España enfrenta una situación crítica: cada vez resulta más evidente que el Partido Socialista ha abandonado la defensa del sistema político e institucional nacido de la Transición y ha iniciado un subrepticio proceso deconstituyente, uniendo sus fuerzas con los grupos hostiles a la democracia liberal y con quienes abiertamente defienden la desmembración de nuestro país, incluidos los herederos del terrorismo de ETA.

Un proceso que aspira a postergar y excluir de las decisiones políticas a más de la mitad de sus ciudadanos y que trata de anestesiar a la población con una sucesión vertiginosa de decisiones inadmisibles, acuerdos abyectos y justificaciones bochornosas que son sistemáticamente legitimadas por una red de medios de comunicación que actúan en abierta sincronización con el poder.

 La colonización de las instituciones y organismos públicos, la polarización de la sociedad, la exaltación mesiánica del jefe, la reducción de los adversarios a una amalgama homogénea y coordinada de intereses contrarios al pueblo, la perversión del Derecho, la utilización de los medios del Estado para pagar dádivas políticas o perseguir al discrepante, la corrupción, la desigualdad en la aplicación de la ley, el ataque al poder judicial y la deslegitimación del orden constitucional.

El señalamiento y hostigamiento a los medios críticos, la apelación a la voluntad popular por encima de las normas, la corrupción, la infantilización del discurso, rebajándolo hasta niveles hace poco inconcebibles, todo ello es propio de procesos de deconstrucción democrática.

 No podemos caer en la soberbia de pensar que lo que ha sucedido en nuestros países hermanos de ultramar no puede pasar aquí.

Por este motivo, las numerosas organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de un vibrante movimiento cívico, defensor de una España de ciudadanos libres e iguales en derechos, no atado por intereses partidistas ni limitado por diferencias ideológicas de segundo orden, sino comprometido con la defensa de una democracia plena, hemos constituido la PLATAFORMA POR LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL para coordinar todas nuestras actuaciones con un único fin:

detener el proceso de parasitación del Estado, vaciamiento de la democracia y desmantelamiento de nuestra arquitectura constitucional al que nos abocan el actual Gobierno de España y sus socios.

 Nuestra determinación en la defensa de los fines que nos unen es absoluta y vamos a utilizar todos los medios legítimos a nuestro alcance y desde todos los ámbitos, con una perseverancia y una contundencia mayores de las que pueden imaginar, para evitar que esta coalición de fuerzas contrarias al interés común de los españoles nos arrastre por la pendiente del declive al que conduce el aciago proyecto que comparten. 
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