El Gobierno y sus organismos y entes dependientes han adjudicado contratos a dedo -sin tener en cuenta los contratos menores- por valor de 6.700 millones entre el 1 de octubre de 2023 y el último día de septiembre de 2024.
Los datos del Ministerio de Hacienda analizados por TO muestran que el Ejecutivo opta de manera habitual por los contratos negociados sin publicidad, una fórmula que debería ser excepcional. En total, fueron adjudicados 2.950 contratos por este procedimiento durante el citado periodo.
Este proceso, en el que se omite la publicidad y se invita directamente a las empresas para establecer las condiciones de contratación, resulta poco transparente. Además, limita la competencia y es elegido para contratos, como los de Defensa y los tecnológicos, en los que los importes son muy elevados.
Estos procedimientos tienen plazos más breves de gestión, ya que se omite información previa. Además, aunque se debe hacer un mínimo de tres invitaciones, no se exige un número de participantes, por lo que en muchas ocasiones acaba siendo uno solo. De hecho, la media de licitadores en estos procesos es de 1,2.
Ya en 2015, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, se abordó el abuso de los contratos negociados sin publicidad, una fórmula excepcional que claramente restringe la participación. Las pequeñas y medianas empresas son las principales afectadas por este procedimiento que limita las ofertas.
En el cuarto trimestre de 2023, con la mitad de este periodo con el Gobierno en funciones, se produjo un boom de este tipo de contratación poco transparente. En total se celebraron 821 contratos con un importe de adjudicación sin impuestos de 4.378 millones.
Contratos sin publicidad
Estas adjudicaciones a dedo, que suponen cerca de un 10% del total, están reguladas por el artículo 168.a 2º de la Ley de Contratos del Sector Público. La norma prevé que estas concesiones se pongan en marcha solo cuando una única empresa sea capaz de ejecutar el encargo.
Un vistazo a la contratación de los últimos seis ejercicios muestra que las administraciones utilizan los tres últimos meses del año para sacar adelante sus adjudicaciones. La excepción la encontramos en 2020, el año de la pandemia. En este ejercicio, en el segundo trimestre, pero sobre todo en el tercero, se disparó la contratación como consecuencia de la compra masiva de material sanitario.
Burocracia y falta de concurrencia
Mientras, en torno al 43% de los contratos adjudicados por la AGE en el último año solo tuvieron una oferta. La falta de concurrencia en las licitaciones públicas es otro de los problemas que queda patentes tras el análisis de las tablas que ofrece la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
Esta falta de concurrencia está ligada a la burocracia y a las barreras que encuentran las pymes. La consecuencia es que, con menos aspirantes, las administraciones tienen menos posibilidades de reducir los costes de sus contratos. El importe de las adjudicaciones del Estado con un solo licitador superó los 6.500 millones solo en los últimos 12 meses.
El porcentaje de adjudicaciones del Estado con un solo licitador más que duplica los umbrales máximos -20%- fijados por la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario destaca que cuantos más postores haya en una licitación, «los compradores públicos tienen más opciones y pueden obtener una mejor relación calidad-precio». Esta circunstancia también queda patente en los datos de licitaciones públicas que ofrece la OIReScon. Así, la rebaja media obtenida por las administraciones en los contratos que adjudicaron alcanzó en el tercer trimestre del año el 11%.
Los cuestionados contratos menores
Otra de las fórmulas elegidas habitualmente por las administraciones para realizar obras y servicios con pequeños importes son los contratos menores. Este procedimiento, también a dedo, con casi nula transparencia y sin apenas documentación pública, limita además al máximo la competencia.
En este caso, se cierra la puerta a la participación de varios competidores y se propicia el favoritismo gracias a la designación a dedo del adjudicatario. La ley prohíbe contratar con un familiar, pero no hay ilegalidad si se hace de forma indirecta.
Entre octubre de 2023 y finales de septiembre de 2024 se han adjudicado por parte de la AGE más de 40.700 contratos menores. Con menos de tres ofertas en muchos casos, sin pliegos, sin fiscalización y eludiendo la competencia, se han convertido en una fórmula administrativa ampliamente utilizada por parte de ayuntamientos, comunidades y algunos ministerios.
El troceo de contratos menores, esquivando la ley y beneficiando a una empresa, es generalizado. Pese a todo, apenas tiene presencia en las instancias judiciales. Las denuncias son limitadas, aunque se traducen, en ocasiones, en condenas e incluso en registros policiales.
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