La Fundación Española de Abogados Cristianos exige iluminar de rojo el Congreso el 19 de noviembre para denunciar la persecución mundial contra millones de cristianos
Alega que en el país africano han sido asesinados más de 52.000 cristianos y se han destruido 18.000 iglesias. Considera que estos crímenes podrían suponer un delito de genocidio y de lesa humanidad
La acusa además de un delito de prevaricación por sus declaraciones del 1 de octubre en las que afirmó que “el síndrome postaborto no existe” y lo calificó de “bulo”
El motivo de esa obligación es evidente: su esposa, Clara Martínez de Careaga, magistrada del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió en su día un informe favorable a la constitucionalidad de esa misma ley. Este vínculo invalida cualquier apariencia de imparcialidad
La guía de Abogados Cristianos contra la cristianofobia busca reducir la infradenuncia de los delitos de odio contra los católicos en España, ofreciendo herramientas prácticas de defensa y denuncia
Un concejal del PSOE ha sido denunciado tras organizar y promocionar un concierto en el que, según los asistentes, sonaron canciones con letras explícitas sobre “coños y pollas” delante de un público en el que había decenas de niños
La gravedad del asunto no reside solo en los millones entregados sin concurso. Es escandaloso que este tipo de prácticas ocurra en una comunidad gobernada por el Partido Popular, que en teoría defiende la vida
Todo esto mientras la empresa ya había sido declarada en disolución en octubre de 2023. Además, se encontraba desde 2015 en concurso de acreedores. Pese a este historial, la Comunidad de Madrid le ha otorgado más de 400 contratos públicos en los últimos años
La denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos apunta a Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por adjudicar contratos por 600.000 euros a una empresa sancionada. El juez de Instrucción n.º 38 de Madrid ya ha iniciado diligencias
El motivo alegado por los querellantes es la implicación de su esposa, la también magistrada Clara Martínez de Careaga, quien fue vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando dicho órgano emitió un informe sobre la ley de amnistía
Miguel Ángel Gómez, cuñado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciado por un delito de tráfico de influencias por haber sido contratado por una productora audiovisual que, tras su fichaje, el Ministerio de Hacienda otorgó 16,3 millones de euros en deducciones fiscales
En concreto, le acusan de haber utilizado sus lazos familiares como hermano de Begoña Gómez para obtener beneficios fiscales por más de 16 millones de euros para la productora audiovisual en la que trabajaba, Vancouver Media
Una ilegalidad reconocida por el Gobierno que vulnera derechos fundamentales: La Basílica no pertenece al Estado, pero el Ejecutivo la quiere resignificar con la complicidad de parte de la jerarquía de la Iglesia
La clase política no está dispuesta a investigarse a sí misma. Prefieren mirar hacia otro lado antes que abrir una caja de Pandora que podría tener consecuencias devastadoras para su credibilidad
Abogados Cristianos sostiene que, si la bandera LGTB puede ser izada en edificios públicos, también debe permitirse la colocación de la bandera de la familia
La decisión fue adoptada por todos los Estados miembro… excepto España, que optó por votar en contra, prácticamente en solitario. Esta imagen —un país aislado frente al consenso europeo— es más que un símbolo: revela una brecha profunda
El grupo de los populares ha votado junto a La Izquierda, Renew, Los Verdes y los socialistas en contra de una investigación europea al PSOE por corrupción y amaño electoral. Patriotas (el grupo de VOX), el ECR y ESN han votado a favor
El regreso de las mascarillas marca un punto crítico. El Gobierno no reconoce errores. Tampoco ofrece una revisión científica transparente. Solo insiste en que la población debe obedecer
Las compañías llevan meses alertando de un problema que, lejos de resolverse, se agrava. La falta de relevo generacional, el encarecimiento del permiso de conducción profesional, las duras condiciones laborales y la desmotivación en el sector han provocado que miles de plazas queden sin cubrir
¿No les parece suficiente las corruptas OLAF y Fiscalía Europea, además de los cientos de miles de funcionarios nacionales que hacen lo mismo en los Estados miembros?