El silencio de Correos, PSOE y la sombra del fraude electoral en España

En un pequeño municipio sevillano llamado Albaida del Aljarafe comenzó a deshilacharse el velo de uno de los asuntos más turbios de la democracia española reciente: el uso presuntamente fraudulento del voto por correo en beneficio del PSOE.

Lo que parecía un caso local aislado en las elecciones municipales de 2019 se ha revelado, con el paso del tiempo, como la posible punta del iceberg de un patrón sistemático de manipulación, suplantación de identidad, promesas de empleo a cambio de votos y una cadena de custodia electoral vulnerada en la que Correos, la empresa pública encargada del proceso, ha brillado por su inacción.

Ahora, con los ecos aún frescos de las elecciones generales de 2023, las sombras sobre la limpieza del voto por correo no solo no se han disipado, sino que se han multiplicado. Y en el centro de este silencio institucional se encuentra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su amigo personal y compañero de partido, Pedro Saura, actual presidente de Correos, designado directamente por Moncloa.

El caso Albaida: un laboratorio de fraude electoral
Según una investigación de la Guardia Civil, documentada en sede judicial, casi un centenar de votos fueron emitidos sin el consentimiento de sus supuestos titulares en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de 2019.

Entre los testigos, ciudadanos que afirmaron haber entregado su DNI a cambio de una promesa de contrato público en el Ayuntamiento, con el único requisito de firmar un formulario de solicitud de voto. Uno de ellos declaró: “Me ofrecieron un contrato de un mes a cambio de firmar el impreso del voto por correo a favor del PSOE. Nunca llegué a votar. Ni a trabajar”.

En otros casos, personas mayores y dependientes reconocieron que no se desplazaron a la oficina de Correos, pero sus votos fueron igualmente emitidos. Algunos ciudadanos se enteraron de que habían votado cuando fueron citados por la juez instructora del caso. Al mostrarles la supuesta solicitud firmada, negaron rotundamente su autoría. “Yo no voto nunca. Esa firma no es mía”, declaró uno de ellos ante el juzgado, mientras la magistrada comprobaba que ni la caligrafía ni la firma coincidían con la de su DNI.

Todos estos hechos constituyen una vulneración directa de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que obliga a realizar la solicitud del voto postal de forma personal, identificándose con el DNI original ante un empleado de Correos. No se permiten intermediarios, salvo con poder notarial. Sin embargo, las pruebas apuntan a que en la oficina de Correos de Albaida se permitió la entrega de solicitudes a terceros y se ignoraron los requisitos legales.

Un patrón nacional: Almería, Melilla, Ciudad Real...
Lejos de ser un caso aislado, Albaida parece encajar en un patrón más amplio. En otras provincias como Almería, Murcia, Melilla, Tenerife o Ciudad Real, también se han abierto investigaciones judiciales por hechos similares: suplantaciones de identidad, manipulación del proceso electoral, compra de votos mediante promesas laborales o dinero en efectivo y complicidad de funcionarios locales.

En Mojácar (Almería), por ejemplo, dos candidatos del PSOE fueron detenidos tras descubrirse una trama de compra de votos por correo. En Melilla, la situación fue tan grave que la Junta Electoral suspendió parte del voto postal ante el aluvión de denuncias. El denominador común en todos estos escenarios es doble: vulnerabilidad del votante y pasividad de Correos.

Correos: una empresa pública controlada políticamente
En este contexto, resulta alarmante la actitud de Correos, pieza central en la cadena de custodia del voto por correo. A pesar de que dos de sus trabajadores fueron señalados judicialmente, y de que se prometió internamente que la empresa se personaría si se detectaba una sola irregularidad, Correos no se ha sumado a la causa judicial, ni ha abierto auditorías internas, ni ha emitido explicaciones públicas.

Este silencio tiene un fuerte componente político: Correos está bajo el control directo de Pedro Sánchez, quien colocó al frente de la empresa a su amigo y compañero de partido Pedro Saura. Saura, además de ser una figura orgánica del PSOE, fue secretario de Estado con José Luis Ábalos y presidente de Paradores, y su nombramiento al frente de Correos no respondió a criterios técnicos, sino a su cercanía personal y política con el presidente del Gobierno.

De ahí que muchos interpreten la inacción de Correos no solo como dejadez, sino como un posible encubrimiento institucional de una operación políticamente favorable al Gobierno. Una empresa que debería funcionar con neutralidad y transparencia en procesos electorales, actúa como un apéndice más del poder ejecutivo, protegida por el blindaje partidista.

Generales de 2023: más solicitudes, más sospechas
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 —convocadas de forma inesperada en plena ola de calor y vacaciones estivales— marcaron un nuevo récord de solicitudes de voto por correo: más de 2,6 millones. Y con ello, se reprodujeron las mismas sospechas e irregularidades.

Cientos de ciudadanos denunciaron no haber recibido la documentación pese a haberla solicitado a tiempo. Otros señalaron que no pudieron emitir su voto debido a colas inasumibles o al cierre de oficinas antes del horario previsto. En muchos casos, se detectaron suplantaciones de identidad, firmas que no correspondían al votante y papeletas entregadas sin autorización. La propia Junta Electoral recibió cientos de quejas formales por parte de votantes, y varias fuerzas políticas pidieron explicaciones que nunca llegaron.

A pesar de este nuevo escándalo, Correos no revisó su operativa ni activó mecanismos de revisión interna, limitándose a declarar que todo había funcionado con normalidad. Ni una auditoría, ni una investigación propia, ni un solo gesto de autocrítica. Pedro Saura no compareció públicamente, ni respondió ante el Parlamento. Una vez más, la empresa pública encargada de custodiar los votos actuó como si el problema no existiera.

Una democracia sin vigilancia, un poder sin límites
La acumulación de pruebas, testimonios y denuncias apunta a una crisis estructural en el sistema del voto por correo en España. Un sistema vulnerado por la negligencia de sus responsables, por la complicidad de quienes deben fiscalizarlo y por la colonización partidista de una empresa pública clave.

El voto es el fundamento de toda democracia. Si se pervierte el proceso, si se manipula la voluntad popular mediante la compra de votos, la falsificación de firmas o la promesa de empleo a cambio de sufragios, ya no estamos hablando de democracia, sino de otra cosa. Y cuando además la empresa encargada de proteger ese proceso está controlada por el partido en el poder, el riesgo no es solo de fraude, sino de degradación institucional a gran escala.

Mientras los jueces investigan, los votantes perjudicados esperan justicia. Correos calla. El PSOE también. Los únicos que siguen hablando son los documentos falsificados y los votos emitidos sin permiso. Papeles que delatan, pero a los que nadie quiere mirar.

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