Armengol pagó 12,7 millones a empresas de la trama por obras inacabadas

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparece este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, arrastrando un complejo historial de adjudicaciones públicas bajo sospecha durante su etapa al frente del Govern balear. Su gestión al mando del Ejecutivo autonómico entre 2015 y 2023 ha quedado vinculada a pagos por valor de 12,7 millones de euros a dos compañías implicadas en la red investigada por corrupción: Levantina, Ingeniería y Construcción, y Soluciones de Gestión.

Obras millonarias sin terminar y contratos bajo la lupa
En febrero de 2022, la entonces consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago Rodríguez (Més per Mallorca), formalizó la adjudicación de un contrato por más de 9 millones de euros a Levantina para la construcción de un centro de larga estancia para personas mayores en el complejo sanitario de Son Dureta, en Palma. La obra, financiada con fondos públicos, debía estar finalizada en septiembre de 2023.

Sin embargo, el proyecto acumuló retrasos considerables, y en agosto del mismo año —ya con Marga Prohens al frente del Govern—, la empresa solicitó una prórroga de tres meses y medio. La ampliación fue concedida, trasladando el plazo de finalización al 29 de diciembre. Aun así, Levantina volvió a solicitar una segunda prórroga, esta vez de seis meses adicionales, alegando problemas logísticos y financieros.

Entre los argumentos presentados por la empresa se incluían actos de vandalismo, como el robo de cableado y daños a maquinaria, así como la escasez de materiales y mano de obra derivada de la guerra en Ucrania. También reconocieron una deuda pendiente con proveedores de más de 1,6 millones de euros. Finalmente, el nuevo Ejecutivo balear optó por rescindir el contrato, después de constatar que el 38% de la obra seguía pendiente de ejecución.

Mascarillas defectuosas por 3,7 millones de euros
A este episodio se suma otro contrato polémico firmado durante la pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa intermediada por Víctor de Aldama, uno de los presuntos comisionistas de la red. En 2020, la Consejería de Salud balear adquirió a esta compañía 1,4 millones de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros, mediante un procedimiento de emergencia.

Según los documentos oficiales, la compra se destinaba a cubrir las necesidades de protección del personal sanitario y de entidades sociales durante la crisis sanitaria. Sin embargo, un informe posterior del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) concluyó que el material no cumplía los requisitos mínimos de filtración exigidos para ser catalogado como FFP2. A pesar de ello, el Govern no anuló el contrato ni solicitó una compensación inmediata. Las mascarillas permanecieron almacenadas durante tres años, y no fue hasta la antesala de las elecciones autonómicas cuando se inició el proceso de reclamación.

En otro hecho llamativo, el Ejecutivo de Armengol llegó a emitir un certificado oficial que avalaba a Soluciones de Gestión como empresa fiable para la contratación pública, a pesar de que el material adquirido nunca fue utilizado y la compañía estaba ya bajo sospecha por sus vínculos con Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.

Vínculos personales y contradicciones en sede parlamentaria
El avance de la investigación judicial ha revelado vínculos más estrechos entre Francina Armengol y algunos de los principales actores de la trama. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, José Ruz, empresario al frente de Levantina, mantenía una relación cercana con Koldo García, a quien pagaba 2.600 euros mensuales mediante un intermediario. Ruz también habría visitado en repetidas ocasiones el domicilio de Ábalos, entonces ministro de Transportes.

El origen de esta red de relaciones se remonta al año 2019, cuando Ruz fue introducido en el entorno ministerial por Víctor de Aldama, quien reconoció ante el Tribunal Supremo haber cobrado 77.500 euros en comisiones por contratos públicos obtenidos durante la pandemia. En mensajes interceptados por la Guardia Civil, Koldo mantiene una comunicación fluida y familiar con Armengol. En uno de ellos, cinco días después de la firma del certificado que avalaba a Soluciones de Gestión, le escribió: “Cariño, te mantengo informada”, en agradecimiento por haberle facilitado el teléfono personal de la entonces consejera de Salud.

Durante una comparecencia previa en el Senado, Armengol aseguró no conocer a Aldama, declaración que tuvo que matizar posteriormente al reconocer que se había reunido con él como representante de Globalia, en un encuentro relacionado con cuestiones turísticas. También afirmó que las mascarillas defectuosas se habían adquirido para uso civil, contradiciendo el contenido explícito de la resolución firmada por el director del Servicio Balear de Salud, Juli Fuster, que especificaba su destino para el uso sanitario profesional.

Una comparecencia clave
La intervención de Francina Armengol ante la Comisión de Investigación promete ser una de las más relevantes del proceso. En juego no solo está su reputación política como expresidenta autonómica, sino también su credibilidad como actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado.

El caso Koldo ha salpicado ya a varias figuras del PSOE, entre ellas a Óscar Puente —actual ministro de Transportes—, quien también adjudicó contratos a empresas vinculadas a esta red durante su etapa como alcalde de Valladolid. Ahora, con la comparecencia de Armengol, el foco se centra en esclarecer hasta qué punto existió una red de favores y contrataciones opacas durante los meses más críticos de la pandemia, y cuál fue el verdadero grado de implicación política de quienes hoy ocupan puestos clave en las instituciones.

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