"La Comisión de Venecia regresa a España ante el incumplimiento del Gobierno sobre el CGPJ"

En un contexto de creciente presión institucional y mediática, el mes de septiembre se perfila como un punto de inflexión para el Gobierno español. A la crisis abierta por el llamado “caso Cerdán” y la posibilidad de que nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) salpiquen a altos cargos del Ejecutivo, se suma ahora la inminente evaluación de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de derecho constitucional.

Los días 15 y 16 de septiembre, una delegación de este organismo desembarcará en Madrid con una misión clara: revisar de cerca el estado de la reforma pendiente del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación lleva más de cinco años bloqueada. El viaje de los expertos europeos incluirá reuniones clave con vocales del Consejo, asociaciones judiciales, representantes del Ministerio de Justicia y otras instituciones implicadas en el proceso.

Europa exige mayor independencia judicial
El centro del debate gira en torno a una de las recomendaciones reiteradas tanto por la Comisión de Venecia como por la Comisión Europea: que al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los propios jueces, sin intervención del Parlamento. Este estándar responde a la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial frente a los poderes ejecutivo y legislativo, una premisa fundamental en las democracias europeas.

En España, sin embargo, la fórmula vigente concede un papel central a las Cortes Generales en la elección de todos los vocales, algo que ha sido objeto de críticas por parte de las instituciones europeas desde hace años. A pesar de diversos compromisos políticos, las reformas para modificar ese modelo siguen sin concretarse.

Un acuerdo que no cuajó
Hace exactamente un año, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del Partido Popular en Bruselas, Esteban González Pons, escenificaron un principio de acuerdo entre Gobierno y oposición para desbloquear el CGPJ. Bajo la atenta mirada de la Comisión Europea, ambas formaciones pactaron no solo la renovación del órgano, sino también el impulso de una reforma del sistema de elección.

Entre los compromisos figuraba encomendar al CGPJ la elaboración de una propuesta técnica con posibles alternativas para modificar el modelo actual. El acuerdo preveía que el informe resultante fuera debatido y validado posteriormente por el Congreso.

Un año después, la promesa se ha desdibujado entre tensiones internas y falta de voluntad política. El documento final elaborado por el Consejo incluye dos propuestas enfrentadas: una respaldada por el sector conservador y otra defendida por el sector progresista. Ante la falta de consenso, el pleno del CGPJ acordó remitir ambas propuestas al Congreso de los Diputados y solicitar la intervención de la Comisión de Venecia.

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Dos modelos de reforma enfrentados
Las propuestas en conflicto reflejan visiones opuestas sobre la independencia judicial y el papel del Parlamento:

La opción conservadora aboga por que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales del Consejo, conforme a los estándares europeos. Este modelo busca minimizar la influencia política en la composición del CGPJ.

La opción progresista, por su parte, propone un sistema mixto: los jueces participarían en la selección, pero la designación final seguiría requiriendo el aval del Parlamento. Esta fórmula, apoyada también por el Ministerio de Justicia, mantendría el control parlamentario sobre el órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno, por boca del ministro Bolaños, ha evitado comprometerse con una reforma concreta. En sus declaraciones más recientes, el titular de Justicia ha recordado que la renovación del CGPJ requiere una mayoría de tres quintas partes tanto en el Congreso como en el Senado, lo que implica necesariamente un acuerdo con el PP. A su juicio, el acuerdo político alcanzado en 2023 no obliga a aplicar un modelo específico, sino a fomentar el debate.

Una visita con peso político
Aunque los informes de la Comisión de Venecia no tienen carácter vinculante, su influencia es significativa. En anteriores ocasiones, como en el caso de la ley de amnistía para los implicados en el procés, sus análisis fueron especialmente críticos, cuestionando tanto la forma como el fondo del proceso legislativo. Las advertencias europeas pesaron en el debate político nacional y contribuyeron a aumentar la presión institucional sobre el Ejecutivo.

En esta ocasión, la visita de los relatores europeos se produce en un clima político deteriorado, con la oposición intensificando sus denuncias sobre el control del Gobierno sobre las instituciones y con la Comisión Europea siguiendo con atención los acontecimientos. La evaluación de la Comisión de Venecia podría convertirse en un nuevo frente para el Ejecutivo si sus conclusiones se alinean con las tesis conservadoras.

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El bloqueo como estrategia
Mientras tanto, el sistema judicial español sigue sufriendo las consecuencias de una parálisis institucional prolongada. La falta de renovación del CGPJ ha deteriorado el funcionamiento interno del órgano y ha extendido la percepción de que el sistema de elección se ha convertido en una herramienta de control partidista. Lejos de reducirse, el conflicto entre PSOE y PP en torno a la justicia se ha convertido en un eje central del enfrentamiento político.

Ni el acuerdo alcanzado hace un año ni la elaboración del informe técnico han conseguido revertir la situación. Todo apunta a que el bloqueo persistirá mientras ambas formaciones mantengan su poder de veto mutuo. En este contexto, la Comisión de Venecia no solo evaluará una propuesta jurídica, sino también el compromiso real de las fuerzas políticas españolas con los principios de independencia y despolitización del poder judicial.

 La visita de la Comisión de Venecia este septiembre será una prueba de fuego para el sistema institucional español. Más allá del contenido técnico de las propuestas, lo que está en juego es la credibilidad democrática del país ante sus socios europeos. Con la reforma del CGPJ atascada y los escándalos políticos acechando, el margen de maniobra del Gobierno se estrecha. Europa observa, y el reloj avanza.

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