aumento desde agosto es «una barbaridad». A su juicio, muchos solicitantes no aportan pruebas suficientes: «No cumplen el perfil de un solicitante de asilo», sostiene. Añade que a veces las dudas surgen de las propias declaraciones o de la actividad de los interesados en redes sociales.
Desde Marruecos, la abogada Sara Charia, del Colegio de Abogados de Tetuán, advierte de que no hay una prueba única que acredite la orientación sexual. Defiende un examen individualizado de cada caso, basado en entrevistas, coherencia de los testimonios y otros elementos, y pide no confundir la dificultad de probar la persecución con su inexistencia. Recuerda que la Ley 12/2009 recoge la orientación o identidad sexual como motivo para reconocer la condición de refugiado, pero que ello no da derecho automático a protección a cualquier ciudadano marroquí.
En Marruecos, el artículo 489 del Código Penal castiga las relaciones entre personas del mismo sexo, calificadas de «actos impúdicos o contra natura», con penas económicas y prisión de entre seis meses y tres años.
Entre los casos concretos figuran Ahmed y Suleiman, que entraron a nado en Ceuta el 26 de julio, días antes de la invasión de Ceuta. Aseguran que sus familias los echaron de casa por ser homosexuales. Regresaron a Marruecos tras ser hostigados por otros inmigrantes, pero antes habían pedido asilo, que les concedieron hace una semana, tras dos meses de espera. Ahora viven en Granada. «Allí vivimos con la sensación de que podemos morir a cada minuto», afirma Ahmed.
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