El Senado rechaza investigar abusos sexuales cometidos por políticos
En un país donde la transparencia y la justicia deberían ser principios incuestionables, el Senado ha dado un paso atrás al rechazar la petición de más de 10.000 ciudadanos que exigían la elaboración de un informe sobre abusos sexuales cometidos por políticos.
La iniciativa fue presentada por un grupo de abogados cristianos tras las recientes noticias sobre presuntos abusos, como el que ha salpicado a Íñigo Errejón, aunque no es el único. Lo que se pedía era claro: aplicar el mismo rasero que se utilizó para investigar los abusos en el seno de la Iglesia. Pero el Senado dijo “no”.
¿Un estándar moral selectivo?
En su momento, los mismos partidos que ahora bloquean esta petición fueron los que alzaron la voz contra los abusos cometidos por miembros de instituciones religiosas. Se exigió justicia, visibilidad para las víctimas, y una rendición de cuentas ejemplar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué cuando las acusaciones apuntan hacia dentro del propio poder político se activa el silencio y la negativa?
La respuesta es tan incómoda como evidente: la clase política no está dispuesta a investigarse a sí misma. Prefieren mirar hacia otro lado antes que abrir una caja de Pandora que podría tener consecuencias devastadoras para su credibilidad.
¿Y las víctimas?
Al bloquear esta investigación, el Senado envía un mensaje claro: no todas las víctimas importan por igual. Si los abusos se cometen en la Iglesia, se investiga; si los abusos se cometen en el ámbito político, se entierra. ¿Es esto justicia? ¿O es pura conveniencia?
El Estado no puede pedir transparencia a unas instituciones mientras protege el oscurantismo de otras. La ética no puede ser selectiva. Si la lucha es contra los abusos, debe serlo en todos los ámbitos: Iglesias, escuelas, familias… y también en los partidos y cargos públicos.
¿Qué se está protegiendo?
Negarse a investigar deja una pregunta en el aire: ¿a quién están protegiendo? ¿Hay miedo a que salgan nombres? ¿Temor a una ola de escándalos que afecten a todas las siglas por igual? Si el problema es estructural, entonces lo más honesto —y necesario— sería enfrentarlo con todas las herramientas disponibles. No hacerlo es convertirse en cómplice por omisión.
¿Hasta cuándo vamos a callar?
El rechazo del Senado no debería ser el punto final. Debería ser el inicio de una presión ciudadana constante, de una exigencia social que recuerde que la impunidad no puede tener colores políticos. Si realmente nos importan las víctimas, no podemos permitir que este tipo de decisiones pasen desapercibidas.
La democracia se fortalece cuando se atreve a mirar sus propias sombras. Hoy, el Senado ha decidido apagarse la luz.
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