Impacto España Noticias
Una compleja red de conexiones familiares, políticas y empresariales ha comenzado a rodear a destacados dirigentes socialistas en Navarra, salpicando incluso a miembros del círculo cercano de la presidenta foral, María Chivite. La aparición de adjudicaciones multimillonarias, subvenciones públicas y presuntas relaciones con figuras investigadas por la Guardia Civil en el marco de una supuesta trama de cobro de comisiones ha desatado una tormenta política de largo alcance.
Un nombre en el centro: Óscar Chivite
Desde agosto de 2023, el Gobierno de Navarra cuenta con un nuevo consejero de Cohesión Territorial: Óscar Chivite, tío de la presidenta María Chivite. Su nombramiento, si bien fue legal, no estuvo exento de controversia debido a la relación de parentesco, dado que su departamento gestiona importantes partidas de inversión en infraestructuras, transporte y fondos europeos.
Antes de asumir el cargo, Óscar Chivite figuró como administrador único de la empresa Lauburu SL, una compañía que, pese a su modesto perfil público, ha mantenido contratos o relaciones comerciales con firmas de gran peso como Acciona. Esta última se encuentra ahora en el centro de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras detectar presuntas irregularidades en numerosas adjudicaciones públicas a lo largo del país.
Uno de los puntos de fricción en esta historia es que Lauburu SL recibió una subvención de 12.000 euros del Estado apenas tres meses antes, en el marco del Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. Esta ayuda, canalizada a través del ente público Red.es, fue otorgada mientras la empresa aún arrastraba conexiones directas con el hoy consejero, que renunció a su cargo en la empresa un mes después de su toma de posesión en el Gobierno.
Una adjudicación bajo lupa: el túnel de Belate
Uno de los hechos más controvertidos tuvo lugar en diciembre de 2023, apenas cuatro meses después del nombramiento de Óscar Chivite. La Consejería de Cohesión Territorial adjudicó por 76 millones de euros la obra de duplicación del túnel de Belate —la mayor infraestructura pública navarra en una década— a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Acciona y Servinabar 2000.
La decisión fue formalizada por el director general de Obras Públicas e Infraestructuras, Pedro Andrés López Vera, dependiente jerárquico de Chivite. No obstante, la adjudicación no fue unánime ni pacífica dentro del propio proceso administrativo. Hasta tres miembros de la mesa de contratación advirtieron sobre presuntas irregularidades en la valoración de las ofertas, señalando una falta de motivación técnica en los informes que avalaron la adjudicación.
Uno de los votos particulares, emitido por el vocal representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra, destacó que la propuesta seleccionada carecía de justificación objetiva conforme al artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El dictamen advertía de la ausencia de razonamiento argumentativo, limitándose a descripciones vagas sin establecer comparaciones sólidas entre las propuestas presentadas por las distintas empresas licitadoras.
Otro de los interventores subrayó la "falta de lógica argumentativa" y la "ausencia de criterios valorativos", poniendo en duda la validez del proceso de adjudicación. A pesar de ello, el Gobierno de Navarra defendió públicamente la legalidad del procedimiento. La propia presidenta María Chivite sostuvo que “se está intentando ensuciar una licitación que es plenamente legal”.
El rastro de Servinabar y sus conexiones con la trama nacional
La sombra se extiende más allá de Navarra. La empresa Servinabar 2000, copartícipe en la UTE ganadora de la obra del túnel, aparece en las investigaciones de la Guardia Civil como una de las piezas clave de una presunta red de corrupción vinculada a contrataciones públicas, que salpica a figuras relevantes del PSOE a nivel nacional, entre ellas Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Según fuentes judiciales, Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador de Servinabar, es señalado como presunto pagador de comisiones dentro de esta red, y mantiene una estrecha relación tanto con Cerdán como con Koldo García. En conversaciones de WhatsApp intervenidas por la UCO, se constata la familiaridad entre los implicados: Koldo informa a su esposa de que Cerdán y Antxón están "de fiesta en fiesta gastándose la pasta" en Madrid.
Este hallazgo, sumado a la adjudicación navarra y al nexo empresarial entre Acciona y el entorno del consejero Óscar Chivite, ha incrementado la presión política en la comunidad foral.
Reacción política e institucional: ¿comisión de investigación?
El Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra para esclarecer los hechos, con especial atención a la adjudicación del túnel de Belate y las conexiones con las empresas implicadas en la trama nacional. No obstante, la Mesa de la Cámara ha pospuesto cualquier debate al respecto hasta septiembre, lo que ha generado malestar en parte de la oposición.
Las formaciones críticas acusan al Gobierno foral de falta de transparencia y opacidad institucional, y piden explicaciones tanto a la presidenta Chivite como a su consejero. A medida que avanzan las investigaciones de la Guardia Civil y la documentación sigue saliendo a la luz, se espera que el escándalo adquiera una dimensión política aún mayor, con posibles repercusiones judiciales.
Entre la legalidad y la sombra de la sospecha
Aunque las actuaciones administrativas pueden haber respetado formalmente los procedimientos legales, la suma de vínculos personales, decisiones de alto impacto económico y alertas internas ignoradas está generando una fuerte erosión de confianza en la gestión del Gobierno de Navarra. La cercanía de los protagonistas con el núcleo del poder socialista, tanto en Navarra como en el ámbito estatal, alimenta la percepción de que ciertos actores han operado bajo un manto de impunidad institucional.
El desarrollo de los próximos meses será clave para determinar si estamos ante una serie de coincidencias desafortunadas o ante una trama estructural de connivencia político-empresarial, con implicaciones más allá del ámbito foral.
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