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Después de que esta semana los siete magistrados del Tribunal Constitucional con mayoría progresista hayan exonerado prácticamente a todos los políticos encarcelados por los 'ERE' tanto del delito de malversación como del de prevaricación, los cuatro conservadores han suscrito duros votos particulares en los que señalan que esto supone un punto de inflexión para la inmunidad política y que tal doctrina es "inasumible pues deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria".
En el voto particular de los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa, se expone que "la doctrina plasmada en las sentencias produce el resultado de exonerar de responsabilidad a los miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía en todo lo concerniente a la elaboración, aprobación, ejecución de los presupuestos y a las enmiendas presupuestarias o su ejecución. Los declara de facto irresponsables y extiende sobre ellos un privilegio de inviolabilidad e inmunidad".
Para los togados, las sentencias que han exculpado en su mayor a parte del gobierno andaluz –esta semana al exconsejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández, a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, a la del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y a la del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y al fuera director de la caja pagadora de los 'ERE' Miguel Ángel Serrano Aguilar– quiebra "la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos y los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos".
El sector progresista encabezado por el presidente Cándido Conde-Pumpido defiende que la Ley de Presupuestos de 2002 que logró eludir los controles fiscales estuvo avalada por el Parlamento y, por tanto, los políticos que la aplicaron no pudieron delinquir.
Se destinaron unos 670 millones de euros de forma fraudulenta, según la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, pero el Constitucional no entra a valorar si la ley era o no delictiva y simplemente se limita a quitar responsabilidad a la cúpula de la Junta que fue condenada.
Para los conservadores esto no se sostiene. "Las leyes no delinquieron, eran neutras en la previsión de transferencias de financiación para gastos de explotación. Quienes delinquieron fueron quienes previeron las trasferencias de financiación de modo innecesario con la idea de que otros tuvieran recursos para destinarlos a fines ajenos a los presupuestados", expresa el voto particular.
Las sentencias de cada uno de los políticos y las que están por venir (faltan por estudiar el caso de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez) "ocasionan un daño institucional difícilmente reparable pues para anular las condenas recaídas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España rectifican por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo".
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