Recopilan los atropellos constitucionales del Gobierno en el Congreso

La degradación institucional en las Cortes Generales alcanza cotas alarmantes que amenazan directamente la separación de poderes. Un dossier confidencial redactado por un grupo de juristas de las Cortes Generales desvela una preocupante acumulación de anomalías administrativas, arbitrariedades procedimentales y arbitrantes gastos de dinero público.

 Las actuaciones bajo la presidencia de Francina Armengol al frente de la Mesa del Congreso de los Diputados transforman la sede de la soberanía nacional en un órgano sumiso a los intereses particulares del gobierno de Sánchez.

El texto titulado Cortes Confidencial: Atropellos constitucionales y otras chapuzas , destapa un patrón continuo de comportamiento que, lejos de responder a la legalidad vigente, dibuja un escenario de permanente sometimiento de la norma constitucional en favor de una red de decisiones políticas que rozan la corrupción institucional.

La impunidad que caracteriza la gestión de Francina Armengol se asienta sobre la ausencia deliberada de mecanismos internos de control eficaces dentro de la Cámara Baja. Los autores del dossier, altos funcionarios que ocultan su identidad por el temor fundado a sufrir severas represalias y censuras, denuncian la comisión sistemática de «graves infracciones constitucionales, reglamentarias y administrativas» a lo largo de la XV Legislatura.

Esta preocupante deriva parlamentaria materializa de manera exacta la advertencia que el propio Pedro Sánchez pronunció el 8 de septiembre de 2024, cuando afirmó su nítida intención de gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo». La presidencia del Congreso actúa, desde entonces, como el brazo necesario para anular el control parlamentario y justificar prácticas de despilfarro descontrolado.

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La apresurada compra de traductores y el dispendio económico sin control

El primer gran escándalo que documenta el informe jurídico se sitúa en la modificación exprés del régimen lingüístico de la Cámara Baja. La presidencia de Francina Armengol forzó la implantación de un sistema de traducción simultánea para las lenguas regionales sin disponer de una norma legal previa habilitante para ello.

 La urgencia por cumplir las exigencias de los socios separatistas del Gobierno central derivó en una gestión presupuestaria completamente opaca y desastrosa para el erario público. La Dirección de Infraestructuras ejecutó la orden política mediante la adquisición inmediata de equipos informáticos y técnicos de segunda mano y carentes de las licencias oficiales pertinentes a través de un antiguo proveedor de las Cortes.

Este episodio, conocido de manera popular como el escándalo de los pinganillos, constituye un ejemplo claro de malversación encubierta de los recursos públicos al servicio de una causa partidista. El documento elaborado por los juristas califica esta operación económica como «un dispendio de millones de euros, sin control alguno y sometido al puro arbitrio de la decisión política, sin presupuesto y sin un estudio de la posibilidad de la iniciativa y la no afectación de otros derechos e intereses».

 La Mesa de la Cámara prescindió de cualquier tipo de fiscalización administrativa, ignorando la obligatoriedad de emitir informes previos para la reforma del Reglamento del Congreso. Esta maniobra ilegal vulneró de manera flagrante tanto los artículos de la Constitución como la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional respecto al uso exclusivo de las lenguas en los organismos de competencia estatal.

La caótica tramitación de la amnistía y la ausencia total de presupuestos

El informe detallado de los altos funcionarios pone el foco en la sumisión de los servicios jurídicos del Congreso ante las leyes redactadas a la medida de los prófugos de la justicia. La gestión de la Ley de Amnistía acumuló irregularidades procedimentales sin precedentes en la historia democrática de la Cámara.

Durante este proceso, se produjo «una caótica tramitación en el Congreso de los Diputados, en la que se incluyó un rechazo por el Pleno en la votación final, sin consecuencias; se emitió por personas no identificadas un informe de admisión favorable». La manipulación de los tiempos y de las autorías de los informes jurídicos evidencia la anulación de la neutralidad de la Mesa bajo la dirección de Armengol.

A este atropello legislativo se suma una vulneración económica flagrante del orden constitucional: la prórroga sistemática e ilegal de las cuentas públicas. El Ejecutivo acumula años sin presentar el preceptivo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, una omisión consciente que la Secretaría General del Congreso silencia de forma deliberada. La pasividad cómplice de Francina Armengol impide que el Congreso de los Diputados emita informes de constitucionalidad o requerimientos formales dirigidos a exigir al Palacio de la Moncloa el cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias básicas.

Para los expertos en derecho parlamentario, resulta intolerable el hecho de que no haya existido «advertencia alguna a la Mesa o a la Presidencia de la Cámara por parte de la Secretaria General de las obligaciones constitucionales, su incumplimiento y los efectos de los citados hechos sobre el régimen parlamentario».

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El secuestro del Senado y la cesión ilegal de competencias estatales

El menosprecio a la soberanía nacional se refleja también en el boicot permanente e institucional que el Congreso de Francina Armengol ejerce contra la Cámara Alta. La presidencia de la Cámara Baja bloquea por sistema cualquier iniciativa legislativa molesta para el Gobierno de Sánchez, acumulando alrededor de 70 leyes y propuestas procedentes del Senado totalmente paralizadas en los cajones de la Mesa. El informe jurídico condena este sectarismo institucional que altera el modelo bicameral establecido en la Carta Magna.

«Esta conducta se ha producido reiteradas veces, lo que ha producido el pernicioso ejemplo de una grave infracción constitucional, por la que se ha impedido el conocimiento por el Pleno de las enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado en una absoluta vía de hecho»

Sumisión a Francia

Finalmente, el dossier de los juristas detalla otras dos graves anomalías que comprometen la soberanía nacional de España. En primer lugar, denuncia la tramitación completamente irregular de un tratado bilateral suscrito entre España y la República Francesa. Dicho acuerdo internacional incurre en la ilegalidad de permitir la asistencia activa de ministros del Gobierno francés en las sesiones ordinarias del Consejo de Ministros de España, operando de manera directa sin que exista una habilitación previa regulada en la Ley del Gobierno.

En segundo lugar, Francina Armengol permitió la delegación de las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración a la comunidad autónoma de Cataluña. La Mesa tramitó esta cesión vital de fronteras sin recabar ningún informe jurídico previo sobre una materia de exclusiva titularidad estatal que, por su propia naturaleza y de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, resulta enteramente inalienable e imposible de transferir a una autonomía.

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