La reciente tragedia ocasionada por la DANA en la provincia de Valencia ha sumado una nueva víctima mortal: un menor de aproximadamente cinco años cuyo cuerpo fue hallado en el término municipal de Chiva, muy próximo al límite con Loriguilla.

Este desgarrador suceso se produjo, cuando un perro del servicio Cinológico de la Guardia Civil de Valencia localizó el cadáver del niño en una zona inundada cercana a la carretera A3.

El cuerpo fue encontrado específicamente en el Barranco de Palos, en las proximidades del polígono industrial de Loriguilla, un área arbolada y rodeada de campos de cultivo que sugiere que el cuerpo habría sido arrastrado hasta allí por las aguas desbordadas.

El proceso de levantamiento del cuerpo sin vida fue gestionado por un equipo funerario, que trasladó los restos a la morgue establecida en la Ciudad de la Justicia de Valencia, una instalación que ha recibido ya cerca de 200 cuerpos en medio de esta crisis. La procedencia exacta del menor aún no ha sido confirmada, lo que añade a la gravedad y desolación de la situación.

 Este trágico episodio, sin embargo, pone de relieve una serie de cuestionamientos hacia la gestión de emergencias por parte del gobierno encabezado por Pedro Sánchez. A pesar de las reiteradas advertencias de expertos sobre el impacto devastador que las DANAs pueden causar en regiones vulnerables, la respuesta del gobierno central ha sido tardía e insuficiente.

La falta de planificación y de una infraestructura adecuada que proteja a la población ante eventos climáticos extremos ha dejado a muchas comunidades en una situación de alta exposición y riesgo.

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En lugar de asumir la urgencia de políticas de mitigación ante el cambio climático y de mejora de las infraestructuras de drenaje y de evacuación, la administración ha optado, una vez más, por respuestas puntuales y reactivas que no atacan las causas de fondo ni ofrecen una verdadera seguridad a la ciudadanía.

La tragedia en Valencia no solo debería mover a la reflexión, sino a la acción inmediata y efectiva. Es imperativo que el gobierno demuestre un verdadero compromiso con la seguridad de sus ciudadanos, tomando decisiones proactivas y asignando los recursos necesarios para enfrentar las amenazas climáticas cada vez más frecuentes y letales.

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