Ante el deterioro político, institucional y social que está sufriendo España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, que amenaza con alcanzar un punto de no retorno y arrastrar al país a un prolongado periodo de severa decadencia, poniendo en riesgo nuestra democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y, en definitiva, la pervivencia de la Nación, el movimiento cívico vuelve a convocar a los ciudadanos a una masiva manifestación el sábado 9 de marzo, a las 12:00 horas, en la Plaza de Cibeles de Madrid.

 No podemos subestimar la gravedad del momento que vivimos, ni minimizar el riesgo al que nos enfrentamos: el futuro de España se está decidiendo de común acuerdo entre quienes quieren desmembrar el país; los representantes del comunismo, mal llamado “socialismo del siglo XXI” que reniegan de la democracia liberal; los herederos de los terroristas que durante decenios han asesinado, torturado y amenazado a nuestros compatriotas y, cautivo de todos ellos, quien está dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa, a pesar de sus continuas derrotas electorales, Pedro Sánchez.

 La sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones, pretende anestesiar a la sociedad, reducir la capacidad de reacción, agotar a la población y, en definitiva, que asumamos como inevitable un proceso cuyo fin último es perpetuarse en el poder y excluir de la posibilidad de acceso al gobierno de España, cuando menos, a la mitad de sus ciudadanos. Un proceso sustentado en la colonización de las Instituciones, la toma de los resortes del poder y los pactos "antinatura" con quien sea y como sea.

 La eliminación a la carta de delitos, los indultos a los socios del Gobierno, primero, y la amnistía, después, la inclusión del terrorismo entre los delitos amnistiables, la tolerancia a la injerencia del régimen de Putin en España y en la UE, el nombramiento de miembros y colaboradores del Gobierno como magistrados del Constitucional o como Fiscal General del Estado, el deterioro del control parlamentario con el abuso del Real Decreto Ley y las argucias para cercenar el debate en la redacción de las leyes y evitar el pronunciamiento de los órganos competentes, la aceptación de la existencia de lawfare.

La investigación parlamentaria de los jueces y su sistemático hostigamiento desde el Parlamento, la prohibición al CGPJ de realizar nombramientos de cargos judiciales condenando así a la parálisis al poder judicial, las sentencias cada vez menos fundadas en derecho de un Tribunal Constitucional desprestigiado, el intento de arrinconamiento o desprestigio a la Jefatura del Estado, al Banco de España o a cualquier Institución que ejerza su función de contrapeso, el cese de funcionarios o altos cargos independientes (Guardia Civil, Directora del Centro Nacional de Inteligencia, presidente del INE, etc.).

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El masivo nombramiento de miembros o simpatizantes del Partido Socialista para dirigir Instituciones y empresas públicas (CIS, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMC, letrado mayor del Congreso, Agencia EFE, RTVE, RENFE, Paradores, Correos, Indra, AENA y un largo etcétera), la cesión integral de competencias soberanas como la inmigración, la cesión de las competencias penitenciarias para facilitar la salida de prisión de los terroristas, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra -recientemente declarada ilegal por el Tribunal Supremo-, la condonación política de deuda de Cataluña, el aumento desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno en un 91% de las subvenciones a Sindicatos o en un 90% de la publicidad institucional.

Mientras se recortan los medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poniendo en riesgo sus vidas, como acabamos de ver recientemente con el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate, la sistemática polarización de la sociedad, llevándola a una dinámica de permanente enfrentamiento y confrontación.

Todo ello, no son actos aislados o meramente circunstanciales dentro de la normal contienda política: son parte del antidemocrático proceso de largo alcance que desde hace tiempo viene siendo denunciando por el movimiento cívico: copar las Instituciones para garantizar su apoyo al proceso; asegurar la interpretación sesgada y partidista de la Constitución; captar o atraer a los medios y a los sindicatos con subvenciones, propaganda institucional y privilegios; desprestigiar y violentar a quien ejerce de contrapeso del poder; pagar las alianzas partidistas con lo que pertenece a todos, todo ello con el objetivo de terminar con la alternancia en el poder.

 No podemos asistir impasibles y dóciles a este proceso de evidente demolición del Estado de Derecho, para el que recurrimos a la ayuda de la UE. No podemos normalizar lo inadmisible ni aceptar lo inaceptable. No podemos darnos por vencidos, ni dejarnos llevar por el hastío.

Es necesario transformar la indignación en rebeldía y utilizar todos los recursos legítimos a nuestro alcance para defender a todo trance nuestras instituciones democráticas y la Nación de ciudadanos, materializada jurídicamente en la Constitución de 1978, en la que nos vemos reflejados la inmensa mayoría de los españoles.

 Esta nueva manifestación del 9 de marzo pretende mostrar que los españoles no somos ciudadanos sumisos y que no vacilamos al exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni al denunciar este antidemocrático proceso "deconstituyente" que, con engaño y ocultación, está desplegando de la mano de sus socios.

Un proceso que, si no logramos detenerlo, nos conducirá a un largo periodo de decadencia y pérdida de libertades, análogo al sufrido por diversos países hispanoamericanos que han recorrido este mismo camino y que nos anuncian los riesgos a los que nos enfrentamos.

 Lo que está en España en juego no es una determinada política social, económica o administrativa, sino los mismos cimientos de la democracia. Está en juego la existencia de un sistema justo y equilibrado, con eficientes controles y contrapesos del poder, que permita el desarrollo, en legítima contienda, de los diversos programas políticos que surgen de la diversidad de las preferencias y opiniones de los ciudadanos.

Por eso, hacemos un llamamiento a toda la población, con independencia de su adscripción ideológica, para que acuda el sábado 9 de marzo, a las 12:00 horas, a la Plaza de la Cibeles de Madrid y se una a este acto en defensa de una España unida y solidaria, de ciudadanos libres e iguales en derechos, regidos por el imperio de la ley y la división de poderes.

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