José Antonio Marco, mano derecha de Montero, exigía pagos por WhatsApp y aumentaba sus demandas en vacaciones

La sombra de la corrupción se alarga sobre el Ministerio de Hacienda en plena tormenta política para el PSOE. José Antonio Marco Sanjuán, hasta ahora presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y uno de los hombres de confianza de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su dimisión tras ser señalado por presuntamente recibir pagos a cambio de favores en procedimientos fiscales.

La dimisión, justificada oficialmente por "motivos personales", llega en un contexto en el que varios altos cargos de Hacienda están siendo investigados por supuestas irregularidades.

Una red de favores con pagos en sobres
Las acusaciones contra Marco Sanjuán apuntan a que habría recibido más de 100.000 euros en efectivo por parte de empresarios, a quienes presuntamente favorecía anulando reclamaciones fiscales de gran cuantía desde su posición en el tribunal. Según el testimonio de un empresario implicado, el ahora dimitido presidente del TEAC no solo solicitaba el dinero, sino que lo hacía de forma directa y reiterada, usando aplicaciones de mensajería vinculadas a teléfonos del propio Ministerio de Hacienda.

"Dinero", escribía directamente en los mensajes, según relató una de las fuentes implicadas. El empresario sostiene que las exigencias económicas se intensificaban en determinadas épocas: "Cuando venían vacaciones, me pedía más", aseguró. Además, afirmó que Sanjuán no actuaba solo: "Me tienes que seguir dando porque los demás ya han cobrado todos", habría dicho el funcionario, en referencia a otros altos cargos del entorno de Hacienda que, supuestamente, también recibían parte de las cantidades.

Un esquema que se remonta a años atrás
Los presuntos cobros ilícitos no serían algo reciente. Según las informaciones disponibles, estos ya se habrían producido durante su etapa como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, mucho antes de que el actual Gobierno llegara al poder. Durante ese tiempo, anuló una sanción aduanera de 64.000 euros a la empresa Discomtes Valladolid SL, y también intervino en un procedimiento que favoreció a la Refinería Olmedo SA —vinculada a la azucarera Acor—, en el que Hacienda reclamaba más de 1,2 millones de euros.

Estos antecedentes refuerzan las sospechas de que el esquema de favores fiscales estaba bien enraizado y se habría perpetuado tras su ascenso al tribunal central.

Mensajes incriminatorios y vínculos con empresarios
Uno de los elementos más comprometedores en esta trama son las comunicaciones halladas en el móvil encriptado del empresario Víctor de Aldama. Las investigaciones revelan un contacto frecuente con Carlos Molero, jefe de gabinete de María Jesús Montero. En uno de los mensajes interceptados, Aldama solicitaba el aplazamiento de una deuda millonaria con Hacienda: “Pondríamos 250.000€ y el resto a 5 años”, proponía, mostrando una familiaridad que va más allá de la relación profesional.

Aunque no se encontraron pruebas de que Aldama contactara directamente con asesores intermedios, sí se evidenció su interlocución con figuras clave del gabinete de la ministra.

Carlos Molero, por su parte, se encuentra imputado por supuestamente facilitar ese aplazamiento de deuda. Su imputación agrava el contexto político del caso, al situar directamente a un alto funcionario del equipo de Montero en el foco de una investigación judicial.

Reacciones desde el Ministerio
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, pidió explicaciones directamente a Marco Sanjuán, tras conocer el contenido de las acusaciones publicadas. Según fuentes gubernamentales, lo hizo por orden directa de María Jesús Montero. Al no poder justificar las revelaciones conocidas, Marco Sanjuán formalizó su dimisión, que fue ratificada por el Consejo de Ministros este martes.

Pese a la gravedad de los hechos, la ministra ha defendido públicamente al exfuncionario, negando de forma tajante que existieran cobros irregulares o comisiones. En su intervención ante el Senado, calificó las acusaciones como infundadas y rechazó cualquier implicación personal o institucional.

Más casos que sacuden al PSOE
Este escándalo se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE, rodeado de otras investigaciones por presunta corrupción. El exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ha sido señalado como parte de una trama en la que se habrían cobrado comisiones a cambio de contratos públicos, junto al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, un exasesor también investigado por presuntos delitos relacionados con la contratación pública.

Otro caso que ha reabierto la polémica es el de la militante socialista Leire Díez, apodado el 'caso Fontanera'. En este, Díez habría ofrecido a empresarios, abogados e investigados por corrupción la posibilidad de entorpecer investigaciones judiciales a cambio de datos que desacreditaran a agentes de la Guardia Civil implicados en operaciones sensibles para el Gobierno.

La figura del empresario denunciante
El empresario que asegura haber pagado más de 100.000 euros en sobornos a Marco Sanjuán ha aportado un testimonio clave. “Hoy me ha llamado cinco veces”, relató, señalando el alto grado de presión y continuidad con que se le solicitaban nuevas entregas de efectivo. A pesar de su miedo a represalias, ha declarado abiertamente sobre el modus operandi del entonces presidente del TEAC, describiendo con detalle cómo se desarrollaban los intercambios y las justificaciones que Sanjuán le daba para seguir exigiendo dinero.

¿Crisis institucional o caso aislado?
Las consecuencias de estas revelaciones aún están por verse. La posible existencia de una red organizada dentro del Ministerio de Hacienda para beneficiar a empresarios afines, a cambio de compensaciones económicas, supone un grave golpe a la credibilidad institucional del Gobierno. Aun así, desde Moncloa se insiste en que se trata de casos aislados y no de un problema estructural.

Por el momento, la Justicia continúa su curso, con nuevos datos apareciendo en dispositivos incautados, testimonios de empresarios y la presión pública aumentando sobre los cargos políticos vinculados.

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