Ultiman una ofensiva judicial contra el Gobierno por no destinar los fondos prometidos a los enfermos de ELA
«Nos sentimos abandonados y creemos que existe una negligencia evidente por parte del Gobierno»
Enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) ultiman una ofensiva judicial contra el Gobierno de Sánchez tras más de un año esperando que se cumpla la ley que debía garantizarles una atención digna.
Lo que nació como una promesa unánime en el Congreso de los Diputados se ha convertido en una norma vacía: sin presupuesto, sin ayudas y sin efectos prácticos para los cerca de ochocientos afectados que viven en Andalucía —y los miles del resto de España—, que siguen afrontando por su cuenta los altos costes de sus cuidados. Y 1.000 personas con ELA fallecidas —desde entonces— sin recibir las ayudas que necesitan.
El malestar ha alcanzado un punto de no retorno después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumpliera también el compromiso de liberar los diez millones de euros anunciados el pasado verano para los pacientes en fases más graves. Esa «tirita económica», que debía aliviar las situaciones más dramáticas, continúa sin materializarse. Ante esta parálisis, los enfermos y sus familias han decidido acudir a los tribunales para exigir que se respeten sus derechos fundamentales.
La primera demanda ya ha sido admitida a trámite por un juzgado de Barcelona. La impulsan Yolanda Delgado y su marido, Antonio Luque, diagnosticado de ELA. «Esperamos una sentencia en cuestión de semanas», explica Delgado, que junto a su abogado coordina una acción conjunta en la que participarán al menos sesenta pacientes de distintas comunidades, una decena de ellos andaluces. «Nos sentimos abandonados y creemos que existe una negligencia evidente por parte del Gobierno», añade.
La estrategia jurídica pasa por presentar la causa ante la Audiencia Nacional, en la vía contencioso-administrativa. El letrado del grupo recuerda que, aunque las competencias sanitarias están transferidas, la ley fue aprobada por el Congreso y su ejecución depende del Ejecutivo central.
La denuncia se fundamenta en el artículo 15 de la Constitución, que protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral, argumentando que el retraso en aplicar la ley pone en riesgo la supervivencia y dignidad de los enfermos.
Cuando la norma se tramitó, el Ministerio de Sanidad estimó que serían necesarios al menos 230 millones de euros para ponerla en marcha. Las familias asumen actualmente gastos que oscilan entre los 6.000-8.000 euros mensuales, una carga económica insostenible que abarca atención médica, equipos de soporte vital y asistencia especializada.
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