Dos de los marroquís acusados por asesinar a los guardias civiles en Barbate, en libertad tras pagar fianza
Desde Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, alertan de que "la libertad provisional de los detenidos por el caso Barbate puede lanzar un peligroso mensaje de impunidad"
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictado un auto en el que acuerda la libertad provisional, tras el pago de una fianza de 25.000 euros, para dos marroquíes acusados que permanecían en prisión por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024.
De este modo, en el caso de los dos detenidos en noviembre de 2024 la Fiscalía no se opuso a que fueran puestos en libertad bajo fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, tras lo que el juez dictó un auto el pasado 4 de julio acordando la libertad bajo el pago de esas fianzas.
Este miércoles ambas fianzas fueron abonadas, por lo que Mohamed Laachiri y Yassine El Morabe han sido puestos en libertad provisional con la imposición de varias medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. En el caso del acusado detenido en mayo de 2025 el juez ha desestimado la petición de libertad.
Tras el asesinato de los dos guardia civiles, el 19 de septiembre de 2024 se detuvo al piloto de la narcolancha que presuntamente embistió a la zodiac de la Guardia Civil, el súbdito marroquí Karim El Baqqali, y el 8 de noviembre del mismo año otros dos de los tripulantes, también de nacionalidad marroquí. El último, fue detenido el pasado mes de mayo.
"Mensaje peligroso de impunidad"
Desde Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, alertan de que "la libertad provisional de los detenidos por el caso Barbate puede lanzar un peligroso mensaje de impunidad". Además, consideran que casos como este ponen de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR impulsado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Y es que, según Ernesto Vilariño, el secretario general de la asociación, su desaparición "ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa".
Hay que recordar que Jucil se personó como acusación popular - ahora unificada- y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los brutales hechos del ‘caso Barbate’. Ante esta libertad provisional bajo fianza de los detenidos y presuntos asesinos y su salida de la prisión Puerto II, a la que todas las acusaciones personadas se han opuesto, "trasladamos que esta medida nos causa un profundo dolor, tanto a nosotros como a los miembros del Cuerpo y las familias de las víctimas", traslada su secretario.
"No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar", ha expresado. Además subraya que "el narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha. Desde JUCIL exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen", concluye.
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