Red de explotación y violencia: los prostíbulos vinculados a la familia política de Begoña Gómez

Una serie de sentencias firmes dictadas por tribunales españoles a lo largo de los últimos 25 años han revelado un oscuro entramado de prostitución forzada, trata de mujeres y tráfico de drogas en varios establecimientos que fueron gestionados durante décadas por la familia política de Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos locales, que operaban formalmente como saunas o clubes, se convirtieron en escenarios de cruda explotación sexual y de actividades delictivas de extrema gravedad.

Saunas, clubes y un patrón de violencia
Los hechos judicializados no son aislados ni de escasa entidad. Se trata de seis sentencias que describen con detalle las prácticas ilícitas desarrolladas en distintos locales ubicados en Madrid, Segovia y otras zonas, en los que se forzaba a mujeres —principalmente extranjeras y en situación irregular— a prostituirse en condiciones inhumanas.

Uno de los casos más impactantes tiene lugar en el hostal conocido como Kilómetro Ochenta, ubicado en la localidad segoviana de Ituero y Lama. En una sentencia dictada en 2015 por la Audiencia Provincial de Ávila, se acreditó cómo tres individuos captaban a mujeres pobres en Rumanía, las trasladaban a España y las confinaban en el establecimiento para explotarlas sexualmente. Uno de los condenados, que ejercía funciones de encargado del local, vigilaba a las mujeres, las encerraba en habitaciones y controlaba los beneficios económicos de cada acto sexual.

La resolución judicial detalla el sufrimiento de una de las víctimas, sometida a violaciones sistemáticas y obligada a mantener relaciones sexuales sin preservativo —incluyendo durante su menstruación— mientras era vigilada por otro de los agresores con un palo en la mano. La joven era explotada de forma ininterrumpida desde la tarde hasta la madrugada. Por cada servicio sexual, los clientes abonaban 40 euros, de los cuales ella solo percibía la mitad. El resto se lo quedaban sus explotadores. Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez revelaron un ambiente de brutalidad extrema: frases como “si se va, la reviento” o “la encierro si me toca los cojones” eran habituales en las conversaciones entre los acusados.

Además de los abusos sexuales, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sancionó en 2007 al mismo local con una multa superior a los 66.000 euros por emplear a once mujeres extranjeras sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La empresa trató de alegar que se trataba de clientas, pero la justicia desestimó esa defensa al probar que las mujeres ejercían la prostitución bajo un régimen de subordinación laboral, sin derechos ni protección.

Una estructura empresarial orientada a la prostitución
En la capital, otro de los puntos clave de esta trama fue la Sauna Princesa, también vinculada a la familia política de Gómez. En 2011, una sentencia laboral describió cómo una mujer fue contratada como camarera, pero pronto fue obligada a ejercer la prostitución en la planta superior del local. La retribución que percibía dependía directamente del número de clientes atendidos sexualmente, mientras que el resto del dinero se lo quedaba la empresa.

El tribunal reconoció que existía una estructura organizada para el ejercicio sistemático de la prostitución. Se establecían turnos, se asignaban habitaciones con camas, toallas, preservativos y papel higiénico, y se repartían ingresos entre la trabajadora y el local. La disposición logística del lugar estaba enfocada a maximizar el rendimiento sexual de las mujeres contratadas, con plena participación de los responsables del establecimiento.

Este mismo local fue objeto de una investigación en 2001, cuando el Tribunal Supremo abordó un caso en el que varias mujeres extranjeras, entre ellas una ciudadana de Guinea Ecuatorial, fueron interceptadas en plena actividad sexual en el interior del club. Durante la operación policial, los agentes accedieron a habitaciones en las que se encontraban mujeres manteniendo relaciones sexuales con clientes, en espacios preparados específicamente para ello. La justificación del encargado fue tajante: “Aquí solo se tiene sexo con los clientes del local”.

Drogas y prostitución: un binomio habitual
La connivencia entre prostitución y drogas también queda probada en otros establecimientos gestionados por el mismo entorno familiar. En el caso del club conocido como Sauna Bar, los agentes localizaron seis papelinas de cocaína en poder de una de las trabajadoras, quien admitió consumirla habitualmente durante el trabajo. El análisis forense determinó que contenían 2,2 gramos netos de cocaína, una cantidad que no se corresponde con un uso ocasional.

En otro incidente documentado por la justicia, en las inmediaciones de la Sauna Adán, ubicada en la calle San Bernardo de Madrid, la Policía Nacional detuvo a un individuo tras observar cómo salía del local y realizaba una transacción de droga. El paquete incautado contenía cocaína de alta pureza escondida dentro de una cajetilla de tabaco. La operación fue descrita con precisión por los agentes en el atestado: el acusado fue observado saliendo del establecimiento y entregando la sustancia a cambio de dinero.

Una red empresarial bajo sospecha
Si bien ninguna de las sentencias hasta el momento imputa directamente a Begoña Gómez ni a Pedro Sánchez, sí resulta innegable la vinculación empresarial de la familia política de Gómez con estos negocios. La participación prolongada de sus progenitores y familiares en la gestión de saunas y clubes nocturnos en los que se han producido violaciones sistemáticas, explotación laboral y venta de drogas plantea interrogantes éticos y políticos que merecen atención pública.

Estos negocios, lejos de ser simples locales de hostelería o relax, han funcionado —según lo acreditado por la justicia— como auténticos centros de explotación sexual, con estructuras jerarquizadas, control económico sobre las trabajadoras y una convivencia habitual con el narcotráfico.

Reflexión final
Las sentencias, firmes y detalladas, pintan un panorama sombrío. Tras la fachada de saunas y clubes se escondía un sistema perverso, basado en la violencia, la dominación y la impunidad. Muchas de las mujeres afectadas eran inmigrantes en situación irregular, sin recursos ni apoyo, sometidas a condiciones indignas y, en algunos casos, a auténticas formas de esclavitud moderna.

España, como miembro de la Unión Europea y firmante de tratados internacionales contra la trata de seres humanos, ha avanzado en la detección y persecución de este tipo de delitos. Sin embargo, la existencia de redes empresariales con conexiones familiares en la esfera política que han operado durante años sin mayores consecuencias mediáticas plantea una pregunta incómoda: ¿se ha mirado hacia otro lado?

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