María Chivite contrató dos veces a la empresa de su tío

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (PSN-PSOE), se encuentra en el centro de una creciente polémica tras conocerse que dos contratos públicos fueron adjudicados a Lauburu SL, una empresa estrechamente ligada a su tío, Óscar Chivite, quien además ha ocupado cargos de relevancia institucional dentro del propio Ejecutivo foral. Esta situación ha desatado acusaciones de nepotismo y conflicto de intereses, comprometiendo no solo la imagen del gobierno autonómico, sino también su estabilidad política.

Contratos a Lauburu SL: cronología y cifras
Lauburu SL es una empresa dedicada a servicios de calderería industrial y trabajos metálicos, especialmente para instalaciones vinculadas al saneamiento de aguas. Entre 2021 y 2024, recibió dos contratos de administraciones públicas navarras, sumando un total de 199.811,6 euros (sin IVA), lo que con el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 241.772,03 euros.

1. Acuerdo marco de 2021 (NILSA)
El primer contrato se adjudicó en 2021. Fue un acuerdo marco trianual para la prestación de servicios de calderería en instalaciones de depuración de aguas residuales, convocado por Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), sociedad pública del Gobierno de Navarra. El contrato no garantizaba ingresos fijos a las empresas adjudicatarias, pero fijaba un presupuesto base de 162.290 euros anuales (sin IVA) y un período de ejecución de dos años prorrogable hasta cuatro.

Junto a Lauburu SL, también fueron seleccionadas Mansutec II SLU y Sadar SL, tras una valoración técnica y económica. En el apartado económico, Lauburu obtuvo 66,28 puntos, frente a los 100 de Mansutec II SLU y los 63,60 de Sadar SL, según consta en el acta de la Mesa de Contratación del 22 de junio de 2021.

2. Contrato de 2024 (Mancomunidad de Montejurra)
El segundo contrato, adjudicado el 9 de febrero de 2024, fue promovido por la Mancomunidad de Montejurra y tuvo por objeto el suministro e instalación de barandillas de seguridad en seis decantadores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Estella-Lizarra. El presupuesto base fue de 45.000 euros sin IVA, pero Lauburu SL resultó adjudicataria tras presentar una oferta por 37.521,60 euros, con una baja del 16,62%.

La empresa obtuvo 36,62 puntos por su propuesta económica, alcanzando una puntuación global de 76,62 puntos, y fue la única que cumplió con los requisitos técnicos establecidos en el pliego.

Óscar Chivite: empresario y alto cargo foral
El elemento más delicado del caso es la doble vinculación de Óscar Chivite con la empresa y el Gobierno de Navarra.

Hasta el 11 de septiembre de 2023, fue administrador único de Lauburu SL. Sin embargo, desde el 18 de agosto de 2023, asumió el cargo de consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, convirtiéndose automáticamente en presidente de NILSA, la entidad que gestionó el acuerdo marco de 2021 y donde Lauburu fue una de las adjudicatarias.

Este solapamiento entre funciones empresariales y públicas genera sospechas de un potencial conflicto de intereses, especialmente si el contrato de NILSA fue prorrogado en fechas coincidentes con su rol como consejero. Si así fuera, habría existido una situación administrativa en la que el propio Óscar Chivite habría mantenido simultáneamente poder de decisión institucional y control sobre una empresa adjudicataria, algo expresamente prohibido por las leyes de incompatibilidades.

Impacto España Noticias ha tenido acceso a documentación parcial que sugiere que dicha prórroga pudo haberse tramitado en ese período, aunque los documentos clave aún no han sido publicados ni aportados por el Ejecutivo navarro.

Entidades implicadas: NILSA y Montejurra
NILSA: Sociedad pública bajo tutela directa

NILSA, como sociedad pública, depende orgánicamente del Gobierno de Navarra. Su presidente es designado directamente por el Ejecutivo, y en 2021 ese cargo estaba en manos de Bernardo Ciriza, también del PSN-PSOE. Desde agosto de 2023, Óscar Chivite ocupa esa presidencia.

La cercanía orgánica y política de NILSA con el Gobierno de Chivite refuerza la impresión de opacidad y concentración de poder, ya que las decisiones estratégicas pasan por órganos dirigidos por el mismo entorno político que lidera el Ejecutivo.

Mancomunidad de Montejurra: autonomía formal, dependencia estructural
Aunque la Mancomunidad de Montejurra funciona como una entidad autónoma conformada por representantes municipales, su operativa depende en gran medida de la financiación, planificación y supervisión del Gobierno foral. En 2024, su presidenta era Susana Castanera, también del PSN-PSOE, lo que refuerza la continuidad política entre los niveles institucionales implicados en la adjudicación.

La presidencia de la mancomunidad se elige en asamblea entre alcaldes y concejales de la zona, pero la predominancia socialista en los municipios permite al PSN-PSOE ejercer un peso considerable en estas votaciones, generando una estructura de gobernanza donde los niveles local y autonómico están políticamente alineados.

Apoyo financiero público a Lauburu SL
Además de los contratos mencionados, Lauburu SL ha recibido importantes ayudas públicas a lo largo de los últimos años:

208.000 euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO):

72.000 € en marzo de 2021
136.000 € en abril de 2022
12.358,77 euros en subvenciones:

12.000 € del Programa Kit Digital en 2025
358,77 € por sobrecostes energéticos en 2022

Estos apoyos, si bien están enmarcados en programas nacionales y europeos, refuerzan la impresión de trato favorable y proximidad al poder institucional, sobre todo al sumarse a los contratos adjudicados por entidades públicas vinculadas directamente al Gobierno de Navarra.

El silencio institucional y la presión política
Hasta la fecha, el Gobierno de María Chivite no ha ofrecido explicaciones completas sobre el caso. Las preguntas clave —¿se prorrogó el contrato de NILSA durante el periodo en que Óscar Chivite fue simultáneamente administrador único de Lauburu y consejero? ¿Qué medidas de control ético se aplicaron?— no han recibido respuesta oficial.

Sí se ha producido un movimiento político significativo: la dimisión de Ramón Alzórriz como secretario de Organización del PSN-PSOE, aunque María Chivite ha evitado asumir responsabilidad directa, manteniendo su cargo y defendiendo la legalidad de las adjudicaciones.

¿fin de la era Chivite?
Este caso ha puesto sobre la mesa las deficiencias en el control de incompatibilidades, la transparencia en la contratación pública y la supervisión ética del poder ejecutivo. Aunque de momento no se ha demostrado ilegalidad en los procesos de adjudicación, la coincidencia temporal de cargos, la vinculación familiar y la opacidad administrativa generan una grave erosión de confianza pública.

De confirmarse la prórroga del contrato durante el periodo en que Óscar Chivite era consejero y administrador de Lauburu, estaríamos ante un conflicto de intereses directo, posiblemente contrario a la Ley Foral 8/2011 de Incompatibilidades de Altos Cargos.

La presión política y mediática continúa creciendo, y será fundamental que tanto el Parlamento de Navarra como los órganos fiscalizadores y judiciales actúen con celeridad para esclarecer los hechos y garantizar la integridad institucional.

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