Abogados Cristianos denuncia a la Comunidad de Madrid por adjudicar a dedo más de 2500 contratos a centros de aborto de la región
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado la adjudicación de contratos a dedo a centros abortistas por parte de la Comunidad de Madrid. En total, más de 9 millones de euros repartidos desde 2016 en más de 2.500 contratos menores para sortear el concurso público.
Denuncia ante el Tribunal de Cuentas: una trama consolidada
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha presentado la denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El motivo: la concesión irregular de contratos a dedo a centros abortistas, en fraude de ley, utilizando la fórmula del contrato menor.
Según Abogados Cristianos, la Comunidad troceó contratos de cientos de miles de euros para fraccionarlos en encargos menores. Así, evitó las exigencias del concurso público y adjudicó el dinero directamente, sin transparencia, sin concurrencia y sin control legal.
Desde 2016, el total de dinero público entregado de este modo asciende a más de 9 millones de euros. Estos fondos se distribuyeron entre siete centros abortistas que operan en la región madrileña.
Centros abortistas favorecidos: cifras escandalosas
Los datos revelan un patrón sistemático de adjudicación a favor de determinadas clínicas de aborto. La Clínica Dator, por ejemplo, recibió 2,4 millones de euros repartidos en más de 400 contratos menores.
A su vez, Clínica Isadora, Sergine y El Bosque fueron beneficiadas con aproximadamente 1,4 millones de euros cada una, con una media de 380 contratos por centro.
Por su parte, Callao, Pacífico y Retiro se repartieron entre 700.000 y 800.000 euros en cerca de 1.000 contratos menores en total.
Todo este entramado configura lo que puede calificarse como un mecanismo institucionalizado para financiar con dinero público a las industrias abortistas. Y lo más grave: lo hace fuera de todo control democrático.
Un negocio millonario blindado por la opacidad
Polonia Castellanos, presidente de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha declarado sin rodeos:
“El uso masivo e ilícito de contratos menores encubre contratos millonarios y permite evadir los controles administrativos perceptivos. Una vez más comprobamos cómo el millonario negocio del aborto se cree con impunidad para poder saltarse la legalidad vigente”.
Estas palabras no solo resumen la gravedad del caso, sino que denuncian la arrogancia de un sector —el abortista— que actúa con la convicción de estar por encima de la ley, protegido por intereses ideológicos y económicos.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas busca, precisamente, romper ese círculo de impunidad y restituir la legalidad. Porque ninguna causa, ni siquiera la más promovida por la izquierda, puede situarse por encima del marco legal.
Contratos a dedo a centros abortistas: fraude legal sistemático
La adjudicación de contratos a dedo a centros abortistas no es un hecho puntual. Se trata de una estrategia deliberada que se ha mantenido durante años y que afecta a varias administraciones.
La elección de contratos menores como fórmula para evitar el concurso público no es casual. Permite transferir millones sin licitaciones, sin justificación técnica y sin escrutinio político ni mediático. Así, el aborto se convierte en un negocio financiado y blindado con recursos públicos.
Una Comunidad gobernada por el PP que financia el aborto
La gravedad del asunto no reside solo en los millones entregados sin concurso. Es escandaloso que este tipo de prácticas ocurra en una comunidad gobernada por el Partido Popular, que en teoría defiende la vida.
Una vez más, la supuesta “alternancia” política se revela como una continuidad del mismo sistema corrupto e izquierdista, en el que el aborto se subvenciona, se promueve y se protege, incluso desde gobiernos regionales del PP.
¿Hasta cuándo se va a tolerar esta connivencia silenciosa? ¿Dónde queda la defensa de la vida que proclaman en campaña electoral?
El uso fraudulento del dinero público no solo implica malversación. Implica la complicidad activa del Estado en la industria de la muerte. La lucha por la vida exige acabar con este sistema corrupto desde la raíz.
La denuncia de Abogados Cristianos ha revelado una verdad incómoda: el aborto no solo mata, también enriquece. Y lo hace con dinero público, sin control, y con la protección cómplice de muchas instituciones.
La adjudicación de contratos a dedo a centros abortistas debe cesar de inmediato. La transparencia no puede ser selectiva. Los derechos humanos comienzan por el derecho a vivir.
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