El PSOE ocultó al Tribunal de Cuentas un préstamo de 1,7 millones de Unicaja en las elecciones de julio de 2023
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ocultó un préstamo de 1,7 millones de euros al Tribunal de Cuentas (TCU) en el marco de las elecciones generales celebradas en julio de 2023.
Así lo señala el último informe de fiscalización aprobado por el organismo, que concluye que la formación incumplió la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al no declarar una financiación procedente de la entidad bancaria Unicaja.
Desde el PSOE han negado cualquier responsabilidad directa, argumentando que, según el artículo 133 de la LOREG, son las entidades financieras quienes deben remitir al Tribunal la documentación correspondiente a los créditos electorales. No obstante, la ley también establece con claridad que cada partido debe presentar un desglose completo de todos sus ingresos y gastos vinculados al proceso electoral.
El mismo informe del Tribunal de Cuentas detecta otras irregularidades en la contabilidad del partido liderado por Pedro Sánchez. Entre ellas, destaca la contratación de espacios publicitarios en emisoras de televisión privadas por valor de casi 4.000 euros, algo expresamente prohibido por la normativa electoral.
Como consecuencia, se ha propuesto reducir la subvención electoral del PSOE en el doble de ese importe, es decir, cerca de 7.000 euros.
Además, se identificaron pagos fuera de plazo por más de 1.400 euros a proveedores, lo que conlleva una penalización del 10% sobre dicha cuantía. También se cuestiona la inclusión de casi 11.000 euros en gastos que no se consideran vinculados a la campaña, así como la omisión en la fiscalización de desembolsos adicionales que ascienden a unos 9.000 euros.
Pero el PSOE no es el único partido señalado. Sumar, el socio de gobierno liderado por Yolanda Díaz, también ha sido incluido en la lista de formaciones propuestas para una reducción de sus subvenciones.
Según el Tribunal, este partido realizó pagos fuera del periodo legal por más de 74.000 euros, lo que implica una deducción de casi 7.500 euros en la ayuda pública correspondiente.
En el caso de Sumar, además, el Tribunal ha rechazado como gasto electoral cerca de medio millón de euros. Dentro de esa cantidad, más de 52.000 euros no cumplen los requisitos para ser considerados como parte de los costes electorales, y otros 260.000 euros fueron insuficientemente justificados.
También se mencionan más de 500.000 euros en pagos a proveedores que ni siquiera fueron comunicados en el proceso de fiscalización.
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