Sánchez y el fantasma de Franco: gobernar a golpe de decreto

En democracia, la forma es tan importante como el fondo. La legitimidad de un Gobierno no se mide únicamente en votos, sino también en el respeto escrupuloso a las reglas que limitan y equilibran su poder. En España, una de esas reglas es la que restringe el uso del real decreto-ley a supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, esta figura excepcional se ha convertido en la norma.

Los datos son incontestables: Sánchez ostenta ya el récord histórico de decretos-leyes aprobados desde 1978. Ningún presidente democrático había recurrido a este mecanismo con tanta frecuencia, ni siquiera en momentos de mayor inestabilidad. Y lo más preocupante no es la cantidad, sino la falta de urgencia en muchos de estos decretos, que convierten lo excepcional en rutinario y lo urgente en ordinario.

El tinte autoritario de los decretos
La Constitución permite al Ejecutivo aprobar decretos-ley únicamente en situaciones límite, cuando esperar al trámite parlamentario pondría en riesgo al país. Sin embargo, el Gobierno actual ha utilizado esta vía para aprobar medidas de calado político, ideológico y económico que nada tienen de urgentes. Esta práctica vacía de contenido al Congreso de los Diputados, relegando a los representantes de los ciudadanos a un papel casi decorativo.

Es un hecho jurídico incontestable que los decretos-ley no urgentes son ilegales. Y, sin embargo, el Ejecutivo ha hecho de ellos un instrumento habitual, difuminando la frontera entre el respeto a la Constitución y el abuso de poder.

Gobernar “con o sin el Congreso”
El propio Sánchez declaró en varias ocasiones que gobernaría “con apoyo o sin apoyo” del Parlamento. La frase, que pudo sonar a desafío retórico, se ha convertido en una descripción exacta de su estilo de gobierno. Allí donde el consenso no aparece, el decreto-ley suple a la deliberación; donde la negociación fracasa, la imposición sustituye al diálogo.

Este modo de proceder evoca inevitablemente a otra época de nuestra historia. Francisco Franco gobernaba por decreto, sin control parlamentario alguno, erigiéndose en la única fuente de legalidad y autoridad. Hoy, aunque el marco sea democrático, el abuso sistemático del decreto-ley recuerda demasiado a esa práctica autoritaria. La diferencia es de grado, no de naturaleza: la concentración del poder ejecutivo en detrimento del legislativo sigue siendo, en esencia, un ataque a la división de poderes.

Control de las instituciones
El autoritarismo no se mide solo en decretos. Se mide también en el control de las instituciones que deberían ser independientes. Durante los últimos años, el Gobierno ha colonizado espacios que constitucionalmente debieran actuar como contrapeso:

El CIS, convertido en un altavoz propagandístico.
La Fiscalía General del Estado, bajo sospecha de obedecer al Ejecutivo en lugar de ejercer su autonomía.
El Tribunal Constitucional, con nombramientos de perfil marcadamente político que ponen en duda su imparcialidad.
Los medios públicos, orientados más a reforzar el relato gubernamental que a informar con objetividad.
Este entramado, sumado al abuso del decreto-ley, genera una situación en la que el poder se concentra peligrosamente en el Ejecutivo. Un poder sin control es, por definición, autoritario.

La comparación inevitable
No se trata de afirmar que España haya regresado a una dictadura. Sería injusto para con los ciudadanos y para con el marco democrático conquistado en 1978. Pero sí es legítimo advertir que el estilo de gobierno de Sánchez reproduce lógicas propias del franquismo: la reducción del Parlamento a un espectador, el desprecio al debate político, la concentración institucional y la tendencia a gobernar a golpe de decreto.

El historiador Paul Preston recuerda que los regímenes autoritarios no surgen de golpe, sino a menudo de pequeños abusos normalizados. Cada decreto-ley no urgente aprobado sin sonrojo es un paso más hacia esa peligrosa pendiente.

La democracia en juego
En definitiva, lo que está en riesgo no es la estabilidad de un Gobierno concreto, sino la salud de la democracia española. Gobernar sin Parlamento no es gobernar mejor: es gobernar menos democrático. Sánchez ha logrado convertir lo excepcional en habitual, lo ilegal en costumbre y lo autoritario en aceptable.

La pregunta que queda en el aire es si los ciudadanos y sus representantes están dispuestos a tolerarlo o si, por el contrario, exigirán el regreso a la senda del respeto institucional. Porque lo que diferencia a una democracia de una dictadura no es quién gobierna, sino cómo se gobierna.

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