Los auditores de la Unión Europea han hecho público su análisis sobre los presupuestos comunitarios de 2023. En estos, han detectado que algunos pagos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), con el que se financian los planes de recuperación, se efectuaron sin que estuviera claro que los países habían cumplido con los hitos y reformas comprometidos. En uno de los casos, mencionan a España.

En concreto, el informe hace referencia a una modificación en el reglamento de edificación para que se puedan instalar puntos de recarga en aparcamientos que no pertenezcan a un edificio. El hito se dio por cumplido y España recibió los fondos que tenía asignados, pero los auditores critican que el Plan de Recuperación "no especifica el alcance de la obligación, en particular el número o el porcentaje de puntos de recarga que han de instalarse. En consecuencia, cualquier modificación, aunque sea poco exigente, bastará para el cumplimiento satisfactorio del hito".

No es la única crítica que recibe el Plan por parte de los auditores. Estos ponen de relieve que "el sistema de información no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados".

El Gobierno ha puesto en marcha varias plataformas para ser más transparente sobre el destino de los fondos europeos. Sin embargo, el lenguaje burocrático de las adjudicaciones y los distintos pasos por los que se tramitan los fondos, así como su distribución a comunidades autónomas y entidades locales, complican trazar la línea que identifique los destinatarios finales de los recursos económicos.

El informe de los auditores señala que la Comisión Europea ya ha tomado nota de esto, porque ya lo subrayaron hace un año los auditores. Sin embargo, añaden que "solo afirma que los Estados miembros llevan a cabo controles regulares, pero no controla su eficacia".

"Esto es especialmente preocupante, ya que el incumplimiento de las normas nacionales y de la UE, como la contratación pública, las ayudas estatales y las normas de subvencionabilidad, prevalecen en otros programas de gasto de la UE y los sistemas de control de los Estados miembros están afectados por insuficiencias", advierten.

Esta situación no se da únicamente en España, el informe cita ejemplos en Francia y en Croacia y asegura que la validación de hitos con información insuficiente se ha producido en siete estados miembros, aunque no detalla cuáles son el resto.

En total, las "irregularidades" detectadas por los auditores ascienden a 48.000 millones de euros, correspondientes al MRR. "Los auditores hallaron pagos en los que no se cumplían todas las condiciones, así como insuficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros", resumen. "Alrededor de un tercio de estos pagos de subvenciones del MRR no cumplían las normas y condiciones", según su análisis.

Más deuda para la UE
Además de estas irregularidades, los auditores destacan que el MRR supondrá una deuda mayor de la que se estimó inicialmente para la Unión Europea. "Se calcula que los costes adicionales del endeudamiento de NextGenerationEU oscilan entre 17.000 millones y 27.000 millones de euros", estiman.

 En esta línea, señalan que "no está claro si la propuesta de recursos propios de la Comisión generará ingresos suficientes para reembolsar la deuda". Esto es debido a que el importe total de compromisos pendientes, que representan obligaciones de pago futuras si no se liberan, alcanzó un nivel sin precedentes de 543.000 millones de euros al final de 2023. Mientras tanto, la deuda de la UE alcanzó los 458.500 millones de euros el año pasado, un 32% más que en 2022.

Opinión desfavorable sobre el presupuesto
Teniendo en cuenta los hallazgos relativos al MRR, los auditores han emitido una opinión con reservas. Es decir, ligeramente más favorable que su pronunciamiento sobre el presupuesto comunitario. El informe cifra en un 5,6% el nivel de error de las cuentas.

Esto significa que en ese porcentaje se pagaron gastos que no correspondían con el presupuesto de la UE. Esa cifra es ligeramente superior a la de un año antes, del 4,2% y afecta a los 191.200 millones de euros de gasto con cargo a las cuentas de la UE.

 De estos, los auditores subrayan que son los gastos vinculados a las políticas de cohesión donde hay más errores y apuntan a la "presión temporal sobre las administraciones nacionales para que gasten el dinero procedente de fondos de la UE que compiten entre sí como posible motivo de sus dificultades para garantizar una financiación adecuada de los proyectos de cohesión".

Analizando las partidas de gasto, los auditores han detectado 12 posibles casos de fraude que han comunicado a la oficina antifraude de la UE (OLAF).

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