Víctimas de la DANA reclaman a la juez que admita la querella de Hazteoir contra responsables del Júcar

El pasado 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia fue golpeada por una devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dejó a su paso una estela de destrucción y tragedia. Con un saldo de 227 fallecidos y un desaparecido, la catástrofe ha desatado una oleada de demandas de justicia por parte de los afectados y sus familias.

En este contexto, un grupo de víctimas ha decidido unirse al recurso de apelación presentado por la asociación HazteOír, impugnando la decisión judicial que inadmitió una querella contra altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Las demandas de las víctimas
Las personas afectadas argumentan que la CHJ, bajo la presidencia de Miguel Polo, es la entidad responsable del control de avenidas y caudales en la demarcación hidrográfica, incluyendo el barranco del Poyo y el río Magro. Consideran que durante las horas críticas de la emergencia, la entidad omitió información vital y no tomó medidas adecuadas para mitigar los efectos de la catástrofe.

Uno de los principales puntos de controversia es que la exculpación de los responsables de la CHJ se habría basado en un informe elaborado por la propia entidad, sin que se llevara a cabo una investigación independiente. Esto ha llevado a los afectados a insistir en la necesidad de una revisión judicial imparcial que determine si hubo negligencia por parte de los encargados de gestionar la infraestructura hidráulica en la zona.

Califican de «inaudito» que se «excuse» a los responsables del Júcar «con la remisión de un informe exculpatorio emitido por la propia CHJ de la que son máximos responsables, sin mayor investigación».

Recuerdan las víctimas que la estructura de la Confederación del Júcar es «descomunal, gigantesca, con un presupuesto millonario y una abultada plantilla, que debe servir para algo más que para multar a los vecinos que arrancan las cañas invasoras».

Y califican como «un dislate» el «excusar su responsabilidad por el hecho de que el SAIH fuera accesible para cualquiera. Los que mejor podían interpretar los datos eran ellos». Añaden que todo ello «no significa» que otros responsables de la Conselleria, Delegación de Gobierno, Ministerio o Ayuntamientos «no tengan parte igual o mayor de responsabilidad».

Pero, agregan «parece que toda la culpa se quiere descargar en los responsables autonómicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho más allá». Y afirman que: «Los mismos argumentos que han servido para fundamentar esas imputaciones pueden sostener las de otros miembros del CECOPI», de lo que «de momento, no tenemos noticia alguna».

Querella contra miembros del Gobierno valenciano
Además del proceso contra la CHJ, más de un centenar de afectados, representados por la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, han presentado una querella contra cinco miembros del Gobierno valenciano y contra el presidente de la CHJ.

En la denuncia, los querellantes acusan a estos funcionarios de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro. Argumentan que la inacción y la falta de medidas preventivas fueron determinantes en la magnitud de la tragedia.

Citaciones judiciales y evaluación de daños
En paralelo, la jueza a cargo de la investigación sobre las inundaciones ha citado a familiares y allegados de diecisiete víctimas mortales para que comparezcan en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Esta decisión se debe a que el juzgado de Catarroja, donde se lleva a cabo la instrucción del caso, sufrió daños durante la DANA y no está operativo. En estas citaciones, también se evaluará a familiares de dos víctimas para analizar el impacto emocional y las secuelas psicológicas derivadas del desastre.

La defensa de la exconsellera de Justicia
Mientras tanto, la exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha solicitado el archivo de la causa penal abierta en su contra.

Su defensa sostiene que la tragedia fue consecuencia de un fenómeno meteorológico extremo e impredecible, y no de una negligencia administrativa. Además, argumenta que las administraciones anteriores no realizaron las obras de encauzamiento necesarias para reducir el impacto de las inundaciones, lo que habría agravado la catástrofe.

Un proceso judicial en marcha
Las acciones legales emprendidas por las víctimas reflejan la profunda indignación y la búsqueda de respuestas ante una tragedia que dejó una huella imborrable en la comunidad valenciana. La resolución de estos procesos judiciales será clave para determinar si hubo responsabilidades en la gestión de la crisis y para sentar precedentes en la prevención de futuras catástrofes de este tipo.

Mientras la investigación sigue su curso, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia, con la esperanza de que las instituciones asuman su responsabilidad y se implementen medidas efectivas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

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