Las leyes físicas se cumplen siempre, si dejas en el aire un objeto se cae al suelo por la ley de la gravedad. Las leyes económicas, al igual que las físicas, también se cumplen; si aumentan los costes de producción, los productos son más caros y se venden menos o más caros, poniendo en riesgo, el futuro de la empresa y la inflación.

Sin embargo, con frecuencia las políticas populistas no creen en las leyes económicas; piensan que con la acción humana y política pueden eludirlas. Por el contrario, saben que no se puede derogar por decreto la ley de la gravedad. La realidad demuestra que existe un claro desajuste temporal, entre el ciclo político y el ciclo económico. En muchas ocasiones, se implementan medidas de política económica que pueden parecer atractivas, incluso provocar efectos positivos a muy corto plazo.

La mayoría de estos réditos de corto plazo son sobre todo políticos y electorales; sin embargo, a largo plazo pueden ser perversas, y provocar efectos muy negativos, absolutamente contrarios a los supuestamente deseados.

 Este es el caso de la demagogia y falacias vertidas por el actual Gobierno, sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). Nuestro actual gobierno social-comunista, o progresista, considera que la existencia del SMI es imprescindible como factor de modernidad y de avance social. Esto es otra falacia progresista. Países tan avanzados como los escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega no tienen el SMI, como tampoco Italia, o Austria entre otros.

El SMI es antisocial por representar una barrera de entrada al mercado de trabajo para las personas menos cualificadas o para los colectivos más afectados por el paro, como los jóvenes o las mujeres. Cuanto más se eleve el SMI más alto será el muro y mayor exclusión social generará. Asimismo, penaliza la creación de empleo y la competitividad empresarial, sobre todo de las pymes, que representan el 97% de las empresas de nuestro país.

 La subida del SMI favorece claramente el aumento de la economía sumergida. La fiscalidad y el SMI son las causas fundamentales que explican que la economía sumergida o informal, en España represente aproximadamente el 23% del PIB, más del doble que en la media de los países de la UEM. Además, lastra el crecimiento del PIB e impulsa la inflación.

Tras la última e irresponsable subida del el salario mínimo interprofesional del 5%, al margen de la concertación social, este se ha elevado en España un 54% entre los años 2018 y 2024, pasando de los 735,9 euros por catorce pagas en 2018 a los 1.134 euros en 2024, que en realidad son 1.323 euros al mes; incluso en algunos convenios colectivos se reconocen las 15 pagas al año.

 La subida del SMI solo tendría un efecto positivo sobre el trabajador y neutral sobre el empleo y la competitividad empresarial, si fuera acompañado de ganancias de productividad. En caso contrario tiene un efecto negativo sobre el empleo.

El ajuste de competitividad se puede efectuar mediante precios o cantidades. Si aumenta el coste laboral y no se puede repercutir en el precio, se reducirá el número de empleados, además las subidas desproporcionadas restan capacidad de crear empleo. El SMI afecta a los empleados en labores elementales, unos 2,5 millones de trabajadores, el 14% de la población ocupada en España.

Según un estudio reciente de Cepyme; desde el tercer trimestre de 2018 hasta finales de 2023, el empleo de los que realizan labores elementales ha crecido tan solo un tercio del crecimiento del resto de empleados. En concreto, se estima que se han dejado de crear 164.000 empleos entre las personas menos cualificadas o más vulnerables; puesto que este salario afecta sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los extranjeros. Además, si la subida del SMI provoca un efecto arrastre sobre otros salarios más altos, todos estos efectos negativos se amplificarán.

 Desde el punto de vista de la actividad productiva las subidas afectan sobre todo a los sectores de la agricultura, comercio minorista, limpieza, hostelería y servicio doméstico. A la elevación del SMI hay que añadir un fuerte incremento de las cotizaciones sociales y del estableciendo del mecanismo de equidad Intergeneracional, que es un nuevo impuesto.

Los costes del factor trabajo se incrementan significativamente, situándose el coste mínimo total para la empresa, alrededor de los 21.400 euros al año, unos 1.200 euros más que en 2023. Sin embargo, la productividad sigue reduciéndose, un -2% durante este periodo frente a una mejora del 4% de media en los países de la UEM.

 Para deteriorar más todavía los márgenes empresariales, hay que recordar que en los contratos que tienen las empresas privadas proveedoras de las administraciones públicas, las subidas del SMI, no se han podido, ni se pueden actualmente repercutir en el precio final del servicio. Es decir, el Ministerio de Hacienda no permite la indexación de los contratos públicos.

Las subidas del SMI significan un nuevo impuesto encubierto e ilegal sobre el margen empresarial, por no haber sido aprobado en el Parlamento. La nueva subida del SMI agravara aún más estos problemas, máxime por realizarse con efectos retroactivos al 1 de enero, por tanto, sin capacidad desde el primer momento, de reacción por parte de los empresarios. 

 En definitiva, las políticas populistas sin el fundamento de la teoría económica ortodoxa suelen terminar perjudicando a los supuestamente beneficiados. La Ley de vivienda pretendía proteger a los que necesitan una vivienda de alquiler barato.

El resultado de una regulación inadecuada es que se ha reducido la oferta de viviendas de alquiler, y que los alquileres se han elevado significativamente. En el caso de la subida del SMI, se penaliza a las personas menos cualificadas, a los jóvenes, y a las mujeres fundamentalmente, así como lógicamente a las empresas que son esenciales en el proceso de creación de empleo y de riqueza.

Los populistas llegan a pensar incluso que los incrementos de coste no tienen efectos negativos sobre la competitividad y sobre el empleo. Parecen pensar que las márgenes empresariales son capaces de soportar cualquier deterioro que se establezca por la regulación.

 Por desgracia, todo empresario o autónomo, sabe que el aumento de costes por decreto supone dejar en muchos casos sin futuro a su empresa y a sus empleados; y que las subidas salariales son positivas si están vinculadas a ganancias de productividad.

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