La Seguridad Social empezará a cobrar a partir del año que viene una sobrecotización extraordinaria a los trabajadores que más ganan.

A través de la bautizada como 'cuota de solidaridad', el Gobierno pretende recaudar una aportación adicional de los sueldos más altos para sufragar la millonaria factura que va a suponer la jubilación de la generación del baby boom e intentar aliviar parte de la tensión financiera a la que va a estar sometido el sistema de aquí a 2050.

El Ejecutivo confirmó ayer que las pensiones públicas subirán un 2,8% en 2025. Este incremento disparará la pensión máxima del sistema hasta los 3.267 euros porque a la revalorización con el IPC para garantizar el poder adquisitivo se le sumará, por primera vez, un aumento adicional de 0,115 puntos por la última reforma de las pensiones para acompasar la subida de las bases máximas de cotización.

Sin embargo, ese límite por el que cotizan los sueldos más altos se elevará en una proporción mayor a la de la pensión máxima y además soportará un recargo adicional, sin que ello se refleje en una mejor pensión futura. 

En concreto, la reforma de las pensiones que diseñó el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo dos destopes.

Por un lado, el de la pensión máxima, fijado en esa fórmula del IPC más 0,115 puntos adicionales que situará la nómina más alta que puede cobrar un jubilado que cumpla con los requisitos de edad y años cotizados en 3.267 euros mensuales o 45.738 anuales, frente a los 3.175 euros o 44.450 euros actuales, respectivamente. Y por otro lado, el de la base máxima de cotización, para la que estableció un aumento muy superior, de 1,2 puntos por encima de la inflación.

En paralelo, introdujo la novedosa 'cuota de solidaridad', un recargo extra que se suma al conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es la sobrecotización que pagan todos los sueldos desde 2023 y que pasará del 0,7% de la base reguladora actual al 0,8% en 2025.

Lo que persigue la 'cuota de solidaridad' es que, en paralelo a esa contribución extraordinaria del conjunto de los trabajadores para apuntalar los ingresos del sistema, los que más cobran aporten todavía más para costear las pensiones de los babyboomers.

La cuota viene a gravar de forma gradual la masa salarial que supera la base máxima de cotización, situada en estos momentos en 4.720,5 euros mensuales o 56.646 anuales.

Estos umbrales subirán en 2025 por encima del IPC, en concreto, un 4%, ya que la reforma establece una fórmula que incrementa la inflación (2,8% acumulado de diciembre de 2023 a noviembre de 2024) con una cuantía fija de 1,2 puntos. De modo que el tope por el que cotizan los que cobran sueldos más altos quedará situado el año que viene en 4.909 euros mensuales o 58.912 euros al año. 

Sin derecho a más pensión
Pero como se ha explicado, la 'cuota de solidaridad' impone una sobrecotización gradual, es decir, que se va incrementando a medida que los sueldos son más altos. Concretamente, el año que viene grava con un tipo del 0,92% las retribuciones superiores en un 10% a esos 4.909 euros; con un 1% los sueldos hasta un 50% por encima de la base máxima; y con un 1,17% a los que superen ese porcentaje.

Cantidades que se irán incrementando hasta alcanzar el 5,5%, el 6% y el 7%, respectivamente, en 2045. Todo ello, sin que esa mayor contribución a los ingresos del sistema público de las pensiones repercuta en una mayor pensión, ya que la nómina máxima quedará topada en esos 3.267 euros antes mencionados.

Con todo, el que viene será el cuarto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC, tras subir un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022.

Estas subidas son acumulativas y se consolidan en una factura que sólo por la revalorización del 2,8% subirá otros 7.300 millones de euros en 2025, según los cálculos que maneja el Ministerio de Seguridad Social, que proyecta unos 2.606 millones de euros más de gasto por cada punto de incremento del IPC. Y esto sin tener en cuenta el incremento superior que previsiblemente se aprobará para las pensiones mínimas y no contributivas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó ayer que la subida de las pensiones con la inflación "es una garantía de tranquilidad para los 10 millones de personas pensionistas de nuestro país, ciudadanas y ciudadanos que han trabajado y cotizado durante décadas" y afirmó que "la subida de su pensión es justicia social". "Para mí, justicia social es que su cesta de la compra y su vida pueda seguir siendo la misma, sin renunciar a nada", insistió.

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Según los cálculos del Ministerio, la revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

Así, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros. Esto, siempre que el INE confirme a mediados de diciembre la tasa definitiva del IPC de noviembre, que previsiblemente no variará respecto al avance publicado ayer.

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