La UCO sospecha que el fiscal general cambió de teléfono tras recibir un chivatazo sobre el registro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue advertido de antemano sobre el inminente registro de su despacho.

Este presunto aviso habría llevado al fiscal a cambiar de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, apenas una semana antes de que los agentes realizaran la operación, según fuentes cercanas al caso.

La proximidad de las fechas refuerza la hipótesis de que García Ortiz pudo actuar por «temor» o tras recibir un chivatazo relacionado con la incautación de dispositivos. Este cambio de móvil también coincidió con la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo sobre la presunta revelación de datos confidenciales relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso.

 Cuando la UCO finalmente tuvo acceso al dispositivo incautado durante el registro, descubrió que el terminal había sido manipulado y se habían eliminado pruebas importantes. Un análisis posterior reveló la ausencia de comunicaciones entre García Ortiz y sus subordinados durante un periodo crítico, del 8 al 14 de marzo, a pesar de que otros dispositivos incautados mostraron que existieron al menos veinte conversaciones, principalmente con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Uno de los mensajes clave hallados en el dispositivo de Rodríguez se envió el 8 de marzo. En él, tras coordinar detalles con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Rodríguez escribió a García Ortiz: «Hola, jefe. A tu disposición», obteniendo respuesta directa del fiscal general.

Las sospechas sobre una manipulación deliberada de pruebas también se vieron reforzadas por las declaraciones del fiscal del Supremo Salvador Viada, quien afirmó haber visto a García Ortiz «revisando su teléfono junto a su número dos» el mismo día del registro. Viada ratificó su testimonio el pasado 10 de diciembre, alimentando la teoría de que el fiscal general intentó ocultar comunicaciones relevantes antes de la incautación.

La investigación sigue su curso en el Tribunal Supremo, mientras los agentes de la UCO intentan esclarecer si García Ortiz recibió información privilegiada sobre la operación y si actuó para encubrir su posible implicación en la presunta revelación de secretos. Este caso, por su gravedad y alcance, plantea serias dudas sobre el manejo de la justicia en uno de los cargos más altos del sistema judicial español.

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