Las asociaciones de fiscales exigen la dimisión de García Ortiz
Desde APIF subrayan que la imputación del fiscal general «da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal»
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales han solicitado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«Ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio», señala APIF en una nota de prensa emitida este miércoles.
El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado después de que la pareja de la líder del PP de Madrid le acusara de revelación de secretos. La querella hacía alusión a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto.
Esas conversaciones se producían en medio de una investigación por supuesto fraude fiscal del demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
Desde APIF subrayan que la imputación del fiscal general «da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
Ésta es la normativa que rige la actuación del Ministerio Público. Y abundan en que «es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito».
La asociación insiste en que, una vez que se le ha atribuido «el estatuto de investigado», a su juicio, «ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público». «No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto», aseveran. Y señalan la gravedad de que puedan «dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto».
A su vez, la asociación ha solicitado modificar el estatuto para añadir un precepto para que se pueda cesar al fiscal general «cuando se siga un procedimiento penal contra él».
«No puede mantenerse en el cargo»
La Asociación de Fiscales ha expresado su preocupación por la situación judicial del máximo representante del Ministerio Público, algo que nunca había ocurrido a un fiscal general en la historia.
Aunque admiten que existe presunción de inocencia para García Ortiz, argumentan que «no puede mantenerse en el cargo» por la «dignidad de la carrera fiscal». La organización recuerda que «la institución es garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos».
La imputación del fiscal general tiene un impacto «intolerable» en la institución, según la asociación. «Los fiscales tenemos una serie de incompatibilidades específicas así como un código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad», ha asegurado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
«¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general del Estado, si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?», se ha cuestionado Dexeus. Y ha concluido que «revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible».
Eso sí, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía García Ortiz antes de convertirse en el máximo representante de la carrera fiscal, ha mostrado su «apoyo» al fiscal general ante su reciente imputación. También ha expresado su «total discrepancia» con la investigación.
Además, ha transmitido su «profunda preocupación» por la «presión» a la que se está sometiendo al fiscal general. Y ha concluido haciendo un llamado al respeto a la «presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales».
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