La acusación popular pide penas de hasta 33 años para los CDR procesados por terrorismo
La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y el resto de acusaciones populares han presentado ante la Audiencia Nacional su escrito de acusación en la causa abierta contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista y, en él, solicitan penas que alcanzan los 33 años de cárcel.
En el escrito, atribuye a los procesados 12 delitos de pertenencia a organización terrorista; 8 delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes de carácter terrorista; y 8 delitos de estragos, de carácter terrorista y en grado de tentativa. Cabe recordar que esta causa se ve afectada por la ley de amnistía por lo que una vez entre en vigor los procesados entrarían dentro de la misma.
En concreto, solicita para los procesados Eduardo Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás Abueso, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Joaquín Delgado penas de 33 años de prisión, mientras que para Ferrán Jolis, Xabier Biugas, David Budria y Clara Borrero interesa una pena de 8 años.
El escrito, que repasa el papel de cada uno de los procesados en las acciones investigadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6, pone el foco en el carácter "criminal" de los mismos y en que perseguían la secesión de Cataluña mediante la organización de acciones "de naturaleza delictiva-terrorista".
Según explica, esta organización era "estable y permanente en el tiempo" y estaban configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidos que se relacionaban de manera jerárquica y coordinada "mostrando una unidad en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos".
La acusación popular resalta asimismo que dentro de la organización criminal de los CDR, cada uno de los individuos procesados "estaba afiliado a una 'comisión local', desarrollando sus acciones dentro del ámbito de una localidad o pueblo y además, formaban parte de lo que se conoce como el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que surgió "para alcanzar la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluídas las violentas, tal y como ellos mismos manifestaban".
Recuerdan que ese subgrupo era "de menor tamaño y clandestino con gestión centralizada, ejercientes de un activismo reaccionario y subversivo, dispuestos a llevar a cabo, cooperar o facilitar actividades catalogadas como más radicales o sensibles".
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EL ORIGEN: EL CONFLICTO CATALÁN
Para comprender el surgimiento de estos grupos, la acusación en sus conclusiones provisionales indica que hay que buscar el origen en "el mal llamado conflicto catalán" en el que se utilizó de manera "espuria" por parte de sectores nacionalistas y de medios de comunicación las "competencias como la enseñanza (...) para generar un caldo de cultivo favorable a tesis secesionistas, que en ocasiones llegaron a comportamientos de carácter supremacista".
Esto, apunta, provocó "la radicalización de personas de diferentes contextos, que muy probablemente, a imitación de lo acontecido en otras partes de España decidieron dar el paso hacia acciones violentas".
"Se formó una corriente de grupos y grupúsculos, ya sean oficiales o extraoficiales a las autoridades políticas independentistas catalanas, que actuaron de forma organizada, coordinada y planeada para en un momento determinado, con sus acciones, subvertir el orden constitucional , alterar la paz social y crear un clima de terror e inseguridad en las calles de toda Cataluña y en especial de la capital, Barcelona", añade.
Tras repasar cada una de las acciones planificadas por los procesados, que irían desde el corte de carreteras a planificar hasta la toma del Parlament una vez proclamada la república, la acusación fundamenta que hubo delito terrorista acudiendo a jurisprudencia.
Y, de cara al juicio, solicita no solo la declaración de los acusados, sino también la testifical de hasta una decena de agentes de la Guardia Civil y varias periciales, además de adherirse a lo solicitado por el Ministerio Público.
LA LEY DE AMNISTÍA
Cabe recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado mes de noviembre penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 CDR por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando también a ocho de ellos delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.
Si bien el procedimiento sigue su curso, esta es una de las causas que se verá afectada por la proposición de ley de amnistía que está pendiente de trámite en las cámaras.
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