Puente subvencionó con 40M las obras de Navarra concedidas a la empresa de Cerdán
La adjudicación del nuevo túnel de Belate se formalizó apenas cuatro meses después de que Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra, asumiera la dirección de la Consejería de Cohesión Territorial
El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, aprobó en octubre de 2024 una subvención de 40 millones de euros destinada a financiar las obras de modernización y acondicionamiento de los túneles de Belate y Almandoz, en la Comunidad Foral de Navarra. La medida, articulada mediante un Real Decreto, ha generado una creciente controversia al estar relacionada con un contrato adjudicado a una empresa participada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La empresa en cuestión, Servinabar 2000 S.L., obtuvo junto a Acciona y Excavaciones Fermín Osés —en forma de UTE— el contrato más cuantioso de la última década en Navarra: 76 millones de euros por la ejecución de las obras del nuevo túnel de Belate. La adjudicación, realizada por el Gobierno foral presidido por María Chivite, despertó críticas y disconformidad incluso entre los técnicos que formaron parte de la mesa de contratación.
Votos particulares y advertencias internas
Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares expresando serias dudas sobre la legalidad y el rigor técnico del proceso. Dos letrados y un interventor advirtieron sobre posibles “indicios de arbitrariedad” en la evaluación de las ofertas.
Cuestionaron la falta de motivación del informe técnico, así como la supuesta solvencia de la UTE ganadora. En sus observaciones, alertaron de que las puntuaciones asignadas no se justificaban adecuadamente y que el informe de evaluación carecía de lógica argumentativa y criterios homogéneos para comparar las propuestas presentadas.
Uno de ellos, el vocal interventor Jesús Muñoz, destacó en su escrito que el documento técnico “no expone las razones que justifican las puntuaciones ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras”, y que más bien se trataba de una “mera descripción” de los contenidos ofertados por las distintas empresas.
Vínculos societarios y presencia política
La controversia se intensifica al saberse que Santos Cerdán, destacado dirigente del PSOE, posee el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, según consta en documentación intervenida por la Guardia Civil. La relación entre Cerdán y la dirección de la empresa se remonta a varios años, antes incluso de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
Al frente de Servinabar se encuentra Joseba Antxon Alonso Egurrola, a quien los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan como enlace entre Cerdán y Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Alonso, según consta en diligencias recogidas por la UCO, figura como una pieza clave en una presunta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de obra pública y al pago de comisiones.
Entre los documentos incautados figura un pago de 4.500 euros realizado por Servinabar a Tatiana Ábalos, hija del exministro de Transportes, una operación gestionada presuntamente por el propio Cerdán. Además, en conversaciones intervenidas, Koldo García se queja en privado de que Alonso y Cerdán “están en Madrid de fiesta en fiesta gastándose la pasta”.
La subvención ministerial, un paso clave
La ayuda de 40 millones fue propuesta originalmente por la entonces ministra Raquel Sánchez en julio de 2023, siendo aprobada por el Consejo de Ministros para financiar la modernización de los túneles navarros. Sin embargo, la ayuda no llegó a ejecutarse durante su mandato, debido —según Transportes— a “las particularidades de la coyuntura política y presupuestaria del año 2023”.
La iniciativa fue finalmente recuperada por el equipo de Óscar Puente, que al asumir la cartera de Transportes impulsó su aprobación definitiva mediante Real Decreto en octubre de 2024. El reparto previsto contempla 5 millones en 2024, 15 millones en 2025 y 20 millones en 2026.
Pese a la aparente desvinculación entre la concesión del contrato y la posterior ayuda estatal, lo cierto es que la subvención está destinada directamente a las obras ejecutadas por la misma UTE que recibió el polémico contrato, lo que ha provocado nuevas críticas por la coincidencia temporal y política entre los actores involucrados.
Reacción institucional y silencio del Ministerio
En enero de 2024, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, registró una pregunta escrita en el Congreso dirigida al Gobierno, alertando de las irregularidades detectadas por los técnicos de contratación y cuestionando si existían otros procesos similares con discrepancias jurídicas en Navarra.
En su respuesta, el Ministerio de Transportes, ya bajo la dirección de Puente, se limitó a indicar que la licitación y adjudicación eran competencia exclusiva del Gobierno de Navarra. No se hizo alusión a las dudas técnicas ni a los informes de la UCO sobre las posibles conexiones entre los adjudicatarios y responsables políticos.
La justicia toma cartas en el asunto
La trama que gira en torno a Cerdán, Ábalos y Koldo García está siendo objeto de una investigación judicial en curso. La UCO considera a Servinabar una de las empresas presuntamente utilizadas para canalizar pagos irregulares y comisiones a cambio de contratos públicos.
La documentación recabada hasta ahora ha sido remitida al Tribunal Supremo, donde el próximo 7 de julio deberá declarar Joseba Antxon Alonso como investigado.
Mientras tanto, el propio Cerdán se interesó por este expediente en una pregunta parlamentaria presentada en mayo de 2025, cuando ya se conocía el informe de la Guardia Civil que lo vinculaba a la trama. Solicitó información sobre el importe exacto transferido a Navarra para las obras en los túneles de Belate y Almandoz.
Una obra bajo sospecha
La adjudicación del nuevo túnel de Belate se formalizó apenas cuatro meses después de que Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra, asumiera la dirección de la Consejería de Cohesión Territorial. El contexto familiar, las advertencias técnicas, las conexiones empresariales y políticas, y la posterior inyección de fondos estatales, componen un entramado que levanta dudas tanto en el plano político como en el judicial.
Mientras la obra avanza y se distribuyen los tramos de la subvención aprobada, el foco mediático y jurídico se intensifica sobre la legalidad y legitimidad de esta operación pública. El caso amenaza con convertirse en uno de los principales escándalos de adjudicación de obra pública de la legislatura.
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