La documentación que ha presentado el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo señalan a un nuevo alto cargo del Gobierno: Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras del Ministerio de Transportes.

El empresario aportó un listado con varios contratos adjudicados a empresas amigas a cambio de comisiones ilegales, según su testimonio.

Uno de los contratos sufrió una modificación posterior a la adjudicación que incluía el aumento de 10,8 millones de euros al presupuesto inicial. Aldama sostiene que se desviaba «entre el 1 y el 1,5 %» de los importes para el pago de comisiones ilegales.

De todos los contratos, hay uno que llama especialmente la atención. Se trata de una obra que comenzó hace cinco años en la Autovía del Duero A-11. Concretamente en el tramo Olivares de Duero y Tudela de Duero, perteneciente a la provincia de Valladolid.

Este contrato, que inicialmente se firmó por 79 millones de euros, fue adjudicado a las constructoras San José y Avintia. La obra se adjudicó el 25 de septiembre de 2019. En ese momento, Ábalos ocupaba el cargo de ministro de Transportes y el actual jefe de Carreteras, Fernández Palomino, trabajaba como alto cargo del exministro.

 Tres años después, el 9 de septiembre de 2021, Fernández Palomino firmó el aumento de 10,8 millones de euros para este proyecto alegando «gastos extraordinarios», entre los que se encontraban «la eliminación de tierra vegetal o la inclusión del tratamiento ambiental de varias parcelas», entre otras. Desde Transportes trasladan que «se trata de bulos de Aldama».

También que "no hay nada raro en ese contrato hasta el punto que a una de las empresas, la supuestamente corrupta, no se le dio el contrato porque tenía la oferta más cara.

En las ofertas se aprecia cómo las dos ofertas más valoradas que no dependen del juicio de valor sufren un cambio significativo: la número siete y la número doce.

A la primera de ellas la otorgan 73,88 puntos y a la otra 71,50. Aquí se aprecia la diferencia una diferencia de 2,38 puntos entre las dos ofertas. Esta proporcionalidad no se aprecia en las fases posteriores del concurso ya que se aprecia cómo esos dos puntos desaparecen a lo largo del expediente.

 
Modificación del contrato

 
En total, esta documentación revela que el empresario desvió un total de 4 millones de euros para el pago de mordidas.

De ese dinero, según su declaración, 650.000 euros fueron para Ábalos, 150.000 euros para su asesor Koldo, 25.000 euros para Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y 15.000 euros para Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Aldama también ha explicado que según le confesaron varias de estas personas parte de ese dinero iba a servir para financiar campañas electorales de los socialistas.

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