La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan el expediente administrativo que revela cómo este gobierno aprobó la compra de material sin permiso de la AEMPS y consintió el cambio de este producto después de rescindir el contrato público
Corrupción24 de junio de 2022 María Montero
IEN accede al expediente de contratación del Gobierno de Canarias con la empresa de automóviles RR7 UNITED SL para adquirir un millón de mascarillas 3M, auténticas pero no homologadas en Europa, por 4 millones de euros durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan el expediente administrativo que revela cómo este gobierno aprobó la compra de material sin permiso de la AEMPS y consintió el cambio de este producto después de rescindir el contrato público
El escándalo en Canarias por las adjudicaciones para adquirir material anti Covid-19 a empresas ajenas al sector que, además, facturaron al triple de su precio ordinario y que ascendieron a 32 millones de euros –con la aprobación del Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres que, además, utilizó fondos europeos FEDER– "arroja un nuevo episodio de posibles contradicciones en las declaraciones del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en relación al expediente de contratación de un millón de mascarillas 3M 1860 con la empresa de venta de automóviles RR7 UNITED SL por 4.000.000 euros", según fuentes gubernamentales consultadas por IEN.
En base al criterio de estas fuentes cercanas al ejecutivo canario, este expediente administrativo, –a través de documentos públicos–, "demuestra cómo el gobierno regional canario pidió y adjudicó a RR7 UNITED SL la compra de estas mascarillas 3M 1860 N95, no homologadas, para ser comercializadas en Europa sin contar con el permiso preceptivo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) –o una autorización extraordinaria de importación AEI, un permiso del Servicio Canario de Salud (SCS) o uno de la entidad mercantil adjudicataria de esta licitación directa por vía de emergencia–. Por otra parte, esta compra se realizó a "un precio superior al del mercado" –en virtud de facturas de algunos empresarios del sector aportadas.
Este procedimiento administrativo emitido por el SCS, con el aval de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS (DGRE) y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos –al usar cofinanciación con fondos europeos FEDER–, pone de manifiesto que "estas mascarillas 3M –con origen en Alemania y transportadas por la distribuidora desde Etiopía a Las Palmas–, a pesar de no contar con el sello CE, fueron verificadas como 'genuinas y auténticas’, ante la Administración de Aduanas de la Agencia Tributaria en el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria".
En esta línea, tal y como consta en estos documentos públicos, la directora general de programas asistenciales emitió un informe –el 28 de octubre de 2020– en el que "se reconocía la necesidad imperiosa de culminar el proceso de adquisición de las mascarillas 3M con destino al personal sanitario del SCS, indicando que este modelo dispone del marcado NIOSH y del 95 por ciento de eficacia, por tanto encuadra dentro del grupo FFP3". Este informe permitió abonar por adelantado, en dos pagos fraccionados, los cuatro millones de euros –al no existir liquidez suficiente en ese momento para el pago total–, a la entidad de venta de coches RR7 UNITED SL para la compra del material sanitario.
Es decir, "estas afirmaciones son contrarias a las acusaciones vertidas contra la autenticidad de estas mascarillas 3M por parte del administrador único de RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González, quien denunció la falsedad de este producto sanitario ante la Policía", explican fuentes cercanas a esta denuncia. Además, la licitación pública a esta entidad mercantil está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea, en base a la denuncia interpuesta –el 14 de marzo de 2022– por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos contra el gobierno canario, tal como avanzó este diario.
"La realidad, según este expediente, es que el abogado Charles Douglas, encargado de la gestión del fondo fiduciario constituido para realizar las transacciones de la empresa RR7 UNITED SL para la compra de las mascarillas 3M con los fondos públicos, pudo verificar de forma fehaciente la autenticidad de este producto sanitario. Y lo hizo bajo un Certificado de Conformidad 3M -en vigor desde 18/1/2020 al 17/1/2025-, con el Número 50707387419429, para lo que aportó diversos correos electrónicos ante la Agencia Tributaria –documentos a los que ha accedido este medio– con los registros de autenticidad 3M pertenecientes a este stock de Addis Ababa en Etiopía consistente en un millón de mascarillas.
Esta carga fue trasladada al aeropuerto de Gran Canaria en febrero de 2021", confirman fuentes conocedoras de este expediente, que estiman esta circunstancia como "un hecho relevante que podría dar un vuelco a la investigación policial, a pesar de que RR7 UNITED SL ordenara destruir el material tras ser retenido por Aduana al carecer de los permisos necesarios que marca la AEMPS".
Falta de permisos del Gobierno canario
Tal como informan estas fuentes, "fue la empresa YILEHAL IMPORT EXPORT la entidad que facturó a la mercantil RR7 UNITED SL –movimiento reflejado en un documento emitido el 10/3/2021 al que ha tenido acceso este diario– la venta de 1.304 cajas de mascarillas 3M por un valor estimado de 2.178.744,61 dólares.
Además, también consta otra factura –fechada el 16/2/2021– de estas mismas mascarillas 3M, que recoge esta operación referida a 913.200 mascarillas –a 2,50 cada unidad con un coste total de 2.283.000 dólares–, por 1.881.730 euros, otro dato más a aportar que dejaría al margen de esta transacción al empresario jordano Ihsan Mahmhoud, quien anuncia acciones legales contra el Ejecutivo canario y el diario Canarias 7 por difundir informaciones falsas sobre estas operaciones comerciales".
Contrato de YIHEAL IMPORT EXPORT para fletar las mascarillas 3M 1860 a Canarias.
Por otra parte, YILEHAL IMPORT EXPORT contrató el 15/2/2021 con ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE un vuelo chárter para el traslado de las mascarillas 3M desde Addis Ababa a Las Palmas de Gran Canaria, con ida y vuelta entre el 25 y 26 de febrero de 2021. La factura con Air Waybill –que obra en poder de este medio– fue comunicada a RR7 UNITED SL –el 3/3/2021– junto al documento del pedido del millón de mascarillas 3M 1860, un total de 100 pallets y 1.304 cartones de mascarillas.
A este expediente habría que sumar el documento de Diligencia de Reconocimiento de la Dependencia Regional de Aduanas de Canarias de la Agencia Tributaria que verifica el examen de los 1.304 bultos de mascarillas 3M y de otras 85.000 mascarillas azules, además de la factura de esta agencia aduanera corroborando que este material sanitario fue despachado correctamente, explican estas mismas fuentes.
Certificado 3M de la verificación de las mascarillas.
También alegan que "la solicitud por la DGRE en representación del SCS ante la AEMPS para la concesión a RR7 UNITED SL de una Autorización Extraordinaria para la importación del millón de mascarillas 3M 1860 N95 -no homologadas en Europa- adquiridas por el SCS, se produjo el 8 de marzo de 2021 -documento destapado por el cierre digital y IEN-, es decir, de manera posterior a la compra y traslado de este material sanitario. Y por otra parte, ni el SCS ni esta empresa obtuvieron el permiso de la AEMPS, por lo que Aduanas rechazó la entrada de esta mercancía en el aeropuerto grancanario, que fue destruida con posterioridad a petición de RR7 UNITED SL".
Anulación de las mascarillas 3M auténticas
Sin duda, una de las claves de este expediente administrativo, explican estas fuentes, "es la representación del gestor Pablo Carranza como apoderado de RR7 UNITED SL ante la Administración de Aduanas del Aeropuerto de Gran Canaria de la Agencia Tributaria, en relación con la retención de las mascarillas 3M –por falta de homologación europea– al manifestar a esta agencia la oposición a la destrucción de esta mercancía por tratarse de un producto de origen lícito y adquirido conforme a los usos de comercio sin cometer infracciones".
Resolución del SCS aprobando el cambio de mascarillas a RR7 UNITED SL.
A pesar de esta comunicación remitida a la agencia aduanera, la documentación de verificación en poder del abogado Charles Douglas –enviada a la Agencia Tributaria de Canarias el 16/3/2021 y que confirma el acuerdo con RR7 UNITED SL desde octubre de 2020– y los documentos acreditativos de la trazabilidad de estas mascarillas 3M, la oficina de aduanas acordó anular la declaración de importación de este producto, además del consentimiento presentado por la empresa días después para la destrucción de las mascarillas y asunción de los gastos y el almacenaje.
El SCS cambió de mascarillas tras rescindir el contrato
Tras este percance, la DGRE notificó a la empresa RR7 UNITED SL la resolución del contrato de cuatro millones de euros –dictamen del 13/5/2021 al que ha accedido este medio–, por el "incumplimiento de obligación patrimonial del suministro de un millón de mascarillas 3M para el SCS, y se acordó el reintegro de los fondos librados más los intereses que correspondan". Sin embargo, según obra en este expediente, RR7 UNITED SL reculó, "culpó a la falta de comercialización de este producto en Europa y admitió perder el dinero público invertido en esta compra, costes de almacenaje y destrucción, más las tarifas de los intermediarios que reconoció estar negociando a esas alturas del procedimiento".
RR7 UNITED SL –para evitar el reembolso de los cuatro millones de euros al erario público– ofreció a la Administración un millón de ‘mascarillas Honeywell’, por lo que –a pesar de la rescisión del contrato emitido por la DGRE– el director del SCS, Conrado Domínguez, dictó una resolución favorable el 16 de julio de 2021 a "este cambio de modelo de mascarillas asimilables a una FFP3, al ser valoradas como aptas por el servicio de prevención de riesgos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias", según un documento al que ha accedido este medio.
Tras la autorización de cambio avalado por la DGRE "de suministro de un millón de mascarillas 3M modelo 1860 N95 por 1.200.000 mascarillas FFP3 NRD Honeywell, –con un coste de 1.216.512 euros pero permitiendo la licitación originaria por cuatro millones de euros–, vistas las condiciones del mercado y manteniendo el equilibrio con el contrato inicial" se acordó la entrega del material a esta entidad pública en siete días, plazo que incumplió nuevamente RR7 UNITED SL a pesar de que esta resolución suponía el fin de la vía administrativa.
A partir de este incumplimiento, la DGRE exigió a esta mercantil la devolución de los cuatro millones anticipados abonados por el SCS, ante la factura número 15 –presentada el 4 de junio de 2020 por esta empresa– sin éxito de cobro hasta la fecha.
Claves de la normativa de la AEMPS
Fuentes conocedoras de este proceso administrativo, consultadas, manifiestan que "de conformidad con lo dispuesto en la NI GA 15/2020, de 23 de junio, sobre el control de mascarillas y material sanitario para llevar a cabo la importación de las mascarillas 3M destinadas al SCS, la forma más adecuada hubiera sido obtener una autorización extraordinaria de importación AEI de la AEMPS".
Por otra parte, subrayan que "la NI GA 8/2020, de 27 de marzo, establece que la importación de toda mercancía que tenga la consideración de producto sanitario está condicionada a la autorización previa por parte de los Servicios de Inspección Farmacéutica, por lo que era necesario solicitar un permiso especial a la AEMPS, para adjuntar a la declaración en la agencia aduanera –más simple aún que la AEI pues admitía un correo electrónico–".
Además, en cuanto a la importaciones de mascarillas por empresas para uso exclusivo de sus empleados con o sin marcado CE, según la Directiva de Productos Sanitarios, "hubiera podido acogerse a este régimen, sosteniendo que la encomienda del SCS a RR7 UNITED SL fue para adquirir ese material sanitario con destino a su personal del SCS, aunque la importación se efectúe bajo la titularidad de esta empresa". Sin embargo, hacen hincapié en que, "desde el gobierno canario no se obtuvieron estos permisos de carácter puntual y extraordinario, lo que acarreó todo este esperpento administrativo".
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