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Por un lado desde el Congreso de los Diputados, donde el portavoz popular Miguel Tellado presentó una batería de preguntas sobre el asunto que han sido vetadas por la presidenta Francina Armengol
Investigacion Judicial08 de junio de 2024La juez Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha abierto diligencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tras ser denunciado por un presunto delito de malversación.
La denuncia, de Manos Limpias, se ha llevado a cabo tras las informaciones periodísticas de El Debate, periódico que ha revelado que el hermano de Sánchez se lleva varios meses sin ir a trabajar a la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, donde ejerce como jefe de Artes Escénicas del ente provincial.
El hermano de Pedro Sánchez, en el procedimiento judicial también figura el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que es además secretario general del PSOE de Extremadura, y Alejandro José Cardenal, jefe de de los departamentos Jurídico y de Recursos Humanos de la corporación.
El primero de ellos, jefe directo de David Sánchez, fue quien autorizó su contratación con un sueldo público -que a día de hoy es de 55.760 euros anuales-, hecho que sucedió justo después de que Sánchez lograra la secretaría general del PSOE en 2017.
David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, no acude a su puesto de trabajo. Su despacho está vacío y nadie sabe de él. Así lo acreditan varias fotografías que este periódico ha publicado en reportajes de investigación.
Su ausencia coincide con la mudanza que hizo a Portugal tras comprarse un palacete en el pueblo de Elvas. Con este cambio de residencia, el hermano de Sánchez ha conseguido ahorrarse dinero en el pago de impuestos. De hecho, en la actualidad ha declarado contar con un patrimonio de 1,7 millones de euros entre viviendas y acciones.
Mientras David Sánchez tramitaba el cambio de residencia fiscal se empadronó en un hotel cerca del palacete y vivió en una de las habitaciones durante dos años. Esta táctica le permitió abrirse una cuenta corriente en un banco luso y, de esa manera, poder agilizar la mudanza tributaria.
La juez ha solicitado al sindicato de Miguel Bernad una fianza de 10.000 euros, exactamente igual que hizo el magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tras recibir la denuncia contra Begoña Gómez, mujer de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En la denuncia también se hace referencia al hallazgo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la trama Koldo de una ramificación societaria del entramado que usaba la red para esconder las mordidas ubicada en Elvas. Precisamente muy cerca de la vivienda que se ha comprado el hermano de Sánchez.
Como consecuencia de las numerosas informaciones periodísticas sobre las irregularidades del hermano del jefe del Ejecutivo, el PP ha pedido explicaciones a Sánchez que, de momento, no se han ofrecido.
Por un lado desde el Congreso de los Diputados, donde el portavoz popular Miguel Tellado presentó una batería de preguntas sobre el asunto que han sido vetadas por la presidenta Francina Armengol. También por parte de los populares de Badajoz, que forzaron la creación de una comisión de investigación en la Diputación.
Además del absentismo laboral, entre los puntos a investigar en esa comisión se encuentran auditar la oficina Ópera Joven, que depende directamente del hermano de Sánchez.
Esta oficina, que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros públicos anuales, recibe desde 2022 fondos europeos para el «fomento y creación de óperas». La primera inyección de dinero de la UE fue de 128.080 euros para una ópera que tan sólo recaudó 2.000 euros en entradas.
El Teatro Real ha fichado como asesor a David Sánchez justo después de que el Gobierno aumentara en 9 millones de euros su contribución anual. También que a comienzos del pasado mes de marzo cenó en un piso privado junto al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
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Una pena a la que suma diez años de inhabilitación absoluta, lo que no le permitiría ejercer un cargo público o presentarse a las elecciones en ese tiempo
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