Primera huelga general en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. Los sindicatos mayoritarios han decidido seguir adelante con la jornada de huelga pese a que algunas voces, como la del Partido Popular, pidieron su suspensión con motivo del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado 69 vidas.
Es la primera huelga general en la historia de España que no se convoca contra el Gobierno en ejercicio, como se han encargado de manifestar los propios dirigentes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Sánchez ha conseguido en sus ocho años de mandato ganarse el favor de los sindicatos, con quienes ha compartido discurso, escenario y hasta palabras de ánimo en momentos complicados de esta legislatura, especialmente aquellos en que los casos de corrupción arremetían contra la imagen pública del Ejecutivo y del presidente. Ni siquiera en esos momentos de zozobra Moncloa ha notado ni un ápice de presión por parte de las fuerzas sindicales.
Las buenas relaciones entre el Gobierno de Sánchez y los sindicatos se explican por varios motivos, como la fluidez en su interlocución o la priorización del Ejecutivo de los agentes sociales sobre la voz de la patronal, a la que se ha ignorado sistemáticamente a la hora de acordar medidas como la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, hay otro factor indiscutible en la alianza que han firmado UGT, CCOO y Moncloa: el económico.
Y es que los sindicatos no han vivido nunca tan bien como desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno. Solo en los dos últimos años, Moncloa ha repartido tantas subvenciones entre las fuerzas sindicales como el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en siete años de mandato: hasta 64 millones de euros. Una financiación canalizada a través del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, clave en las buenas relaciones con los agentes sociales.
Pero si tomamos en conjunto las partidas que el Consejo de Ministros ha aprobado desde que Sánchez ocupa la Presidencia, la factura de ayudas públicas a los sindicatos asciende a los 146 millones de euros. Es el presidente que más dinero ha destinado a financiar con dinero público a estas instituciones. CCOO y UGT son los principales beneficiarios de estas ayudas, ya que se reparten en función de la representatividad de los agentes sociales.
De hecho, su Gobierno tiene el récord de subvenciones anuales a sindicatos, y lo ha batido durante dos años consecutivos. En 2025, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 32 millones anuales para repartir entre los representantes de los trabajadores. Supuso prácticamente duplicar lo que se destinó el año anterior, y se pudo llevar a cabo pese a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este año, el Gobierno decidió volver a mantener las ayudas a los sindicatos en cifra récord.
Estos 32 millones de euros suponen un incremento del 263% respecto a lo que el Ejecutivo de Rajoy destinaba a estas inyecciones financieras. Con los populares en Moncloa, la partida anual para subvencionar a los sindicatos se fijó en 8.883.890 euros, una cifra que se mantuvo estable a lo largo de todo su mandato. La única excepción tuvo lugar en 2012, cuando el PP heredó el presupuesto de José Luis Rodríguez Zapatero y se fijaban 11.104.860 euros para este propósito.
Los 8,8 millones en ayudas sindicales duraron poco tiempo con Sánchez. En 2020, con la firma del pacto de coalición entre Pablo Iglesias y el líder del Partido Socialista, se impulsaron estas subvenciones hasta los 13.883.890 euros, un incremento del 56%.
En 2022, se dio un nuevo empujón a estas ayudas, elevando la partida hasta los 17 millones de euros, un 93% más que con el PP en el Gobierno. Esta cantidad se mantuvo hasta 2025, cuando prácticamente se duplicó. Los sindicatos llevan recibiendo ayudas públicas desde 1982, cuando se regularon bajo el mandato del expresidente de Unión de Centro Democrático (UCD) Leopoldo Calvo-Sotelo.
Más allá de estas ayudas, el Gobierno de Sánchez ha dedicado otros fondos a los sindicatos. Por ejemplo, en 2022 el Ministerio de Trabajo formalizó un contrato por 4,5 millones para reformar la sede del sindicato UGT en Madrid. "La urgencia de este proyecto se fundamenta en la necesidad inaplazable de realizar las obras para la optimización y redistribución de espacios en las oficinas centrales de la UGT en Avenida de América, 25 en Madrid, atendiendo a los riesgos que se podrían derivar si se demora su ejecución, dada la antigüedad de las instalaciones", señalan los pliegos del contrato.
Esta sede fue una cesión pública del Estado llevada a cabo en la primera legislatura del Gobierno de Felipe González, por lo que el propietario sigue siendo del Gobierno central.
A lo largo de estos años, los sindicatos han pasado por alto el encarecimiento progresivo de la vivienda y los alquileres. De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda pasó de estar fuera de las diez primeras preocupaciones de los españoles (puesto 16.º en 2018) a la primera posición en la actualidad. Solo la convocatoria electoral, motivada por la movilización social por la vivienda que estalló por el caso Maricarmen, ha provocado que los llamados agentes sociales muevan ficha. Aunque insisten en que no se movilizan contra el Ejecutivo.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, fue el más explícito en este sentido: "¿Pero qué coño se han creído, que somos tontos?", llegó a manifestar sobre los que cuestionan por qué no han convocado huelga contra este Gobierno, tras enumerar, entre otras razones a las pensiones y el salario mínimo. Los elogios de Álvarez hacia Sánchez han sido constantes e hiperbólicos. De hecho, llegó a manifestar públicamente que el suyo era "el mejor Gobierno de la historia de España".
Sánchez es el primer presidente que esquiva huelgas sindicales contra su gestión en la historia. Rajoy tuvo que hacer frente a dos convocadas por UGT y CCOO: una contra la reforma laboral y otra contra los ajustes económicos que impulsó en sus primeros años de mandato, con la crisis económica en pleno apogeo. Zapatero también sufrió una huelga general en 2010 en protesta contra sus medidas de austeridad, y José María Aznar padeció dos convocatorias de paros. El expresidente Felipe González llegó a sufrir hasta cuatro convocatorias de huelga general.
Los sindicatos se encuentran en estos momentos entre las instituciones peor valoradas por la ciudadanía. Así lo certifica el CIS en su último número sobre 'Calidad de la democracia', que incluye preguntas a los ciudadanos sobre su confianza en distintas instituciones públicas. Mientras que las Fuerzas Armadas y los gobiernos autonómicos son los entes más valorados, con un 6,96 y un 4,76 respectivamente, los sindicatos se encuentran entre los que menor nota obtienen de la población, con un 3,78 de puntuación.
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