El sondeo lo realiza una empresa de Juan Miguel Becerra Villa, militante del PSOE de Cádiz y antiguo colaborador directo de Paco Salazar... 'el guarro'.
La sentencia ha condenado a la editora al pago de las costas de la primera instancia. La sentencia ya es firme y el medio del imputado Ignacio Escolar ya la ha ejecutado
El Franquismo impulsó una potente política de vivienda de protección oficial entre las décadas de 1950 y 1970 para sustituir el alquiler y transformar la económica
El presidente no opera bajo las normas de la empatía, la responsabilidad institucional o el deber moral que rigen para cualquier español. Su conducta responde a una estructura mental completamente ajena al sentido común
Decía el Quijote que «de los moros no se puede esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas» . Del gobierno español puede decirse lo mismo. Sus ridículas explicaciones exonerando a toda prisa a Marruecos de cualquier responsabilidad en los gravísimos acontecimientos de Ceuta son un ejemplo más de su sospechoso entreguismo a los intereses marroquíes
La realidad es mucho más descarnada: estamos ante un auténtico golpe de Estado institucional, ejecutado en cámara lenta desde la cúspide del poder público
"Yo no he asesinado a nadie; yo he ejecutado", confesó a EL MUNDO tras cumplir 29 de prisión. Zabarte era un rostro habitual en los actos de Sare por los presos y de la EH Bildu de Arnaldo Otegi
Campoamor califica al Frente Popular como una construcción “sectaria y destructiva”, a la que describe en términos muy duros, llegando incluso a tacharla de “satánica”
Utilizar a los niños para imponer una visión ideológica o intereses electorales, además de ser ruin, no es educación, es adoctrinamiento, es manipulación
El Tribunal Supremo ha otorgado un plazo improrrogable de dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales
La suspensión cautelar afecta a quienes no han acreditado su condición de descendientes de exiliados. Iustitia Europa pide aclarar la situación de otros 35.925 registros